Betzabé Rodríguez camina por las ruinas del colegio que hace más de 60 años su madre y su abuela ayudaron a construir. La mujer, hoy vicepresidenta de la asociación de padres del colegio Adolfo María Jiménez de Sotaquirá, en Boyacá extiende sus manos para mostrar el fracaso del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, un proyecto del anterior Gobierno que prometía reemplazar los colegios viejos del país por aulas nuevas y que comprometía recursos por cerca de 3 billones de pesos. “En este lote funcionaba nuestra escuela. Aquí teníamos los baños y la cancha. Allá eran los salones de primaria y secundaria. Pero, como no cumplía con los nuevos estándares de infraestructura, en 2017 vinieron unos funcionarios, lo tumbaron y prometieron construir uno mejor. Dos años después, solo tenemos varillas oxidadas y maquinaria abandonada”, expresa angustiada Betzabé. Mientras pasa las páginas de un álbum de fotografías antiguas del colegio, la tristeza de Betzabé se va transformando en rabia. Recuerda cuando ella y algunas vecinas organizaron un bazar para recolectar recursos y así construir un laboratorio y tres aulas que los estudiantes necesitaban. “Esa, la que está preparando la sopa, soy yo. Hicimos hasta rifas, por eso es injusto que hoy no entreguen nada, después de que tumbaron lo que la comunidad construyó con tanto esfuerzo”.
Betzabé Rodrígez en el lote en donde iban a construir la escuela de Sotaquirá. Foto: Guillermo Torres. Más allá de perder un espacio que unía a todo el pueblo, la comunidad también está preocupada por las condiciones en las que 360 estudiantes están recibiendo clases. Le puede interesar: 7 de cada 10 proyectos de infraestructura educativa tienen graves problemas de ejecución Frente a los retrasos de la obra -solo tiene un avance del 1 por ciento- Edgar Borda, rector de la institución, se vio obligado a trasladar algunos de sus estudiantes a una sede rural ubicada a 20 minutos de Sotaquirá. Alquiló una habitación para preparar los refrigerios. Mientras que, en lo que quedó en pie de la institución, se las arregló para atender dos cursos en un solo salón. “Por estos imprevistos estamos pagando adicionalmente más de 5 millones de pesos para transporte y alquiler. Aún así, todos los niños están hacinados”. Pero eso no es todo. 160 estudiantes han desertado de la institución, y según Borda, la cifra va en aumento. Una gran derrota para la institución, pues en 2015 les fue entregado el premio a mejor colegio en cobertura rural por la Secretaría de Educación de Boyacá. “Nunca imaginamos que esto iba a suceder, si alguien nos hubiera advertido, no habríamos dejado tumbar nuestro colegio”, dice Borda.
La comunidad guarda un diario con fotografías de la escuela. En una de ellas aparece Betzabé cocinando una sopa. Foto: Guillermo Torres. El escándalo En 2016, el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos prometió la construcción de más de 30.000 aulas en todo el país. Para ello, necesitaba el esfuerzo financiero de alcaldes y gobernadores, que ilusionados, accedieron. Lograron reunir 3,28 billones de pesos -la Nación puso 2 billones y los municipios y departamentos 1,2 billones- y crearon el Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa (FFIE). Así empezaron a gestionar la construcción de los colegios 10, instituciones de lujo que contarían con laboratorios, comedores y salas múltiples para garantizar la Jornada única. Sin embargo, en tres años, solo entregaron 893 aulas en todo el país. Para entender lo que ocurría, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, realizó un primer balance que dio cuenta de la dimensión del problema. Al 28 de febrero de este año, de 531 obras contratadas por el Gobierno anterior, se habían entregado apenas 79. Pero, además, de esas, algunas no habían podido iniciar clases porque no contaban con servicios públicos. En promedio, todas las obras presentaban un avance inferior al 30 por ciento. “Como vehículo contractual, el FFIE era muy bueno, porque juntó unos recursos que invertía el Estado y los departamentos y que, por separado, no alcanzaban para hacer más proyectos. Pero en la acción tuvo muchos problemas”, explica Angulo. La Contraloría General de la República se apropió de la investigación y sus primeros hallazgos sorprendieron. El ente de control recibió quejas de más de 30 alcaldes y gobernadores. Entre sus hallazgos preliminares la entidad asegura que hubo sobrecostos en por lo menos 35 colegios ya terminados. Pero, además, la contratación se concentró en un 63 por ciento en solo dos contratistas. Uno de ellos es Germán Mora, el responsable del retraso de 4.000 viviendas de interés social, y a quien la Contraloría inició una actuación especial en su contra por este retraso. Le puede interesar: Nuevo plan para salvar infraestructura educativa De acuerdo con Gabriel Méndez, quien lidera la vigilancia de estas obras en la Gobernación de Boyacá, de los 40 colegios que se prometió construir en el departamento, 39 quedaron en manos de UT-MEN 2016, cuyo representante legal es Mora. “Hace 15 días el FFIE nos dijo que iban a seleccionar a nuevo contratista, porque Germán Mora cedió sus contratos por incapacidad financiera, pero aún no tenemos noticias”, explicó Méndez. Lo último que informó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, es que está radicando una denuncia penal a este contratista por estafa. “Esto demuestra a lo que estamos dispuestos por nuestros colegios”, aseveró. “Nos sentimos engañados” “A mí se me llenaba la boca diciendo que Turmequé era el único municipio que, con una inversión de 6.000 millones de pesos, iba a tener dos colegios para ofrecer primaria. Aunque no teníamos los recursos, los conseguimos y con gran ilusión iniciamos las obras en 2017”, mencionó el alcalde de Turmequé, Yoani Vela, otro de los municipios afectados.
