Cada reforma legal, sentencia judicial, política de gobierno o decisión administrativa trae consigo enormes repercusiones. Pero Colombia tiene un permanente tsunami de nuevas normas, cambios, ajustes, pronunciamientos y transformaciones que hacen complejo su desarrollo. Aunque los cambios son naturales en el sector legal, se ha llegado a un punto que muchos califican de preocupante. La inversión extranjera es uno de los grandes motores de la economía y, para atraerla, el país ha suscrito múltiples tratados en los últimos años. Sin embargo, el reto es garantizar condiciones mínimas de seguridad para la inversión, lo que permitiría mejorar la competitividad frente a otros países de la región. Para Diego Muñoz, socio de Muñoz Tamayo, "el problema más grande para la economía es la incertidumbre". Por eso hay que trabajar en disipar ese concepto clave. Martín Gustavo Ibarra, socio de Araújo Ibarra Asociados, considera que una forma efectiva de lograrlo es hacer “que el derecho sea un instrumento de desarrollo del país y no un elemento que nos saque de los negocios”.
No solo se trata de asegurar que haya reglas de juego claras: también garantizar el acceso a la justicia. Porque solucionar un incumplimiento contractual, el cobro de una factura o la regulación para obtener una licencia es un factor decisivo para el buen curso de los negocios. Una forma de lograrlo es a través de arbitrajes de inversión, que se han convertido en tendencia. “Se pacta arbitraje simplemente para hacer cumplir obligaciones y buscar seguridad jurídica”, asegura Andrés Crump, socio de Baker McKenzie. El Estado es uno de los más activos en arbitraje. En este momento enfrenta 11 demandas –acaba de fallarse la de la minera Glencore, que obligó al Gobierno a devolverle US$19 millones– y nueve negociaciones activas por cuestiones de inversión. “Que nos obliguen a tener seguridad jurídica con las demandas internacionales es muy triste (...) Si empiezan a condenar a Colombia, vamos a tener que empezar a hacer varias reformas”, dice Eduardo Zuleta, socio de Zuleta Abogados.
Para él, la solución es formular verdaderas políticas de Estado que involucren a todas las ramas del poder público y que tenga como fin la armonización y coordinación. Incertidumbre fiscal En materia tributaria existe una aguda problemática. Mauricio Piñeros, socio de Gómez Pinzón, asegura que le preocupa la inestabilidad jurídica. "Con una reforma tributaria cada dos años, es imposible hacer planeación y atraer inversión”, dice. Las condiciones tributarias son un factor clave a la hora de invertir y crear empresas. Por ello, Juan Guillermo Ruiz, socio de Posse Herrera Ruiz, pide que se abogue por una mayor confianza, que solo se dará con claridad normativa y competitividad tributaria. A los abogados también les preocupa la seguridad jurídica en decisiones de las entidades del Estado. Por una falta de criterio uniforme en la interpretación de las leyes y reglamentos, en ocasiones no es posible tener igualdad de condiciones. Para Rafael Rincón, socio de Zuleta Abogados, “hay un temor muy grande en lo que tiene que ver con inconsistencias en la aplicación de la ley por parte de ciertas entidades administrativas y agencias del Estado”. Recomienda hacer un esfuerzo para fortalecer la transparencia y predictibilidad de los procesos, que es fundamental para enfrentar la corrupción. Por su parte Carlos Medellín, socio de Medellín & Durán Abogados, dice que, si bien existe espacio para mejorar, la antigüedad de las instituciones permite solidez en el ordenamiento. Eso sí, temas coyunturales como los escándalos de corrupción afectan la percepción. Medellín destaca que en los últimos años se ha fortalecido el precedente judicial. Y recomienda que para combatir la inseguridad jurídica hay que “fortalecer nuestra jurisprudencia a través de sentencias de unificación que emitan las altas cortes para que no quedemos a merced de lo que cualquier juez quiera decidir”. La importancia del precedente recae tanto en la justicia ordinaria como en la arbitral y tiene que ver con el imperio de la ley.
Este esfuerzo de armonización apunta a solucionar la problemática. Para Tatiana Garcés, socia de Baker McKenzie, “se puede aceptar que la ley sea rígida, que tenga muchas obligaciones y unos costos determinados, pero es necesario saber cuáles son las reglas de juego”. Frente a la dispersión y falta de claridad normativa, el Ministerio de Justicia impulsó el Proyecto de Depuración Normativa, que busca eliminar 10.667 leyes y decretos obsoletos. Solo en temas de obras y adjudicaciones hay 1.558 normas depuradas. ¿Y la corrupción? Para los colombianos, la corrupción es uno de los temas más graves. Y Héctor Hernández, socio de PPU coincide en que “la más grave de las inseguridades jurídicas es la corrupción”. El país no ha sido ajeno a estos escándalos que golpean la percepción que tienen los ciudadanos de sus instituciones: Odebrecht, el cartel de la toga, el carrusel de la contratación, entre otros, repercuten en la práctica legal. Según el Índice de Percepción de Corrupción, en 2018 Colombia ocupó el puesto 99 entre 180 países medidos por Transparencia Internacional. En la región, el país quedó por debajo de Chile, Uruguay y Argentina. Para Crump, es un tema de alto impacto y “tampoco es claro cuáles son las consecuencias de incidir en prácticas corruptas”. Asegura que la corrupción del país o el temor frente a una potencial práctica ilegal incide definitivamente en que se lleve o no a cabo un proyecto. Martín Acero, socio de PPU, agrega que se debe crear "un clima de transparencia ante la corrupción junto a una pronta y correcta administración de justicia”. La solución estaría en que se planteen y ejecuten investigaciones y políticas de disuasión contra la corrupción. Para Marcela Monroy, socia de Monroy Torres, lo ideal es tener "mecanismos efectivos para denunciar y lograr una justicia pronta.” Las preocupaciones de los abogados coinciden con las dificultades que trae el desarrollo competitivo del país. Por eso es hora de diseñar estrategias efectivas que le permitan a Colombia combatir este flagelo.