Por estos días que tanto se habla de corrupción en el sector público, vale la pena mencionar que el sector privado también está padeciendo este flagelo, que junto con el fraude, han generado pérdidas para las empresas de hasta US$500.000.Así lo revela el más reciente estudio publicado por KPMG: “Encuesta sobre fraude en Colombia 2017”, sondeo aplicado a más de 500 empresas que operan en el país y según el cual el 80% de los fraudes en las organizaciones es perpetrado por los mismos empleados.El top 10 de fraudes más realizados son:1. Robo de dinero (35%)2. Pérdida o daño de inventario (16%)3. Soborno (15%)4. Conflicto de intereses (11%)5. Manipulación del flujo de caja (5%)6. Reconocimiento fraudulento de ingresos y egresos (5%)7. Desembolsos fraudulentos (5%) 8. Manipulación de métricas o indicadores financieros (4%)9. Acceso no autorizado (cibercrimen) (2%) 10. Piratería (cibercrimen) (2%).Lea también: El 55% de empresas de América Latina utiliza programas informáticos piratasDe acuerdo con el análisis de la consultora, la falta de controles internos y la debilidad en la cultura ética son las principales causas de fraude en las empresas. Así mismo, los hallazgos evidencian características propias de los fraudes en el país, tales como el tiempo transcurrido entre el inicio de la conducta y la detección, que fue de entre un mes y seis meses en el 62% de los casos y entre seis y doce meses en el 24% de los casos. Las organizaciones indicaron que en el 85% de los casos se logró identificar al perpetrador o perpetradores y en el porcentaje restante no fue posible. Frente al tema, Diego Ríos, Director de Servicios Forenses de KPMG en Colombia, aseguró que los resultados indican que más de la mitad de las organizaciones encuestadas han experimentado algún tipo de evento de fraude durante los últimos años y que el control interno fue el medio principal por el que se detectó el evento, con un porcentaje del 60%, seguido por los mecanismos de denuncia, con un 22%.El impacto financiero de esta serie de hechos delictivos es grande. Según el análisis, el 45% de las empresas en Colombia logró cuantificar el monto defraudado en un valor de hasta US$10.000. Otro 20%, tuvo pérdidas entre los US$10.000 y los US$50.000, mientras que un 23% reportó un detrimento superior a los US$50.000 y con un tope de hasta US$500.000.Los más vulnerablesLas áreas internas de las empresas que son más vulnerables a los delitos son: operaciones y producción, ventas y atención al cliente, alta gerencia, tesorería, compras y bodega. En cuanto al perfil del perpetrador, el estudio de KPMG identificó que el 56% de las veces es de sexo masculino, con edades entre los 25 y 40 años (57%) y un nivel de educación profesional (36%) o técnico/tecnológico (33%). En un 22% de los fraudes se presenta colusión. En el caso de las mujeres, se evidencia que solo en el 11% de los casos actúan individualmente.Lea también: La Alianza Latinoamericana Anticontrabando invita a redoblar acciones contra ese flageloPor su parte, cuando se analiza la naturaleza de quién comete el ilícito, se encuentra que en el 25% de las situaciones es un colaborador interno de la empresa, complicidad entre empleados (18%), supervisor (9%), alianzas entre colaborador y proveedor (7%) y alguien de la alta gerencia (7%). En tanto, al revisar el promedio de antigüedad de las personas que cometen estos delitos, el 38% llevaba entre tres y cinco años, seguido por quienes llevaban más de 10 años (16%). Entre los motivos que llevaron a que los delitos se llevaran a cabo son diversos: el primero fue la presentación de la oportunidad. Otros fueron: la ambición y codicia, problemas económicos, presión por el alcance de los objetivos y resentimiento con la organización. Según el estudio de KPMG, el 69% de las compañías indica que la investigación interna es la primera acción que toman una vez se tiene conocimiento del fraude. Después de comprobar la evidencia, inician una acción judicial contra el empleado/tercero o realizan la denuncia ante los organismos reguladores pertinentes. Sin embargo, el 33% expresa que no se generó una condena o sanción, a pesar de haber interpuesto una denuncia.Asimismo, la mayor parte de los encuestados expresó no haber identificado ninguna señal de lo que sucedía, mientras que el 23% tuvo como indicio el estilo de vida del perpetrador.Fraude transnacionalEn el marco de la presentación del estudio, el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, se refirió al fraude internacional. Al respecto, aseguró que según cifras del Foro Económico Mundial, cerca del 5% del PIB global se va en corrupción, lo que significa alrededor de US$1 billón (millón de millones) que se paga en sobornos, coimas y cohecho internacional, por parte de particulares a funcionarios públicos del exterior.Lea también: Contrabando y piratería, dos flagelos que desangran la economía colombianaEn el ámbito colombiano, aseguró que desde la expedición de la Ley 1778 de 2016 la entidad adquirió precisamente poderes muy estrictos para controlar y sancionar los casos de soborno internacional, lo cual ha dado resultados interesantes, ya que hay circunstancias en las que se han impuesto sanciones por incurrir en la práctica de soborno internacional o por obstruir las investigaciones de la Supersociedades.En este sentido, afirmó que se han impuesto multas de hasta 5.000 salarios mínimos, pero advirtió que la entidad tiene facultades para imponer multas hasta por 200.000 salarios mínimos por cada infracción de soborno internacional.Es así como señaló que la entidad está alerta para ejercer adecuadamente las facultades de dicha ley, para prevenir y sancionar cualquier hecho de soborno internacional en que incurra una empresa colombiana en el exterior. Por su parte, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, manifestó que la colaboración internacional en torno al tema de corrupción y fraude ha sido “una vergüenza”, por lo cual dijo que es clave que el Gobierno Nacional levante esa bandera con la cooperación de los organismos de control. “Hay que montar una diplomacia contra la corrupción que ojalá lidere Colombia”, puntualizó.Agregó que el sector privado tiene que sumarse a las actividades que adelantan los organismos de control desde el punto de vista de los mecanismos legales para combatir este flagelo.En tal sentido, sostuvo que las empresas deben incorporar temas de ética, tener una gobernanza corporativa moderna y contar con oficiales que se encarguen de las necesidades a nivel de probidad al interior de las compañías. Además dijo que deben tener la convicción de que el sector privado es un protagonista fundamental de lo público. Responsabilidad conjuntaEl presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien también participó en la presentación de los resultados de la encuesta, manifestó que la responsabilidad en torno a temas de corrupción es de todos: agentes públicos y privados, así como ciudadanos en general.Aseguró que uno de los sectores más afectados por temas de corrupción y fraude es el de la salud. También hay sectores como el de aduanas e infraestructura, que también se han visto amenazados por estos flagelos, por lo cual –dijo– hay que dar una gran lucha, apalancados en la tecnología.