Para esta medición se tuvo en cuenta la opinión de los directores ejecutivos de 678 pequeñas y medianas empresas con niveles de facturación superiores a $1.000 millones, con más de 5 años y ubicadas en Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla.Este año, uno de los aspectos que le preocupa a un mayor número de microempresarios es el tiempo que deben invertir en la constitución de políticas y procedimientos relacionados con protección de datos personales (67% de los encuestados).El año pasado este indicador le preocupaba apenas a un 15% de los microempresarios del país.Visite: Estas son las pymes más ganadoras de Colombia en 2017Un comportamiento similar se observó para los temas relacionados a la implementación de normas internacionales de información financiera y contable, que pasaron de preocupar un 22% a un 43% entre 2016 y 2017, respectivamente. Otro de los dolores de cabeza importantes tiene que ver con la implementación de procedimientos asociados al sistema de seguridad y salud en el trabajo, que para 2016 llegaba a un 12% y en esta medición asciende a un 59%.Cuando se cuestiona el motor empresarial sobre el origen de su preocupación en cuanto a las normas financieras internacionales, seguridad y salud en el trabajo y datos personales, el 74% respondió que temen a la imposición de multas y sanciones por parte de las instituciones de vigilancia y control.Estas son las principales preocupaciones de los microempresarios entre 2016 y 2017:
Justamente, el director ejecutivo de Sinnetic, Gabriel Contreras, afirmó que estas preocupaciones están invadiendo a las pymes porque los organismos estatales han presentado un amplio abanico de multas y sanciones en caso de no implementar dichos sistemas. Frente a lo anterior, propone que el Estado debe clasificar las obligaciones documentales a las empresas, pues el microempresario siente que se le exigen lo mismo que a las grandes.Recomendado: Ausencia de empresas en internet no es cuestión de dinero, sino de desinformaciónEn razón de esto asegura que un microempresario debe invertir más tiempo, energía y dinero en el cumplimiento de las necesidades que pide el Estado.“La propuesta es que la implementación de estas buenas prácticas sean progresivas y dosificadas según el tamaño de la empresa; debe haber tutores estatales o consultores que faciliten al empresario comprender y adoptar estas buenas prácticas. El estado no puede solo multar, debe entrenar”, señala el vocero de Sinnetic.Justamente el informe concluye que una de las mayores preocupaciones de los microempresarios es el tiempo y dinero que deben invertir para dar satisfacción a las necesidades y requerimientos del Estado.“Responder a las necesidades documentales del Estado y financiar grandes compañías, hacen que los empresarios dejen de prestar tiempo a la innovación, al desarrollo de producto y a los problemas estructurales de sus organizaciones, desacelerando su proceso competitivo”, afirmó Contreras.Lea también: "Todo el mundo habla de innovación pero casi nadie la aplica", dice experto¿Colombia quiere encajar?Vale la pena recordar que el pasado 19 de septiembre de 2013, Colombia recibió la hoja de ruta para adhesión al proceso de ingreso a la OCDE, este plan de trabajo busca la armonización del país con buenas prácticas internacionales, lo cual requirió la revisión por parte de 23 comités técnicos, que hasta la fecha, van 20.Este plan es insignia del actual gobierno porque busca alinear los intereses del sector público y privado para lograr mayor inclusión, competitividad y alineación a los objetivos de avance.El informe de Sinnetic mostró que el 67% de los empresarios consultados juzga la normatividad como un mecanismo improvisado para lograr el ingreso al ‘club de las mejores prácticas OCDE’, más que un esfuerzo genuino por parte del Estado de lograr competitividad empresarial.Recomendado: ¿Por qué están pesimistas las pymes en Colombia?