“Vea, mijo, yo le digo algo. Si el gobierno va a venir solo a confrontar, a llenar las veredas de armas y a comenzar a fumigar con glifosato los campos sin ofrecer alternativas, esto se va a prender feo”. El oscuro panorama que parece precipitarse lo advierte el padre Arnulfo Mina, vicario de la Arquidiócesis de Tumaco y un religioso que se conoce como pocos las entrañas de esta población costera de Nariño. Él sabe bastante de las tristezas de su pueblo y del desencanto por tantas promesas incumplidas. Los temores de una nueva ola de violencia acompañan a los habitantes de esta zona del país. Tumaco está en la mira de todos y a la misma vez parece no importarle a nadie. Así lo siente el religioso, quien se queja de que a este puerto sobre el Pacífico solo lo voltean a ver cuando se recrudece la violencia, “de resto, no existimos”. Y no le falta razón. En diciembre Tumaco fue noticia cuando el presidente Iván Duque anunció que el hombre más buscado del país en ese momento, Walter Patricio Arizala, alias Guacho, había sido dado de baja. Al mando del frente Óliver Sinisterra, una de las disidencias de las Farc que opera en esta región, Guacho fue señalado por las autoridades de ser el hombre que lideraba el narcotráfico en la zona fronteriza con Ecuador. Las autoridades aseguran que manejaba dos laboratorios para el procesamiento de hoja de coca que podían producir diez toneladas de droga al mes. Como si fuera poco, era una ficha clave para los carteles mexicanos de Sinaloa, a quienes proveía de armas para que las entrara por Ecuador.
En 2018, según el informe de la organización Human Rights Watch, Tumaco tuvo la tasa de homicidios más alta del país. ©Guillermo Torres| Revista Semana La muerte de Guacho la recibieron con alivio en muchos sectores. Algunos en Tumaco creyeron que este hecho le iba a dar un respiro a un municipio sacrificado por la violencia y que tiene una de las cifras de homicidios más altas del país. Si hay una zona en Colombia en la que confluyen todos los actores de la violencia es esta. La Perla del Pacífico, con sus 3.760 km2, con salida al Océano Pacífico y al Ecuador, padece la gran paradoja de que su privilegio geográfico es al mismo tiempo su condena. Según el perfil productivo de Tumaco, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, en este municipio el 48,7% de las personas tiene sus necesidades básicas insatisfechas. Allí viven 200.000 personas y el 16% se encuentra en la miseria. Más del 12,3% vive en hacinamiento y el 76,4% habita en viviendas en estado precario. De ahí que las palabras del padre Mina sean un reclamo permanente sin importar el líder con el que uno se tope. Ya lo había dicho antes a SEMANA RURAL monseñor Orlando Olave, obispo de Tumaco: “La única salida para esta crisis es que las comunidades campesinas y afrodescendientes cuenten con alternativas reales que les permitan superar sus problemas de abandono”. El alto prelado sostiene que se trata de una región sin carreteras, con niveles educativos muy bajos y donde los campesinos no tienen solucionadas sus necesidades básicas. “Hay mucho abandono, es una injusticia con estas comunidades”.
Sin camisa y sinbotas, alias Guacho logró huir de un comando del Ejercito por el río Mataje. ©Guillermo Torres| Revista Semana Con Guacho no se fue la incertidumbre ni el temor. En menos de una semana, a finales de febrero, la violencia brotó de nuevo con la misma fuerza de hace apenas unos meses. Unas 150 familias habitantes de dos veredas del Consejo Comunitario Bajo Mira (Santo Domingo Vuelta del Carmen y Santo Domingo El Progreso) tuvieron que huir presurosamente hacia Ecuador luego de quedar en medio de los enfrentamientos entre la disidencia del Frente Óliver Sinisterra y otra banda criminal denominada Los Contadores. Algunas fuentes advierten que los enfrentamientos se produjeron porque en esta zona fronteriza se está dando una lucha, vereda por vereda, para copar territorio y garantizar los flujos de salida para el narcotráfico y la entrada de armas de largo alcance. El coctel de violencia nuevamente está sobre la mesa. Ivette Mina, defensora regional de Tumaco, dice que ellos tuvieron conocimiento de la situación el 28 de febrero y que en efecto hay una disputa territorial que está poniendo en peligro a la población fronteriza. Dijo que ya se pusieron en contacto con las autoridades de Ecuador que están atendiendo a la población desplazada, pero que solo se propiciará su regreso cuando las condiciones sean más seguras. No pasó más de una semana cuando en el kilómetro 54, de la vía que comunica a Tumaco con el municipio de Mallama, un atentado contra el oleoducto Trasandino alteró nuevamente la tranquilidad de la población. Los primeros señalamientos apuntan al ELN, que luego de la ruptura de las negociaciones de paz amenaza con reanudar su actividad terrorista en esta sufrida zona del país. Lo evidente, como dicen expertos entrevistados, es que la guerra por el control de los cultivos de coca y de las rutas de salida de la droga ha vuelto a su punto más alto. Algunos líderes aseguran que después de la muerte de ‘Guacho’ hubo una especie de armisticio entre las disidencias que operan en esta región para no atacarse entre ellas. Aunque esto no fue confirmado por ninguna autoridad, lo claro es que si existió ese acuerdo, el mismo no incluyó ni al ELN ni a los paramilitares que también recorren las zonas rurales de Tumaco y buscan apoderarse de las rutas del narcotráfico.
