Efraín Cepeda fue uno de los catorce senadores que admitieron haber recibido aportes del sector de la salud para financiar sus respectivas campañas políticas. Sin embargo, el expresidente del Partido Conservador le aclaró a Semana.com que ninguno de los recursos que llegaron a su campaña al Senado en el 2010 corresponden a EPS, por lo que cuestiona que haya sido vinculado a la llamada ‘bancada de la salud’, que podría defender los intereses de estas empresas en el trámite de proyectos de ley en el Congreso, como el proyecto de reforma al sistema de salud. Cepeda aseguró que un grupo de familiares suyos son accionistas minoritarios, con menos del 2 % de participación en una IPS privada en Barranquilla. Dicha clínica “no tiene ningún tipo de vínculo con EPS alguna”, dijo el senador. Los aportes que provinieron de los socios de la IPS, según Cepeda, fueron de dos millones de pesos, una cifra que desestimó frente a los 500 millones de pesos que aproximadamente gastó en la campaña política del 2010. Por eso Cepeda pregunta si“¿será que eso me hace parte de la “bancada de la salud?”, al asegurar que no representa en el Congreso intereses propios de ese sector. El debate de la reforma a la salud, ue se ha adelantado en la plenaria del Senado, permitió dejar en evidencia el interés que históricamente han tenido varios estamentos, especialmente las EPS, para incidir en la elección de congresistas y por esta vía obtener algún privilegio en el trámite de proyectos. Un total de 14 parlamentarios confesaron haber recibido dineros para sus campañas provenientes de empresas vinculadas a este sector. Ellos fueron los conservadores Efraín Cepeda, Gabriel Zapata Correa, Myriam Paredes, Roberto Gerlein; los parlamentarios de La U Roy Barreras, Jorge Eduardo Géchem, Maritza Martínez y Jorge Ballesteros; los liberales Camilo Sánchez, Rodrigo Villalba y Martín Morales; además de Félix Valera (Alianza Verde), Juan Carlos Restrepo (Cambio Radical) y Héctor Julio Alfonso López (PIN). Gabriel Zapata fue el primero en aclarar que nunca recibió de forma directa aportes de EPS y que si se declaró impedido fue porque el Fondo Económico del Partido Conservador le aportó 14 millones de pesos a su campaña, dineros que provinieron de un aporte de 105 millones que la EPS Coomeva donó a su coalición. Lo paradójico del caso es que varios de estos congresistas intervinieron en el debate de la ley estatutaria de la salud, que fijó los parámetros generales que definieron a la salud como un derecho fundamental de los colombianos. Pero como este nuevo proyecto pretende reformar puntualmente el sistema de salud, los parlamentarios declararon un presunto conflicto de intereses, pues estarían interviniendo en decisiones que podrían afectar a los sectores que financiaron su campaña. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se refirió sobre esta controversia y explicó que la financiación del sector de la salud a las campañas políticas no son ilícitas y tampoco significa que correspondan a dineros públicos, pues varias compañías como Coomeva o Colsanitas, que financiaron algunas de las campañas, tienen negocios privados y en el caso de los hospitales y las IPS, las utilidades corresponden a recursos privados. Varios de los parlamentarios que confesaron los aportes del sector salud en su campaña política declararon su impedimento por temor a posibles demandas de pérdida de investidura en el Consejo de Estado, pero rechazaron la calificación de que representen los intereses del sector. Más aún cuando la semana pasada, en el mismo tiempo en el que se bloqueó la reforma a la salud en el Senado, una de las causas que se ventilaron fue el intenso lobby que algunas EPS estarían haciendo para que este proyecto no prosperara, señalamiento que las propias empresas de la salud han negado.