El pasado 24 de abril, la Superintendencia de Sociedades anunció la apertura del proceso de liquidación judicial de la plataforma de intermediación de transporte y mototaxismo, Picap, ordenada por la Superintendencia de Transporte a finales del 2019. La decisión llevó a que la matriz de esta plataforma, Cap Technologies S.A.S dejará el país y la aplicación quedara en vilo, funcionando a media marcha. Según explica Héctor Neira, CFO de la compañía, la medida es arbitraria y violó el derecho al debido proceso. “No tuvimos derecho a defendernos, a explicar nuestro modelo de negocio. La Supertransporte visitó las instalaciones para conocer cómo estaba estructurado el negocio. Tiempo después recibimos el auto que decreta la liquidación de la compañía, decisión en la que tuvieron en cuenta estados financieros antiguos y otra serie de incoherencias por parte de la entidad”, afirmó Neira. En ese contexto, la compañía instauró una tutela contra la Supertransporte por violación al debido proceso de la cual se espera tener respuesta la próxima semana.
Según explicó Neira, la decisión de la Supertransporte, además de contar con datos antiguos de la compañía, está basada en la actividad con la que inició el mototaxismo, la cual es considerada como ilegal en el país. Sin embargo, llama la atención en que actualmente la plataforma no está dedicada 100% a esta actividad sino que también presta otros servicios como mensajería, domicilios y conexión de trabajadores independientes con usuarios que requieren sus servicios. Incluso, dada la emergencia por el coronavirus la compañía había dado un vuelco de 180 grados a sus modelo de negocio incluyendo servicios como la telemedicina y domicilios con cadenas de supermercados, entre ellas Justo & Bueno. “La decisión afecta los negocios de la empresa que no solo estaban concentrados en conectar la oferta con la demanda de transporte, también somos un portal de contacto para peluqueros, manicuristas, médicos, psicólogos. No entienden ni quieren entender nuestra verdadera actividad”, dijo.
Resaltó que la medida está dejando sin oportunidades de generar ingresos a más de 50.000 ciudadanos que prestaban los diferentes servicios a través de la plataforma, y que en momentos como el que se está viviendo a causa del coronavirus, aún más ven en estos espacios una herramienta para subsistir. Así como a cerca de 250 empleados directos con los que contaba la compañía. De hecho, Neira asegura que desde que la Supersociedades anunció la medida los dejaron en jaque porque les quitaron la capacidad legal de manejar la empresa y les embargaron las cuentas, situación por la cual no han podido pagar liquidaciones, proveedores y demás gastos de la compañía.
Así mismo, las alianzas que habían logrado en los últimos días a raíz de la emergencia sanitaria se cayeron. “Nadie de la Supersociedades, ni siquiera el liquidador aparece. Están afectando al 100% de los empleados y aún peor, en momentos donde el mismo Gobierno ha hecho un llamado para conservar el empleo”, aseveró. Neira aseguró que en caso de que la tutela sea negada, Cap Technologies S.A.S no descarta el demandar al Estado, dado que la compañía matriz ha hecho una serie de inversiones en el país que se verían pérdidas con su eventual salida, así como una afectación a su imagen. “La junta directiva está buscando defender sus derechos, se están perdiendo US$6 millones invertidos en esta empresa que nació en Colombia, así que utilizaremos las herramientas legales tanto en el país como en el exterior”, concluyó el CFO de Picap.