El enfoque administrativo que dominó durante los dos gobiernos de Uribe En Colombia es muy poco y reciente lo que hemos hecho desde el Estado para enfrentar el grave problema de la calidad de la educación. El gobierno anterior quiso tapar el sol con las manos y de manera sistemática negó el problema, aunque los resultados, incluso los de una prueba tan importante como la del ICFES, mostraron una tendencia levemente negativa para el país entre 2002 y 2009. Más grave aún: varias medidas tomadas durante el gobierno anterior explican los bajos resultados alcanzados en pruebas de competencias durante la década anterior e incluso los obtenidos en la reciente prueba PISA 2012, los cuales afortunadamente han puesto la educación en el centro del debate público nacional. El Decreto 230 del 2002 que rigió prácticamente durante los dos gobiernos de Uribe, les quitó a los docentes la potestad para evaluar a los estudiantes y estableció que por lo menos el 95% de los estudiantes deberían ser promovidos al grado siguiente. Con ello se borró de un plumazo la conquista más grande en defensa de la calidad de la educación que se había alcanzado en la década anterior: la autonomía. La Ley General de Educación de 1994 estableció que las instituciones educativas son autónomas para construir sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI), y que para hacerlo, deben convocar a la comunidad educativa. Entendiendo la autonomía como la capacidad para pensar, valorar y decidir que tienen las instituciones educativas, es claro que el Decreto 230 marchaba claramente en contravía. A los profesores en Colombia, desde décadas atrás, se les había entregado el currículo desmenuzado y se supervisaba rigurosamente su cumplimiento. El efecto perverso de esta nueva medida del 2002 fue que siguió debilitando la profesionalización de los docentes. De otra parte, los rectores de las instituciones educativas fueron gradualmente retirados de las aulas de clase y de las reuniones de profesores y terminaron dirigiendo la formación de sus estudiantes encerrados en sus oficinas y concentrados en resolver los múltiples problemas legales, administrativos y operativos de las instituciones educativas. Se convirtieron en gerentes y administradores, cuando no en abogados. La autonomía que se impulsó con tanta fuerza en la década del noventa, y que ha sido asociada en múltiples estudios a la calidad de la educación, se llenó de tanto papeleo que, en la práctica, casi desaparece. El PEI pasó a ser un documento para archivar en la oficina del rector, casi exclusivamente para mostrar cuando lo requerían las autoridades; lo ahogaron a punta de las múltiples solicitudes dispersas que les llegaron a las instituciones por parte de sus respectivas Secretarías de Educación. En sentido estricto, dejó de ser un Proyecto construido colectivamente para servir como elemento de articulación, participación e identidad de la comunidad educativa. Otra de las variables altamente asociadas a la calidad de la educación, la formación de los docentes, fue abandonada por el gobierno y dejada al libre albedrío de las Universidades; peor aún, en evaluación y selección de docentes, no hubo ningún avance. Los resultados han evidenciado cuan equivocadas fueron estas decisiones: Desafortunadamente siguen siendo los docentes quienes, entre todos los profesionales, obtienen los peores puntajes en las pruebas SABER Pro en lectura crítica, escritura y razonamiento numérico al culminar la carrera. Para complicar el problema, la inequidad se agravó durante los dos gobiernos de Uribe: los colegios privados comenzaron a mejorar sus resultados en las pruebas SABER, en tanto permanecieron estancados los resultados de los colegios oficiales urbanos; y ante la indiferencia estatal, los resultados de los colegios oficiales rurales caían dramáticamente. Bajo estos modelos, en Colombia hemos construido un sistema educativo altamente inequitativo según género, región y estrato social, el cual tiende a agravar aún más, la alta inequidad social.