Según el informe de Monitoreo de Territorios afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia (2017) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) Nariño y el municipio de Tumaco continúan siendo las zonas con más coca en el país. ©Guillermo Torres| Revista Semana Cercados por la coca En Nariño hay cerca de 43.000 hectáreas de coca sembradas y por lo menos 32.000 están concentradas en Tumaco. Este municipio, junto con la zona del Catatumbo, son los más críticos del país. Las autoridades aseguran que en la actualidad Tumaco es el principal puerto de exportación de droga. Se estima que por sus esteros salen entre 200 y 300 toneladas de coca al año, lo que puede equivaler al 80% de todo lo que se produce en Colombia. Por eso, dicen los expertos, la guerra en Tumaco es a muerte. Las ganancias son millonarias para todos, menos para los campesinos cultivadores. Los grandes capos se refugian en Cali o alguna ciudad cercana y a Tumaco solo llegan los ‘lavaperros’ a negociar los pagos, azuzar la realización de paros cocaleros y organizar las famosas 'megarrumbas' con las que deslumbran a jovencitas del Puerto. La violencia se siente en la zona urbana y rural. El año pasado Tumaco junto con el Bajo Cauca fueron las dos zonas más críticas del país en materia de orden público. En el 2016 los homicidios llegaron a 137. Un año después se registraron 210 muertes violentas y el año pasado cerró con 245, lo que equivale a un aumento del 17%. De hecho Tumaco tiene la tasa más alta de homicidios del país con 70 muertes por cada cien mil habitantes. A esta peligrosa mezcla contribuyen por lo menos tres disidencias de las Farc que operan en la zona: el ya mencionado Frente Óliver Sinisterra, Guerrillas Unidas del Pacífico y la Gente del Orden. Mientras que el ELN, según un estudio del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, opera en Nariño con los frentes Comuneros del Sur, Héroes y Mártires de Barbacoas, Manuel Vásquez Castaño y Guerreros de Sindagua y las compañías Jaime Toño Obando, Camilo Cienfuegos y José Luis Cabrera. La mayoría de estas estructuras tiene su área de operación en la zona cordillerana, a excepción de los frentes Héroes y Mártires de Barbacoas y Guerreros de Sindagua que tienen su radio de acción en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Maguí Payán y Los Andes, es decir en el andén del Pacífico. Al complejo panorama hay que sumar bandas criminales como el Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, La empresa, y otro grupo que se hace llamar Los Contadores, involucrado en el reciente enfrentamiento que derivó en el desplazamiento de varias familias hacia Ecuador.
Para contribuir a la seguridad de la población y líderes sociales se creo la Fuerza De Tarea Conjunta de Estabilizacion y Consolidacion Hercules urbano en Nariño, Tumaco. ©Guillermo Torres| Revista Semana Un investigador de la Fundación Paz & Reconciliación precisó a SEMANA RURAL que Las Guerrillas Unidas del Pacífico, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Gente del Orden y el Frente Óliver Sinisterra son los grupos armados ilegales que mayor capacidad bélica y de control territorial tienen en el departamento de Nariño en la actualidad. De hecho, se estima que estos grupos tendrían aproximadamente el 90% del control del cultivo de coca, la producción de pasta base de cocaína y del narcotráfico de la región. La fuente también señala que desde el punto de vista de control territorial se está configurando una ocupación y toma del territorio por parte de las Guerrillas Unidas del Pacífico, quienes especialmente ejercen control en la parte continental y alta de los ríos que conectan el litoral con las zonas montañosas y el pie de monte costero de El Patía, Telembí, Tapaje e Iscuandé. Mientras tanto, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia controlan las zonas de acopio y las salidas al mar Pacífico en todo el litoral nariñense en puntos como Basan, Isla Gorgona, Amarales, Vigía, Isla del Gallo, La Ensenada y Boca Grande, en Cabo Manglares. Las versiones recogidas por los analistas de la Fundación Paz & Reconciliación coinciden en que estos dos grupos no solo se están disputando a muerte el territorio y sus rutas sino que también hay una lucha sangrienta por el reclutamiento de los antiguos miembros de las Farc, considerados combatientes con gran conocimiento de la zona y con arrojo para emprender acciones de guerra.
