Este domingo 29 de octubre se llevarán a cabo las elecciones regionales en Colombia y la Policía Nacional pondrá en marcha todo un dispositivo de control y vigilancia para que los comicios, donde se elegirán alcaldes y gobernadores, entre otros cargos, transcurran en completa calma y transparencia.
“Con todas las capacidades de la Policía se enfrentará la posibilidad de constreñimiento al sufragante que se puede generar en algunas regiones del país. La Policía va a estar atenta, con todas sus capacidades, para garantizar que estas sean unas elecciones libres, transparentes y seguras”, afirmó el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
En línea con ese objetivo, el ministro Velásquez confirmó que el Gobierno nacional ofrecerá hasta cinco millones de pesos para quienes, con su información, “permitan la identificación y posterior captura de quienes estén vinculados a delitos de corrupción al sufragante y tráfico de votos”.
El ministro aseguró que tanto la Fiscalía como la Policía están tras la pista de las llamadas “casas electorales” o “bodegas de votos” donde se paga por el sufragio. “En caso de que la información suministrada permita la ubicación de inmuebles destinados a la compra de votos, el pago de información podrá ser hasta por 20 millones de pesos”, indicó.
“El propósito es que estas sean unas elecciones transparentes, libres y seguras”, enfatizó Velásquez.
Aunque el fiscal general, Francisco Barbosa, criticó este mecanismo y cuestionó que se paguen recompensas sin que haya denuncias formales, para el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, es una forma de “enfrentar a las amenazas”.
“El proceso electoral en el país tiene unas amenazas. Hay amenazas de seguridad en zonas específicas del país y, para ello, hay un ‘Plan democracia’. Las Fuerzas Militares y de Policía están desplegando a más de 250.000 hombres por cada rincón de Colombia. El trabajo de enfrentar estas amenazas nos da garantías”, aseguró el ministro Velasco.
Para el ministro Velasco, combatir la compra de votos será una de las prioridades y, por eso, la decisión de ofrecer y aumentar la recompensa. “Si por la información de un ciudadano se hace el allanamiento a una de estas casas de compra de votos y se encuentra dinero en efectivo, y este pueda ser sujeto de extinción de dominio, es bueno recordar que las normas actuales permiten que ese ciudadano pueda participar hasta del 10 % de lo que allí se incaute”, recordó el minInterior.
Sobre los recursos para pagar las recompensas, el ministro de Defensa aseguró que hay un “fondo de aprovisionamiento” para el pago. Sin embargo, aclaró que “verificaremos” las denuncias ante el riesgo de falsa información que se proporcione por inescrupulosos en busca de la recompensa.
Frente a la polémica que desató la propuesta del Gobierno Petro, en rueda de prensa este miércoles 25 de octubre, el fiscal Francisco Barbosa recordó que en Colombia existe una clara división de poderes y se debe respetar. La carta magna indica que la Fiscalía General debe adelantar los procesos investigativos y perseguir el delito.
“Ni más faltaba que el Ejecutivo se encargue ahora de hacer las investigaciones judiciales en el país. Yo he estado durante este año y hasta el 13 de febrero estaré insistiendo en que en Colombia hay ‘tridivisión’ de poderes. El Estado de derecho funciona en la medida en que las ramas del poder público se dediquen a lo que deben dedicarse”, dijo el fiscal Barbosa en rueda prensa.