De acuerdo a la carta a la que ha tenido acceso Dinero, en octubre del 2019 la Ocde había advertido y recomendado al Gobierno colombiano ampliar la competencia del sector de telecomunicaciones. Asimismo, indicó que un solo operador (Claro) tenía el 54% de concentración. “Una alta concentración del mercado también está alineada con los altos precios de la banda ancha fija en Colombia”, dijo la Ocde en el documento Going Digital, citado por los reclamantes. Además, señaló que esta situación limita los niveles de conectividad de los colombianos. Lea también: Transparencia, el pedido para las futuras discusiones del presupuesto general En la queja presentada, que se conoce un año después de la recomendación de la Ocde, los presidentes de los operadores Tigo, Virgin Mobile, ETB, Partners Telecom Colombia, Telefónica y la Asociación de Operadores de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia (Asotic), manifiestan que el Gobierno está en mora con la toma de “medidas concretas que frenen el avance de un monopolio de las telecomunicaciones en el país”. Asimismo, advierten que la concentración de la telefonía móvil reduce la competitividad, con una menor digitalización, que impacta negativamente la innovación. “Se necesitan reglas de juego claras para competencia efectiva, con foco en tarifas de voz y datos móviles, ya que la dominancia se trasladó a banda ancha móvil por el empaquetamiento, y por la misma vía, a la telefonía fija, la banda ancha fija y la TV por suscripción”, añade la queja presentada ante la Ocde. También expusieron las inversiones de Claro en el país: “Ha invertido en los últimos 6 años solo el 15,7% de sus ingresos totales, 15,9% en móviles y 15,4% en fijos; siendo que, con esta misma fuente, los otros operadores han invertido entre un 18% y 21%”. Lea también: Las cinco claves para potenciar los negocios con tecnología, según Oracle Claro ha sido denunciado por presuntas infracciones al régimen de libre y leal competencia, y sancionado por abusos a los usuarios por la Superintendencia de Industria y Comercio. La más reciente es la sanción de $983 millones por vulnerar el derecho de libre elección de sus usuarios a terminar sus contratos. Sin embargo, Claro señaló que no ha sido notificada de la decisión y agregó que "no tiene más información sobre los argumentos que llevaron a la SIC a imponer la sanción más que la dada por medio del comunicado de prensa de la autoridad".