En los últimos tres años el acoso sexual en las universidades pasó de ser un rumor de pasillo a una preocupación general. Y no es para menos, las diferentes denuncias que han llegado a la Procuraduría, a la Fiscalía y a las rectorías han puesto el tema sobre la mesa. Sin embargo, no es suficiente. Por esa razón, algunas universidades están tomando acciones concretas e históricas, como las que han ocurrido en las últimas semanas. Por primera vez, 21 universidades públicas y privadas del país se reunieron para escuchar a sus estudiantes y discutir los desafíos que tienen a la hora de atender las denuncias de acoso y violencia sexual en el campus. Esta discusión se dio durante el primer coloquio de Ciudades Seguras y Universidades Contra la Violencia y el Acoso Sexual que organizó ONU Mujeres, la Secretaría Distrital de la Mujer, la Red Nacional de Mujeres y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (Aecid) y la Universidad Central. “¿Usted cómo prueba que el profesor me está mirando de manera morbosa y que siempre me pasa al tablero para verme la cola? Eso es muy difícil de probar y no es fácil tomar acciones”. Durante el encuentro, al que asistieron también colectivos feministas y expertas en violencia de género, se estableció que uno de los desafíos de las universidades a la hora de atender las denuncias es la falta de equipos expertos en violencia de género. Pues, aunque es muy positivo que más universidades formulen sus protocolos de atención, no están respondiendo de la mejor manera, debido al aumento de las denuncias y la falta de un equipo capacitado. Por lo que algunas expertas señalaron que las instituciones necesitan equipos de especialistas exclusivos para estos casos y, además, que deben recibir formación con enfoque de género. “El acoso sexual es un delito muy complejo: ¿usted cómo prueba que el profesor me está mirando de manera morbosa y que siempre me pasa al tablero para verme la cola? Eso es muy difícil de probar y no es fácil tomar acciones”, explicó Lya Yaneth Fuentes, coordinadora del grupo de Investigación Género y Cultura de la Universidad Central.
Lya Yaneth Fuentes, coordinadora del grupo de Investigación Género y Cultura de la Universidad Central. Fotografía: Clara Moreno Precisamente fue la profesora Lya la que impulsó este tema en la Universidad Central. Entre 2011 y 2015, Fuentes se desempeñó como directora nacional del proyecto Fortalecimiento de la Equidad de Género en la Educación Superior (Feges), un programa en el que junto a otras cinco universidades analizaron lo que pasaba en los currículos, en las políticas y en la cultura institucional en relación a la equidad de género. En el marco de esa investigación, hicieron una pregunta a docentes, estudiantes y administrativos: ¿conoce casos de acoso sexual? De las 3.024 personas de las cinco universidades que encuestaron, el 27 % contestó que sí conocía. Según Fuentes, esa cifra fue una de las principales razones por las que se hizo necesario invitar a las universidades a firmar un pacto para luchar contra el acoso sexual. Pero lo más importante es que esas cifras también revelan la necesidad de construir un estudio macro que permita ver la realidad del tema y compararlo entre instituciones nacionales e internacionales. Solo así se podrá conocer a fondo el problema y cómo enfrentarlo. Por ahora, quienes asistieron al coloquio conocieron de cerca lo que hasta ahora se ha hecho en Chile. Camila Vega, coordinadora de Transversalización de Género de la Universidad de Chile, resumió lo malo, lo bueno y lo que está por suceder en relación a las políticas de las universidades para abordar el acoso sexual en su país.
Camila Vega, coordinadora de Transversalización de Género de la Universidad de Chile. Fotografía:Clara Moreno "Ya hemos tenido profesores con sanciones y expulsiones, pero también hemos tenido casos en los que hay conflictos de intereses, amiguismos, y por lo que se hace difícil que se apliquen las sanciones tal y como se recomiendan". Vega asegura que el problema en Chile empezó a surgir a través de los medios de comunicación, por casos que fueron muy emblemáticos, ya que salpicaba a académicos que también eran figuras públicas. Las estudiantes se tomaron las facultades, y en mayo del año pasado, más de la mitad de las universidades del país estaban en paro, pues en muchos casos los denunciados quedaban impunes. “Ya hemos tenido profesores con sanciones y expulsiones, pero también hemos tenido casos en los que hay conflictos de intereses, amiguismos, y por lo que se hace difícil que se apliquen las sanciones tal y como se recomiendan. Para evitar eso, se hizo una reforma al reglamento de jurisdicción disciplinaria. Así, los decanos ya no tienen poder para decidir, ahora son los vicerrectores”, cuenta Vega. Otro tema a resaltar de lo que ocurre en Chile es que, a partir de las protestas se generó una mesa de trabajo en la Universidad de Chile, llegaron a un acuerdo histórico. Se propuso abordar las políticas de acoso sexual con una mirada más global. “Se empezó a transversalizar la perspectiva de género en todo lo que hacemos, para que así esta nueva forma de relacionarnos como comunidad universitaria ayude a quitarle el piso a la violencia y acoso”, contó Vega. Primera sanción en la Universidad Nacional Otra de las acciones históricas que se han tomado en las últimas semanas respecto al acoso sexual en Colombia, fue la sanción que emitió por primera vez la Universidad Nacional a un profesor que acosó sexualmente a su estudiante. Se trata del docente Fredy Alberto Monroy, quien fue inhabilitado y retirado de su cargo por 20 años por acosar sexualmente a su estudiante Lizeth Sanabria. Las pruebas eran irrefutables. Lizeth grabó los momentos en los que Monroy se acerca a su rostro y cómo la sujeta con el brazo para que no se aparte de él. “Empieza a decirme que le gustan mis ojos o me decía que era su consentida, "deberías regalarme tus ojos", y ya empieza a tocarme la mano y trabajar más de cerca. Yo intento sortear la situación y direccionar todo hacia el trabajo, me mandaba la mano a la rodilla, y yo para que dejara esa actitud le contaba que tenía pareja”, relató Sanabria a SEMANA. Video que usó el Tribunal Superior de la institución, en cabeza de la rectora Dolly Montoya, para tomar la decisión de sancionar e inhabilitar a Monroy por 20 años. Una sentencia que marca un precedente, pues, evidencia que las universidades sí tienen la potestad para asumir disciplinariamente estos casos. No obstante, esta primera sentencia también revela la dificultad que tienen para tomar decisiones de manera oportuna frente a este tipo de hechos. Pues la sanción se dio un año después de instaurada la denuncia. De ahí la pertinencia de crear equipos interdisciplinarios responsables solo de estos casos. *Estas son las universidades que firmaron el pacto: La Fundación Universitaria de Popayán-Cauca, la Universidad Nacional, la Universidad Autónoma de Cauca, Universidad del Rosario, Universidad del Valle, Universidad Minuto de Dios, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Industrial de Santander, Universidad de Antioquia, Universidad Autónoma de Colombia, Universidad de la Salle, Universidad Icesi, Universidad del Bosque, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad San Buenaventura, Universidad Externado de Colombia, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Santo Tomás, Escuela Superior de Administración Pública (Esap) y Universidad Autónoma de las Américas-Medellín.