El crecimiento en el contrabando de cigarrillos acaba de pasarle una costosa factura al país: el cierre, a partir de hoy, de las operaciones productivas de la multinacional Philip Morris en sus plantas de Medellín y Barranquilla. El vicepresidente de Coltabaco-Philip Morris, Carlos Guzmán, anunció que en el país solo se mantendrá la operación comercial, pues Colombia sigue siendo uno de los principales mercados de esta compañía, pero que cesarán las operaciones productivas en las dos plantas. Esto implica que alrededor de 250 trabajadores que se dedicaban a la fabricación de cigarrillos en el país quedarán cesantes. Sin embargo, la compañía aseguró que para este grupo se propone un acuerdo de retiro voluntario “basados en una propuesta económica generosa y atractiva, que se encuentra muy por encima de lo establecido en la normatividad legal vigente”. Este acuerdo con los trabajadores, sin embargo, tendrá que negociarse en todo caso con el sindicato de la empresa y los empleados cubiertos por esta medida. La noticia también afecta a los cultivadores de tabaco en el país. Esta compañía es actualmente la compradora de un poco más del 50% de la hoja de tabaco que se cosecha en Colombia. El directivo señaló que este año la tabacalera dará cumplimiento a los contratos vigentes de compra anticipada de hoja de tabaco, que se extiende hasta finales de este año, “pero no celebrará nuevos contratos a partir del año 2020”. Sin embargo, tiene previsto entregar un bono a los cultivadores de tabaco actuales para “facilitar su transición a otras actividades económicas, una vez culminada la presente cosecha”. ¿Qué provocó esta decisión de cerrar las plantas de producción en Colombia? Para los directivos de Coltabaco, dos factores se conjugaron para quitarle la rentabilidad a la operación productiva en el país: por un lado, el aumento ‘abrupto’ en el impuesto al consumo que se aprobó en la reforma tributaria de 2016, y que disparó el contrabando, que el año pasado alcanzó el 25% en el caso de los cigarrillos, cifra que consideran histórica. “En este sentido, esta difícil realidad obliga a la compañía a revaluar su esquema de operación”, sostuvo Guzmán, quien señaló que esto no implica que la compañía vaya a salir del país, pues reconoce que en el mercado colombiano mantienen un liderazgo en ventas y por eso planean continuar con la operación bajo un esquema diferente, que resulte más eficiente y haga sostenible el negocio. En otras palabras, solo mantendrán la parte comercial. Eso sí, la compañía planea consolidar un proceso de integración con las otras filiales que tiene en Ecuador, Perú y Venezuela, con el propósito de potenciar sinergias y afianzar su posición en la región. El cierre de las operaciones productivas tiene impacto para los empleados y para el gobierno central, que ha insistido en la necesidad de generar mejores condiciones para la producción en el país y para la llegada de nuevos inversionistas. También en esta ecuación están los departamentos, que derivan buena parte de sus recaudos de impuestos del consumo de cigarrillos. Pero Guzmán dio un parte de tranquilidad para los gobernadores e insistió que el nuevo modelo organizacional no supone un cambio o afectación alguna en el recaudo del impuesto de consumo al tabaco en cabeza de los departamentos, que el año pasado alcanzó los $627.795 millones. “Tampoco se afecta el cumplimiento del Convenio de Inversión y cooperación celebrado con los departamentos, el cual contempla la destinación por parte de Philip Morris International de aproximadamente US$200 millones para la lucha contra el contrabando”, aseguró la compañía en un comunicado. El cierre de la producción de esta compañía se convierte en un nuevo desafío para el gobierno, que tendrá que emplearse a fondo para mejorar las condiciones de la inversión en el país, pero que también tendrá que mejorar su estrategia de combate al contrabando, que está acabando con miles de empleos y la generación de nuevo tejido empresarial.