Lo que la política venezolana no ha logrado cambiar en las dos últimas décadas ahora podría conseguirlo la economía. El Gobierno está contra las cuerdas por cuenta de la profunda recesión que vive el país, del cerco económico contra el presidente Nicolás Maduro y su círculo más cercano, y de la decisión de decenas de países de presionar una transición hacia la democracia. En estas circunstancias, hay quienes advierten que la salida de Maduro del palacio de Miraflores podría precipitarse por el laberinto económico en que se encuentra.
En este escenario comenzó la discusión sobre lo que viene para la economía venezolana. Por un lado, los líderes de la oposición, bajo la coordinación del presidente interino y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, divulgaron hace unos días un acuerdo político “para rescatar a Venezuela de la crisis social y del colapso económico” denominado ‘Plan País, el día después’.
Por el otro, la banca multilateral, empresarios y Gobiernos que han tenido en el pasado buenas relaciones con Venezuela comienzan a estudiar el papel que asumirían en el proceso de reactivación y qué oportunidades futuras pueden explorar.
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Aunque no existen cifras precisas de cuánto costará el plan, quienes han estado vinculados a su construcción han hecho cuentas a mano alzada que indican que exigirá cifras cercanas a los 100.000 millones de dólares.
Vendrán de dos fuentes principales: por un lado, las ayudas humanitarias de la comunidad internacional, que podrían valer unos 30.000 millones de dólares. Y, por el otro, los créditos externos con entidades multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BID y la CAF, por una cifra no menor a 60.000 millones de dólares.
Lo cierto es que en el estado actual de la economía, Venezuela precisa de varios tipos de apoyo. Van desde el financiero para mitigar el deterioro –en los últimos tres años el PIB ha caído cerca del 48 por ciento– hasta las ayudas no reembolsables para mantener algunos subsidios, y proveer bienes y servicios prioritarios que restablezcan la calidad de vida.
El frente de la deuda es un capítulo aparte. Se estima que esta llega a unos 140.000 millones de dólares, y su refinanciación preocupa no solo a los líderes opositores, sino principalmente a los acreedores. El diario Financial Times estima que de la cifra total unos 65.000 millones corresponden a bonos cuyos tenedores ya han expresado su nerviosismo, entre otras cosas, porque se han empezado a incumplir los pagos. Incluso, funcionarios de China y Rusia, a quienes Venezuela debe una cifra cercana a los 40.000 millones de dólares, han empezado a tender puentes con líderes cercanos a Guaidó con la expectativa de que, en una eventual transición, les respeten el turno de los pagos.
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El Financial Times asegura que en la fila de espera también están compañías como la minera canadiense Crystallex y la petrolera ConocoPhillips, que han ganado en tribunales de arbitramento, así como proveedores que no han recibido sus pagos y están a la expectativa.
La oposición, por su parte, ya ha definido su propia brújula en el Plan País, un ejercicio de reflexión que tomó varios meses, en el que participaron académicos, gremios, economistas, políticos, la Iglesia y expertos nacionales e internacionales. Ellos se encargaron de definir las principales líneas de acción que permitirán encontrar el rumbo de crecimiento y recuperar el tejido económico y social del país, tras la salida de Maduro. ¿Qué incluye este manifiesto? El documento contempla cinco capítulos que arrancan con un diagnóstico guiado por un principio de realidad: la situación actual es la mayor crisis económica y social en toda la historia venezolana. La provocó un modelo económico que ha destruido buena parte del aparato productivo, criminalizado el emprendimiento, empobrecido al pueblo y ocasionado el colapso de la capacidad del Estado para cumplir con sus responsabilidades.
El director de la Cámara Colombo Venezolana, Germán Umaña, y el director de Econanalítica, Alejandro Grisanti, dicen que bajar la inflación, mantener algunos subsidios, captar más inversión y facilitar créditos internacionales serán claves para la reactivación.
Además, resalta que los salarios de los venezolanos no alcanzan para la subsistencia familiar; los servicios de alimentación, salud, educación, transporte y electricidad han colapsado; y se ha profundizado la dependencia económica y el control social. Tras este preámbulo, el plan traza una hoja de ruta en materia de política económica; empoderamiento de los ciudadanos y garantías de servicios públicos; acuerdos en hidrocarburos y políticas sociales.
En políticas económicas, pone la prioridad en generar mayores ingresos que permitan recuperar la demanda; garantizar los recursos para atender la emergencia humanitaria, estabilizar la economía y realizar reformas estructurales que incluyen privatizaciones. El documento señala que la recuperación rápida necesita de asistencia financiera internacional extraordinaria de organismos multilaterales, préstamos bilaterales, donaciones internacionales, reestructuración de la deuda externa y aumento de la producción petrolera.
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Alejandro Grisanti, director de la consultora Ecoanalítica, cree que la recuperación exige resolver tres temas fundamentales. Por un lado, volver a poner en marcha la economía al inyectar créditos. Esto permitirá recuperar la demanda, generar más empleo y sustituir importaciones.
En un segundo tema, Grisanti cree que hay que ponerle la lupa a la hiperinflación, derivada de un manejo poco ortodoxo de la política monetaria y de los continuos aumentos salariales apalancados en emisión de moneda sin respaldo –las reservas están en 8.000 millones de dólares, mientras que las colombianas superan los 49.000 millones–. Y el tercer tema consite en proveer mejores servicios públicos para recuperar la competitividad al sector empresarial y mejorar la calidad de vida de los venezolanos.
No solo esos asuntos exigen una intervención urgente. El presidente de la Cámara Colombo Venezolana, Germán Umaña, cree necesario mejorar temas macroeconómicos como emisión monetaria, déficit fiscal, generación de demanda, reprivatización de sectores y subsidios.
Ya algunos han comenzado. Aunque el Gobierno de Maduro modificó hace tres semanas la tasa de cambio oficial, que hasta el momento registraba precios artificialmente bajos frente al comportamiento del dólar negro, aún falta mucho por hacer. Para financiar el gasto, el Gobierno empezó a comprar dólares a tasas superiores a las del dólar negro, lo que ha permitido ‘sincerar’ el sistema cambiario. En cuanto a la emisión monetaria, es clave recuperar la independencia del banco central para controlar la inflación. Otra medida obvia para Umaña consiste en solucionar el tema de la tributación porque la mayoría de los venezolanos no paga impuestos. Y, además, subir el precio de la gasolina para reducir el déficit fiscal.
Recuperar la economía venezolana no se logrará de la noche a la mañana. Plantea uno de los grandes desafíos para la oposición, pero también para los países que han tenido relaciones tradicionales de comercio y amistad con ese gran pueblo.
Las oportunidades del cambio
La privatización de empresas de servicios públicos puede generar oportunidades interesantes de inversión para compañías colombianas.
La expectativa de una transición hacia la democracia en Venezuela y la consecuente reactivación de su economía alientan al sector empresarial colombiano. Para el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, se trata de la mejor noticia para Colombia, por la relación de vecindad y los tradicionales lazos que han unido a los dos países. Germán Umaña coincide en que este es un motivo para celebrar, pero advierte que no puede ser un momento para oportunismos, sino para trabajar y ayudar en la reconstrucción del aparato productivo, recuperar la demanda y facilitar la inversión. Eso sí, ve enormes oportunidades en temas como servicios públicos porque las empresas colombianas cuentan con gran experiencia; en la reactivación de sectores como petroquímica y aluminio, materias primas de gran interés en Colombia, y en la promoción de inversiones conjuntas que generen empleo y desarrollo.