Calles de Tumaco, Nariño. ©Guillermo Torres| Revista Semana El temor de los campesinos En la mitad de todo este insólito entramado está la población civil. La preocupación ahora, dice Jairo Denis Castillo, líder del Consejo Comunitario del Río Rosario, es que se apruebe la fumigación y comiencen a arrasar los cultivos de coca. “Aquí la gente no cultiva porque quiere enriquecerse, amigo, lo hace porque no hay más. La gente cultiva la hoja porque no puede sacar una carga de plátano y no se la pagan bien. En cambio la hoja de coca hasta vienen y se la recogen, me entiende”. Este líder social dice que por ejemplo 17 comunidades de su vereda, El Rosario, están molestas con el gobierno nacional porque no les cumplieron los compromisos. “Tenemos como 1.500 familias que dijeron estar dispuestas a sustituir sus cultivos ilícitos y nunca les llegó el dinero para comenzar. Entonces la gente está brava. Imagínese entonces que de un día para otro lleguen con ese glifosato a arrasar todo lo que se encuentren, incluyendo el cacao, el plátano… Esto se puede calentar feo”, explica Castillo. Este hombre advierte que las comunidades han sostenido reuniones ante la posibilidad de que se altere aún más la tranquilidad, y que lo más importante es buscar una salida negociada y, sobre todo, que se cumpla con lo que quedó acordado en el proceso de paz con las Farc en materia de sustitución de cultivos ilícitos. Una posición que comparte el padre Mina, quien dice que “la gente está presintiendo que se viene más presión con el glifosato y se van a caldear los ánimos”. Analistas consultados también llamaron la atención sobre las presiones a la comunidad para que organice paros y se oponga a la fumigación, que, se sospecha, vienen de grupos armados que están en la zona y derivan millonarios recursos de la hoja de coca.
©Guillermo Torres| Revista Semana Recientemente un grupo manual de erradicadores cayó en un campo minado en la vereda Mata de Plátano, en la zona perteneciente al consejo comunitario de Alto Mira y Frontera. Dos personas murieron y diez quedaron heridas muy cerca de donde el año pasado fueron asesinados ocho campesinos cocaleros en circunstancias que aún hoy se están investigando. La tensión está a flor de piel. Para Camilo González Posso, de la Fundación Ideas para la Paz, el problema está en que el Estado pretende realizar un proceso de sustitución de cultivos a la fuerza sin tener en cuenta que es indispensable hacer una reforma rural integral. El analista reitera que la salida tiene que ser concertada, sin necesidad de utilizar la fuerza, con una reforma rural integral y una clara orientación campesina. “Es que si no le dan la mano al campesino y todos los subsidios se van a los grandes megaproyectos no hacemos nada”. El coronel retirado Carlos Alfonso Velázquez advierte que lo que se está llevando a cabo en Tumaco es una lucha por el espacio territorial en el entendido de que una vez que comenzó la desmovilización de las Farc, otras estructuras armadas comenzaron a moverse para copar esos espacios aprovechando, además, que el Estado no logró hacer la presencia institucional como se esperaba. “Esas otras estructuras bien pueden ser el ELN, grupos de bandas criminales, pero también es cierto que hay unos disidentes de las Farc que se sabía desde el primer momento que no se iban a desmovilizar, entonces se fortalecieron y quieren mantener ese dominio territorial para el manejo del narcotráfico. Está esa lucha por el espacio territorial para ver quién lo va a dominar, y en segundo lugar es indudable que existe una tensión alrededor de la presión que padece el alto Gobierno a nivel internacional por el crecimiento de los cultivos, pues tiene que demostrar resultados y continuar con acciones con las cuales se había comprometido”, explicó el analista.
Desde el punto de vista territorial, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia tomaron el control de las salidas al mar Pacífico desde Tumaco, Nariño.©Alexandra Ruiz | Revista Dinero. Velásquez va aún más allá y agrega que ejecutar ese control y reducir las hectáreas de cultivos en Tumaco encenderá una disputa que será inevitable que suceda. “Antes había un dominio por parte de las Farc que todo lo controlaba, cobraban impuestos a los narcos y a los cultivadores y nadie podía decir nada. Ahora ya no están los cabecillas de las Farc, entonces se produce ese gran enfrentamiento de los nuevos actores armados que quieren tener el control y seguir adelante con la cadena del narcotráfico. Y mientras no haya productos que garanticen que las comunidades pueden sobrevivir con su siembra en estas regiones, siempre habrá quien siga cultivando la hoja de coca”. Mientras tanto, el padre Mina sigue preocupado. A este vicario de la Arquidiócesis de Tumaco le llegan las quejas y frustraciones de los campesinos. No oculta su desazón, pero especialmente sus temores. Antes de despedirse suelta su última reflexión: “En Tumaco llegamos a pensar que íbamos a tener más tranquilidad, pero la paz ha sido muy esquiva con nosotros. La gente está temerosa de que haya una confrontación fuerte. Dios se apiade de nosotros y no pase nada”. Por: Gerardo Quintero | Editor nacional