El robo de los dineros que debían destinarse para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los colegios públicos es uno de los tantos capítulos de corrupción en la historia del país. Por cuenta de estas investigaciones, la Contraloría tiene abiertos 154 procesos de responsabilidad fiscal por cerca de $84.000 millones. A las pechugas que costaban 40.000 pesos por unidad y los huevos a 900 pesos, casos conocidos en Cartagena, ahora se le suman los tamales comprados a 30 mil pesos en Santander por parte de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda, operador que se quedó con los contratos del PAE en ese departamento, la cual es representada por Germán Trujillo Manrique, conocido como ‘el zar del PAE’. Precisamente estos contratos son los que tienen en enrredos al gobernador de Santander Didier Tavera, quien esta semana fue cobijado con medida de aseguramiento en su lugar de residencia por el Tribunal Superior de Bogotá. Para la Fiscalía, Tavera estaría comprometido en la comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Según el ente investigador, los delitos se habrían cometido con la suscripción aparentemente irregular de 3 contratos del PAE en 2016, con Surcolombiana de Inversiones, los cuales habría permitido beneficiar a terceros, y posiblemente afectado el patrimonio del departamento en, por lo menos, 10 mil millones de pesos.
Los contratos a los que hace referencia la Fiscalía son los relacionados al contrato 601 de 2016, y las dos adiciones presupuestales suscritas, entre la Gobernación de Santander y Surcolombiana de Inversiones para el suministro de alimentación para 124.892 estudiantes de 82 municipios, por un valor total de $35.767’321.026. En las investigaciones que se hicieron al contratista, la Fiscalía evidenció múltiples sobrecostos e irregularidades. Además de los tamales que la cooperativa de Trujillo reportó comprarle a una empresa de gruas en el Meta a 30 mil pesos, está la compra de un apartamento de 290 millones de pesos, que se hizo con el dinero de una supuesta compra de frutas por el mismo valor a la Asociación de Padres de Familia del restaurante escolar Palogordo, entre otros hallazgos. Por los anteriores hechos Trujillo fue condenado a 36 meses de prisión por los delitos de falsedad ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Además, deberá pagar una multa de $562 millones 928 mil. A inicios del 2019, la Fiscalía ocupó seis bienes de Trujillo avaluados en $33 mil millones.El proceso judicial que atraviesa el gobernador Tavera hará que termine su mandato privado de la libertad. Además, a raíz de la decisión del Tribunal, el Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander (UIS) decidió suspender el reconocimiento público que había preparado para Tavera “en agradecimiento por el invaluable apoyo ofrecido al logro de la misión y los fines institucionales”. El reconocimiento sería entregado a Tavera el pasado jueves durante la puesta en funcionamiento del nuevo edificio de Logística de la institución. El Tribunal consideró que la medida a aplicar debería ser aseguramiento en el lugar de residencia para evitar que Tavera, cuyo período termina el 31 de diciembre del presente año, pueda suscribir otros contratos que puedan llegar a afectar la administración pública y el erario del departamento. Aunque la Fiscalía pidió que la medida fuera en centro carcelario, el magistrado negó la solicitud. De acuerdo con la defensa del gobernador, a cargo del abogado Iván Cancino, en los argumentos de la Fiscalía hay varias inconsistencias, asegurando que el próximo año pedirá la revocatoria de la medida cuando ya no sea gobernador, “demostraremos la inocencia de Didier Tavera”, aseguró. “La Fiscalía manifiesta que no hubo estudios previos, sí los hubo, también manifiesta que la Gobernación se comprometió a hacer tres comités de cuidado y seguimiento del PAE y solo se hizo uno, y la defensa trajo las tres actas de los tres comités (...) Estoy triste, pero no preocupado porque sé que en estos procesos judiciales la carrera es larga. Aquí lo importante era que el señor gobernador, primero, no terminara en una cárcel, el ideal era que quedara completamente libre como lo esperaba, pero el panorama de la domiciliaria para una persona que le ha hecho bien al departamento y que tiene familia constituida con hijos menores me parece por lo menos lógico”, precisó Cancino.