El costo de la contaminación

Ya son varias oportunidades en las que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta sobre las terribles consecuencias de la contaminación ambiental. Hay que confirmar que 9 de cada 10 personas respiran aire tóxico y el registro de 7 millones de muertes anuales a causa de polución ambiental son algunas de las cifras que entregó el año pasado para dar cuenta de la gravedad del problema en el mundo. En ámbitos económicos, el documento publicado en la revista “The Lancet”, en el año 2017, también lanzó indicadores de alta preocupación. A través de un proyecto realizado por 40 expertos y con el apoyo financiero de organismos como la ONU y la Unión Europea, se determinó que las pérdidas a nivel mundial por culpa de la contaminación ambiental se aproximan a los USD$ 4,6 billones por año; es decir, el 6,2% del PIB mundial. Y si bien es cierto que realizar estimaciones del costo real de la contaminación es muy complicado, dado que no se tienen indicadores precisos para calcular monetariamente el daño que sufre el planeta y la naturaleza, las cifras determinadas por la OMS y otras entidades relacionadas debería bastar; infortunadamente, no es así. Le puede interesar: ¿Cómo atenuar la crisis del primer empleo ante la falta de experiencia laboral? Por ello es más que necesario poner el problema en términos de plata para acaparar la atención. Para el panorama nacional, el estudio determinó que la contaminación ambiental tiene unos gastos aproximados de $35,2 billones, lo que corresponde al 4,1% del PIB base 2015. Cifra que corresponde al 85% del presupuesto actual para educación y a 1,1 veces el presupuesto destinado a salud y protección social. Pero si contrastamos la información obtenida por The Lancet con las cifras reveladas por el DNP a través del Instituto Nacional de Salud, no concuerdan. Para 2017 el DNP estimó que la contaminación tenía un costo en Colombia de $20,7 billones año en el cual se confirmaron casi 13.700 muertes por esta causa. Recientemente el DNP volvió a sacar una estimación en la que resultó que ahora el costo a nivel nacional había descendido a $12,3 billones. Si esto fuera cierto, lo mínimo que se esperaría es que la cifra de muertes por contaminación haya disminuido; no obstante, los registros muestran una estimación de 17.549 muertes al año por este motivo. Un desfase en costo que puede involucrar metodologías diferentes de estimación (a través del VSL - métrica estadística para la medición del valor de una vida); o bien, un desacuerdo en costo que puede asociar una amplia diferencia que lo que muestra es la deficiente inversión en salud para atender las enfermedades a causa de la contaminación ambiental. Le recomendamos: Marketing inteligente Es decir, con el nivel de enfermedades y muertes registradas, The Lancet podría estarnos diciendo que los gastos por este motivo deberían ser casi de $35,2 billones (o de más de $43 billones aproximadamente para el año actual). Pero en el país solo estamos gastando menos de $20 billones para “atender” estos casos. Por ende, son enfermedades que, según nuestras mismas cifras, están terminando en mayor número de decesos. Igual, sea cualquier estimación económica en costo, la realidad es que las muertes por contaminación están con una tendencia al alza. Y creemos que la solución más fiable de corto plazo es aumentar hoy las restricciones al pico y placa en las ciudades que más registran problemas ambientales, para tener mañana el mismo nivel de contaminación que emitimos diariamente. Todo para que los indicadores muestren un pico a la baja para salir a decir que las medidas están funcionando. Aunque la respuesta de las naciones no es tan objetiva como se espera, existen ciertos casos en los que ya se han adoptado políticas para atenuar sostenidamente los efectos de la contaminación ambiental. Hasta el 2018, el Banco Mundial contaba con 40 países usando, o planeando usar, mecanismos como el precio al carbono a través de impuestos y esquemas de intercambio de emisiones como políticas ambientales. Nuestro país sumó el impuesto al carbono en la última reforma tributaria, tarifa que tienen que pagar principalmente las empresas por contaminar con gases provenientes de la combustión combustibles líquidos y una parte de gas natural. Sin embargo, el dinero recaudado a través de este impuesto está destinado un 70% a la mitigación del posconflicto, cuando no debería ser así. Sólo el 25% va al manejo de la erosión costera, el cuidado de nuestras fuentes hídricas y a la conservación de ecosistemas; y el restante va al fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Se supone que los casi $700.000 millones reposan aún en el Ministerio de Hacienda porque no se han podido usar. No obstante, debe repensarse el movimiento real de las inversiones si se quiere cumplir lo que mencionó el expresidente Juan Manuel Santos hace más de tres años en París: reducir el 20% de nuestras emisiones de gases efecto invernadero para 2030. Yendo más allá del compromiso internacional, es una tarea necesaria y obligatoria para salvar a nuestra madre naturaleza, a nosotros mismos y a nuestras futuras generaciones. Lea también: Miopía en la competitividad portuaria