Por María Victoria Angulo*
La política pública debe aprovechar los activos existentes en el sector educativo y abordar los desafíos pendientes después de la pandemia. Es crucial despolitizar el discurso y centrarse en reflexiones y propuestas técnicas y colegiadas que impulsen nuevas fuentes de financiación, el fortalecimiento pedagógico, la expansión de oportunidades en todas las regiones y la promoción de aulas donde la sana convivencia sea un elemento constante; es preocupante el reclutamiento, el incremento sistemático de la deserción y la imposibilidad de ingresar a las aulas.
Es urgente redoblar esfuerzos para cerrar las brechas de aprendizaje que se acentuaron durante la pandemia. La agenda no debe limitarse a discusiones programáticas o de educación superior, sino que debe abarcar todos los subsistemas educativos. Se deben implementar acciones concretas a nivel de secretarías e instituciones que permitan recuperar el ritmo educativo, con base en la información diagnóstica y en la agenda de aprendizajes. Un aspecto crucial para ello es el desarrollo y reconocimiento del cuerpo docente y directivo, se hace urgente una profunda reflexión sobre innovaciones en la carrera, la evaluación y el desarrollo profesional docente.
Las trayectorias educativas, vinculadas al derecho a la educación, demandan asegurar que los niños y niñas de todo el país puedan transitar desde la primera infancia hasta la educación superior. Esto implica trabajar de manera decidida para universalizar la atención y la calidad en la primera infancia. Además, se debe aumentar la cobertura de jornada única, que actualmente llega al 23%, y ofrecer una educación media más atractiva y pertinente para los jóvenes y sus contextos. El programa de educación rural, desarrollado en colaboración con los municipios en donde se ejecutan Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), es fundamental para fomentar el reencuentro, la reconciliación y la paz.
En cuanto a infraestructura y alimentación, luego de las batallas jurídicas y técnicas, están dadas las condiciones con la nueva institucionalidad, recursos adicionales y nuevo marco normativo para universalizar estos programas.
En relación a la educación superior, se parte de una cobertura del 55% en 2022, con lo cual aún hay trabajo por hacer. Es esencial expandir la presencia en todos los departamentos del país para que los jóvenes tengan una clara oportunidad de formación y desarrollo. Para este propósito las reformas en discusión (instituciones públicas y privadas), deben garantizar la financiación adecuada para no generar frustraciones. Además, es necesario abordar la calidad educativa y adaptar el sistema a desafíos como la flexibilidad, la internacionalización, los nuevos enfoques pedagógicos, las tecnologías emergentes y su impacto en el aprendizaje, la globalización de los sistemas y el papel de la investigación como herramienta formativa.
Hay que implementar planes de estudio basados en habilidades, fomentar el aprendizaje centrado en investigación e indagación y crear ambientes de aprendizaje que promuevan la formación de personas respetuosas, resilientes y con las competencias y habilidades necesarias para enfrentar las demandas y cambios del mundo actual.
*Exministra de Educación.