Las multitudinarias jornadas de protestas de los últimos meses, en las que los estudiantes cumplieron un papel protagónico, generaron contratiempos en el cumplimiento del calendario académico de al menos 13 universidades públicas del país, las cuales no pudieron culminar el plan de estudios del segundo semestre de 2019. Debido a esto, la mayoría instituciones debieron reprogramar el semestre para el comienzo de 2020, año en el que deberán cumplir tres semestre académicos para poder ponerse el día. La reprogramación fue posible después que los estudiantes de las respectivas universidades levantaran sus ceses de actividades.
Sin embargo, el caso de la Universidad Distrital en Bogotá es crítico, dado que el paro de los estudiantes, que se inició el 28 de octubre del año pasado, se mantiene firme. Y lo estará, según los estudiantes, hasta que el Consejo Superior de la Universidad apruebe la Asamblea Universitaria, órgano que les permitiría tener incidencia en la toma de decisiones, como en la elaboración de políticas, planes institucionales y en la reforma o modificación de sus estatutos, así como hacer control a funcionarios y recursos. Debido al paro, que se inició después que salieran a la luz los hechos de corrupción del director del Idexud -quien habría gastado en lujos personales cerca de $11.000 millones- los 23.000 estudiantes de pregrado solo pudieron cursar 10 semanas de las 18 del calendario académico. Esta situación, según los directivos de la institución, pone en riesgo no solo una cantidad importante de recursos, sino también su acreditación institucional y los acreditación de calidad de varios programas. Cabe recordar que la acreditación institucional es una certificación que expide el Ministerio de Educación a las universidades que cumplen con niveles de calidad superiores a los que se exigen para entrar en funcionamiento. La Distrital obtuvo la suya en diciembre de 2016 por un periodo de cuatro años, pero debido a la actual anormalidad académica está en serio riesgo de no lograr la renovación. El rector (e) Williám Castrillón, informó que le propondrán al Consejo Académico, en su próxima sesión, retomar las clases a partir del 1 de febrero, con el objetivo de culminar el 28 de marzo las semanas pendientes del segundo semestre académico de 2019. "De cumplirse esta meta, no solo los estudiantes podrán culminar satisfactoriamente su semestre, sino que la institución podrá mantener su acreditación institucional y la acreditación de alta calidad de sus proyectos curriculares", explicó el funcionario.
En cambio, explicó Castrillón, en caso de que esto no suceda, el tiempo y los recursos económicos serían insuficientes para desarrollar el calendario académico de 2020 y las pérdidas económicas alcanzarían los 9.000 millones de pesos. "De no concretar esta posibilidad, tendríamos afectaciones serias en el nivel económico y social, pasando por la no contratación de órdenes de prestación de servicio, dificultades en la contratación de profesores y todos los indicadores de calidad académica de nuestra universidad que influirían negativamente en nuestra acreditación institucional", agregó. Sobre este panorama, el líder estudiantil Julián Báez aseguró que, si bien tienen la intención de retomar las clases lo más pronto posible -incluso antes del 1 de febrero-, no lo harán mientras no sea aprobada la asamblea universitaria. "No hemos avanzado en ese tema y, si no se aprueba, no volveremos a la normalidad académica". Báez indicó que a pesar que este tema se ha discutido ampliamente, hay un borrador de resolución para crear la Asamblea, es necesario que desde la Alcaldía se muestre mayor voluntad para aprobar la creación, "nos dijeron que se planean reunir el 16 de enero para discutir el tema, pero esto ya se ha hablado ampliamente y esto solo dilatará los tiempos para que podamos retomar clases". Respecto a la propuesta de crear una asamblea universitaria, las directivas de la institución informaron que el Consejo Superior Universitario se encuentra evaluando esta idea, pero que deberá cursar su trámite estatutario en el marco de la normalidad académica. Las posiciones de ambas partes evidencian que será difícil llegar a un acuerdo que permita a los estudiantes nivelarse y que la universidad mantenga sus certificaciones de calidad.