El programa Todos a Aprender En Colombia, el problema de la calidad y de la equidad de la educación ha comenzado a abordarse de manera estructural durante el presente gobierno. El Programa Todos a Aprender (PTA) seleccionó las 3.000 instituciones de peor balance en las pruebas SABER para el año 2010, la gran mayoría de ellas ubicadas en las regiones más pobres y apartadas del país, y viene trabajando de manera seria y responsable con ellas en los últimos dos años. Con un muy acertado programa de formación en cascada y el acompañamiento in situ, el PTA ya tiene presencia en 878 municipios y está mejorando la calidad de la educación de 2,3 millones de niños. Los resultados preliminares parecen evidenciar que el programa comienza a cambiar levemente la tendencia negativa que venían teniendo los colegios oficiales, en especial, los ubicados en las regiones rurales. Un hallazgo del Programa es que enfatiza en las competencias comunicativas. Contrario a lo que hasta ahora se había hecho en formación, acertadamente se concluyó que cuando un niño tiene problemas en matemáticas o en ciencias, es por lo general por las graves dificultades que presenta para comprender textos y problemas. Es por ello que la lectura y la escritura son competencias transversales que subyacen a los problemas académicos y que tendrían que ser desarrolladas por todos los docentes, en todos los grados y en todas las asignaturas. Para reforzar este énfasis, el PTA contó con un muy amplio plan de distribución de textos y de bibliotecas escolares. Para cualquier pedagogo es fácil ver que aquí se está gestando la revolución de la calidad de la educación en el país. Y por ello, hago propias las palabras del ex Ministro de Educación, Jaime Niño, cuando expresó en la Feria del Conocimiento –que reunió a 30.000 tutores y docentes del PTA para intercambiar sus experiencias pedagógicas a fines del año anterior– que éste es el programa más importante que se ha desarrollado en el país para atacar el problema de la calidad de la educación en los últimos 50 años. El problema es que el PTA todavía no es una política de Estado, que solo cubre hasta el momento primaria y que no en todos los casos ha logrado impactar a la institución como un todo. Así mismo es un programa que tendría que trabajar otras dos competencias transversales: pensamiento y convivencia. Al fin y al cabo, en la educación básica los niños deberían aprender a pensar, comunicarse y convivir. Solo esto es imprescindible y por ello la educación básica tendrá que dedicarse cada vez más al desarrollo de las competencias transversales. De manera paralela, una revolución silenciosa se está forjando con el Programa De cero a siempre. Por fin se comenzó a atacar desde su raíz el círculo vicioso de la pobreza: La pobreza genera bajo nivel educativo y a su vez éste deteriora los ingresos salariales, lo que impide un mayor nivel educativo. Es por ello que garantizar los 3 años de educación inicial que veinte años atrás estableció la Ley General de Educación sin distingos de estrato, género ni región, es una condición para acrecentar la democracia, disminuir la inequidad y mejorar la calidad de la educación en Colombia. Según PISA 2012, un año de escolaridad en la educación inicial en el mundo eleva en promedio 50 puntos los resultados de lectura para el grado noveno. Esto equivale a un año y medio más de educación, convirtiéndose en la inversión más rentable en términos sociales que hemos conocido. Por ello, el país tendrá que garantizar educación inicial para todos de manera que las desigualdades sociales no se sigan gestando desde que los niños llegan a primero de primaria. La paz, la democracia y la educación Sin dudarlo, resolver el problema de la guerra es la tarea más importante que tendrá el próximo Presidente de Colombia: Son 50 años de desapariciones, asesinatos, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, secuestros, desintegración del tejido social y desangre económico y humano. El corazón de los colombianos lo endureció la guerra, en especial el de los niños y los jóvenes. Y ello solo se podrá revertir si garantizamos una educación de calidad para todos, sin distingos de clase social, género o región. Como decía el educador brasileño Paulo Freire, “la educación no cambia la sociedad, pero si cambia a los seres humanos que van a cambiar la sociedad”. De allí su papel esencial una vez aceptemos que la manera de resolver nuestras contradicciones no puede ser a punta de balas y asesinatos, ya que, como decía Estanislao Zuleta, una sociedad democrática no es aquella que no tenga contradicciones, sino aquella que sabe resolverlas y que sabe convivir con ellas de manera inteligente y constructiva. Nunca habíamos estado tan cerca de resolver de manera pacífica una confrontación tan cruel como la que hemos vivido. Aun así, la historia propia y ajena nos enseña que los países, la democracia y la participación ciudadana, pueden retroceder. De manera sintética hemos mostrado que las diferencias entre los dos candidatos no sólo se refieren a la manera que tiene cada uno para resolver el conflicto armado vigente en el país: tienen también maneras diferentes de enfocar la educación básica. El primero, enfatizando en lo administrativo y debilitando la autonomía. El segundo, intentando resolver el problema de la calidad como debe resolverse: fortaleciendo la formación de docentes, creando comunidades de aprendizaje y disminuyendo las inequidades. El problema grave es que sólo tres de cada mil jóvenes, según PISA 2012, está en capacidad de leer de manera crítica un texto. Si no pueden hacerlo, ¿será que pueden leer de manera crítica las diferencias para el futuro del país de dos programas de gobierno o de dos maneras de enfrentar el crítico problema de la calidad de la educación? Solo fortaleciendo la educación pública podremos ampliar la débil democracia colombiana. Lo grave, es que aunque frágil, puede empequeñecerse más. A similitud de William Ospina, yo también anticipo mi voto; pero a diferencia de él, lo hago por la paz, la democracia y la calidad de la educación, que son tres palabras indisolublemente asociadas.