El proceso electoral sigue siendo una preocupación para la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, quien expresó su inquietud por el creciente incremento de hechos violentos en el país durante la apertura del foro ‘Avances del Proceso Electoral’, realizado en la ciudad de Tunja, Boyacá.
En su discurso, la jefe del Ministerio Público destacó con preocupación que “no se puede dudar que estamos viviendo un aumento de la violencia que no se puede permitir, y menos, en época electoral”. Hizo hincapié en la importancia de que todas las instituciones, especialmente el Gobierno nacional y la Fuerza Pública, se vuelquen para evitar cualquier amenaza a la transparencia y la seguridad del proceso electoral, ya que, en sus palabras, “lo que está en juego es la democracia”. Además, enfatizó que es esencial ofrecer garantías plenas de seguridad en todas las etapas de las elecciones en el país.
La procuradora también hizo referencia a la situación en materia de orden público en el territorio colombiano. Según la tercera versión del ‘Mapa de Percepción de Riesgo’ presentado por el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (Ci3E) de la Policía Nacional, que abarca 17 municipios, ninguno de Boyacá se encuentra en riesgo o está catalogado en nivel de atención. Sin embargo, resaltó que, según la información recibida de las autoridades locales y personeros, al menos 40 municipios en el departamento de Boyacá enfrentan riesgos de seguridad que afectan directamente el proceso electoral.
“Ellos son nuestros representantes en los territorios, y la información que tengo es que sí tenemos riesgos al menos en 40 municipios del departamento por temas de seguridad, que afectan directamente el proceso electoral”, señaló la procuradora.
La Cabello Blanco aprovechó la ocasión para expresar su preocupación acerca de la financiación de las campañas políticas. Hizo un llamado a las autoridades electorales para que refuercen las medidas destinadas a prevenir situaciones que puedan afectar la transparencia del proceso electoral.
“Hago un respetuoso requerimiento a las autoridades electorales para que extremen las medidas, a fin de prevenir situaciones que afecten la transparencia del proceso electoral y eviten esta forma de corrupción que bastante daño le hace al país”, añadió.
Además, señaló que, tras el cierre del periodo de inscripciones de candidatos, se realizaron verificaciones de antecedentes en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI), lo que reveló que de los 128.208 inscritos, 700 presentaban anotaciones que generaban inhabilidad para ser elegidos y desempeñar el cargo al que se habían postulado.
De igual forma, la procuradora Margarita Cabello hizo un llamado a los ciudadanos para que se conviertan en veedores y contribuyan a prevenir delitos y faltas disciplinarias relacionadas con la financiación de las campañas políticas, la propaganda electoral y su colocación en lugares no autorizados, así como el fenómeno histórico de la inscripción irregular de cédulas (trashumancia electoral). Su llamado se centró en la importancia de la participación ciudadana para garantizar elecciones justas y transparentes en Colombia.
Defensoría pide garantías para la participación de jóvenes en elecciones
Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió un llamado urgente a todas las entidades estatales en Colombia para colaborar en la “eliminación de las barreras” que obstaculizan la participación de los jóvenes en los procesos democráticos. Este mensaje se enfatizó durante la presentación del informe defensorial titulado ‘Sistema Nacional de Participación Juvenil, una herramienta para la participación e incidencia juvenil: diagnóstico y seguimiento a su implementación’, llevada a cabo en Buenaventura, Valle del Cauca, el pasado mes de agosto.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, subrayó la importancia de garantizar el derecho a la participación de los jóvenes y señaló que esto también implica asegurar otros derechos fundamentales que están siendo vulnerados. En sus palabras, “los jóvenes son actores estratégicos para el desarrollo del país y la transformación social”.
El informe de la Defensoría se centró en la implementación de la Ley 1622 de 2013, conocida como la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, que estableció los Consejos de Juventud como mecanismo de participación para dialogar con el Estado. A pesar de los avances en este aspecto, el informe destacó que los jóvenes aún enfrentan obstáculos para una participación plena y garantizada.
Carlos Camargo Assis explicó: “Hemos escuchado las voces de las juventudes en diferentes territorios del país, realizado encuestas a más de 300 jóvenes consejeros de juventud y solicitado información a instituciones nacionales. Esto nos permite presentar un panorama actual del ejercicio de participación”.
El informe también analizó el derecho a la participación en relación con otros derechos prioritarios de los jóvenes, como la vida, educación, trabajo y salud. Se destacó que el 43,7% de los homicidios ocurridos en 2022 se concentraron en el rango de edad de 14 a 28 años. Además, se señaló que tanto los miembros de los Consejos de Juventud como las Plataformas de Juventudes enfrentan amenazas y riesgos a su vida e integridad debido a su liderazgo.
El Defensor del Pueblo enfatizó la necesidad de establecer un mecanismo institucional de seguimiento para la toma de decisiones y acciones de prevención y protección de la vida de los jóvenes, destacando que es un mecanismo de participación de rango constitucional que merece toda la atención estatal.