Tanto para el Gobierno como para Fecode, la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP), es inminente. La bolsa con la cual las regiones financian la educación, salud, agua potable y saneamiento básico, entre otros temas, no da abasto. En el caso del sector educativo, cada año los departamentos deben endeudarse para responder por lo mínimo: salarios docente, servicios públicos en los colegios, vigilancia, entre otros. Por esta dinámica, otras necesidades como la construcción y mejoramiento de aulas y la alimentación escolar para todos los niños aún no son una prioridad. Como los recursos no crecen a la par de las necesidades, este Gobierno consideró esta reforma como un paso obligatorio. Por eso, a principios de año la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró que incluirían una reforma constitucional en las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Una propuesta que la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) ha exigido durante años, por lo que la planteó en su pliego de peticiones y marchó el pasado 19 y 20 de marzo para que se hiciera realidad en el PND. Frente a un problema tan evidente, este Gobierno creó una comisión de expertos para discutir el tema. Esta comisión, integrada por diferentes expertos y gremios, entre ellos Fecode, se reunirá dos meses después de aprobado el PND y tendrán seis meses para presentar la propuesta de reforma a los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. De acuerdo con algunas fuentes cercanas a la comisión, la idea es incrementar los recursos de todo el SGP, lo que resolvería en realidad los problemas presupuestales de los colegios. Sin embargo, no será fácil de aprobarse en el Congreso, pues para ello se requiere una reforma fiscal que garantice la magnitud de los dineros. “La segunda etapa de esta propuesta que se debatirá en el Congreso, no será fácil, lo sabemos, sin embargo, los niños la necesitan, pues son los que verdaderamente se van a beneficiar del incremento real y progresivo de los recursos”, dijo Nelson Alarcón, presidente de Fecode. Le puede interesar: Plan de Desarrollo: el pulso que Fecode le ganó al gobierno Se espera que en esta reforma no ocurra lo que sucedió en el gobierno anterior, que dejó un proyecto de ley radicado en el Congreso, el cual no resolvía los problemas de financiación de fondo, pues su idea era redistribuir el presupuesto. Es decir, sin aumentar el total del SGP, le quitarían, por ejemplo, al sector Salud para darle más a Educación. Recorte tras recorte Antes de llevar al límite la bolsa del SGP, en 2001 el expresidente Andrés Pastrana decidió recortar el 46% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) que se estaban destinando para las regiones. Para lograrlo, fusionó las bolsas que existían antes de ese año, llamadas Situado Fiscal y Participaciones, y creó el SGP. En esta misma reforma, se amarraron las transferencias de los ICN solo a la inflación y al crecimiento de la economía, lo que significó una disminución abismal de los recursos no solo para el sector Educación, sino también para los demás sectores. Si el SGP hubiera crecido al mismo ritmo del promedio de los ICN de los últimos cuatro años a partir de 2008, las transferencias para financiar la educación pública en el país serían 50% mayores a las realmente alcanzadas en 2016. Ello implica que el independizar el SGP de los ICN de los cuatro años anteriores, (reforma hecha por Uribe) le significó al sector educativo una pérdida cercana a los 9 billones de pesos, solo en el 2016. Aunque la medida era transitoria, es decir, que a partir de 2008 los recursos volverían a estar ligados a los ICN, en su momento, el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, en vez de volver a la regla original de distribución de los recursos, adoptó otra reforma constitucional para seguir disminuyendo el dinero que el Estado le enviaba a las regiones. Dicha reforma se amplió hasta 2016, periodo en el que el crecimiento de las transferencias para el SGP seguiría vinculado a la inflación. Luego, para 2017 en adelante, estableció que iban a aumentar de acuerdo a un promedio de los últimos cuatro años anteriores de los ICN. Si el SGP hubiera crecido al mismo ritmo del promedio de los ICN de los últimos cuatro años a partir de 2008, las transferencias para financiar la educación pública en el país serían 50% mayores a las realmente alcanzadas en 2016. Ello implica que el independizar el SGP de los ICN de los cuatro años anteriores, (reforma hecha por Uribe) le significó al sector educativo una pérdida cercana a los 9 billones de pesos, solo en el 2016. La cifra cae como un balde de agua fría. Pero es peor si se calcula desde 2002, fecha en la que empieza a regir la primera reforma, pues alcanza una dimensión abismal: 78 billones en pesos constantes. Pero no solo es cuestión de plata Además de que el SGP está desfinanciado, sigue sosteniendo en gran parte los sueldos de los docentes, quienes siguen creciendo en número: a la fecha son casi 327 mil profesores activos para alrededor de 8 millones estudiantes. Lea: Por qué son tan frecuentes los paros de los docentes Por eso, lo que más preocupa a quienes estudian el SGP es la forma en la que se asigna a las regiones, pues muy pocas veces se tienen en cuenta el costo personal docente para calcular las asignaciones por estudiante. ¿Qué tan sostenible puede ser un sistema que asigna presupuesto sin tener en cuenta una variable tan importante como el crecimiento y el aumento de salario docente? Y es que del total del presupuesto, los maestros se están llevando una buena porción. Para 2018, los colegios obtuvieron principalmente por SGP, 21,7 billones, de los cuales se usó alrededor de 87% para pagar el sueldo de los docentes, 9% para el funcionamiento de los colegios y tan solo 4% para calidad-matrícula. Antes de la reforma de 2001, los municipios tenían la facultad de nombrar docentes con los recursos provenientes de los ICN, lo que provocó un incremento de profesores en las regiones. A esto se le sumó que el estatuto que los rige, el 2277 de 1979, facilitaba el ascenso en el escalafón. Este sistema era insostenible porque significó un incremento acelerado de los costos de personal, a pesar de que su remuneración es de las más bajas entre los profesionales del Estado. Por lo tanto, con la reforma de Pastrana se intentó frenar este crecimiento, ajustando las condiciones laborales de los nuevos maestros con el nuevo estatuto 1278 de 2002. También:Plan Nacional de Desarrollo Política vs. economía Por eso, según fuentes cercanas a la comisión, es muy probable que este gobierno no incremente los recursos sin garantizar primero su gasto eficiente. Así las cosas, según Alarcón, “el gobierno podría intentar recortar los derechos laborales del Magisterio. Pero como la propuesta de reforma es consensuada, no estaríamos de acuerdo”. En efecto, los primeros pasos ya se dieron. Por primera vez, en los últimos 18 años el Gobierno está dispuesto a realizar una reforma constitucional. Lo que veremos en los próximos seis meses, más allá de promover una transformación en la educación escolar, también generará un gran debate sobre el poder que el Estado le otorgará a las regiones si el SGP se incrementa en recursos. ¿Será esa la solución para salir de la crisis?