El alcalde de Turmequé, Yoani Vela, asegura que en el municipio han usado esta problemática para hacer campaña política en su contra. Foto: Guillermo Torres. Sin embargo, dos años después, la Institución Educativa Diego Torres presenta un avance del 48 por ciento y el Técnico Industrial del 19 por ciento. “Hoy nos sentimos engañados. Nos hicieron girar los recursos a la Nación, porque nosotros no teníamos la capacidad para sacar una licitación tan complicada. Pero el resultado es todo lo contrario”, agregó Vela. Así las cosas, no hay funcionario que logre convencer a Beder Oliveros, rector del colegio Diego Torres, que su institución no es un elefante blanco. “Estamos frente a lo que sería nuestro colegio de primaria, desde aquí se alcanzan a ver las ruinas de lo que se demolió. Pero mire, hoy estamos preparando el refrigerio de los niños en un salón improvisado. ¿Cómo no voy a creer que esto es un elefante blanco más de los que hay en el país?”. Pero, los incumplimientos no solo han generado malestar entre los rectores y padres de familia. En este caso, para el alcalde de Turmequé, el incumplimiento del contratista le ha traído problemas legales. “Para nadie es un secreto que estamos en una contienda electoral. Algunos concejales del municipio me interpusieron una tutela por tener a los estudiantes en hacinamiento. Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel para que la gente se dé cuenta de que nosotros no hicimos nada malo, porque nuestros niños están hacinados es por culpa del FFIE y el contratista”. Relacionado: Es posible hablar de un carrusel de las escuelas Y es que en este punto el proyecto de infraestructura ha empezado a generar desconfianza entre los gobernadores y alcaldes por la mala gestión y la falta de veeduría. En Sotaquirá, en donde demolieron el colegio Adolfo María Jiménez que la comunidad ayudó a construir hace 60 años, el alcalde, Salomón Buitrago, está seguro de no volver a invertir los recursos del municipio en un proyecto similar, porque hasta el momento nadie les da respuesta por las retrasos de las obras. “Si me dijeran que ponga el 30 por ciento para construir aulas, yo no pondría nada, no les creería, quedamos curados”.
Por lo retrasos en las obras, muchos rectores en el país tienen a sus estudiantes hacinados, como ocurre en el municipio Nuevo Colón, Boyacá. Foto: Guillermo Torres. Finalmente, para empezar a agilizar la entrega de las obras, el Ministerio de Educación dice que reformará el Fondo. Buscará aplicar los principios de la licitación pública -el actual funciona bajo el régimen de la contratación privada- favorecer más en el proceso de licitación a los constructores locales, para que haya más contratistas y diversificar el riesgo, y así cumplir con las 12.481 aulas que el Gobierno anterior dejó comprometidas desde 2017. Sin embargo, mientras avanzan las investigaciones de la Contraloría, aún no es posible hablar de carrusel de las escuelas. También sería erróneo decir que se robaron la plata, pues el FFIIE pagaba contra entrega por etapas. Lo que por el momento sí es claro es que, lo que empezó como una buena iniciativa en la que se recaudaron grandes recursos para invertir en la infraestructura educativa, tan necesaria en el país, terminó desacreditada y difícilmente recuperará la confianza de las regiones.