Luego de varios años de investigación, la SIC decidió sancionar a las empresas que hicieron parte de la adjudicación y ejecución del proyecto Ruta del Sol II, debido al escándalo que se conoció sobre entrega de "coimas" por casi US$6,5 millones para ganarse el proyecto. La Superintendencia incluyó entre las empresas sancionadas a la Constructora Norberto Odebrecht, envuelta en escándalos de corrupción en toda América Latina, a la cual le impuso una sanción de $87.780 millones. Asimismo, se multó con ese mismo valor a Odebrecht Participacoes e Investimentos. Lea también: Los gigantes tecnológicos, cada vez más poderosos y cuestionados en 2020 En la sanción también fue incluida Corficolombiana, del Grupo Aval, que hizo parte del concesionario que obtuvo la licitación, por lo que la SIC le impuso una multa por $55.564 millones. En tanto que Episol, que es un mecanismo de inversión de Corficolombiana, recibió una multa por más de $33.826 millones. La concesionaria Ruta del Sol S.A.S., que actualmente se encuentra en liquidación, recibió una multa de $221 millones. En cuanto a las personas naturales, la SIC tomó la decisión de imponer sanciones a cuatro personas por haber "colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado el sistema restrictivo de la libre competencia económica". Los sancionados fueron Luiz Antonio Bueno Junio (Odebrecht), a quien se le impuso una multa de $1.755 millones; Luiz Antonio Mameri (Odebrecht), $1.228 millones; Yezid Augusto Arocha (Odebrecht), $185 millones y José Elías Melo (Corficolombiana), $393 millones. Gabriel García Morales fue exonerado al 100% por el programa de beneficios por colaboración, pues el exviceministro confesó y delató conductas violatorias del régimen de libre competencia económica durante la estructuración, adjudicación y ejecución del proyecto. Recuento del caso En principio, se conoció hace un par de años que Odebrecht desplegó un esquema de corrupción altamente complejo, que se prolongó por más de una década y que resultó en el pago de cientos de millones de dólares en sobornos en diferentes países. Para esto creó una “División de Operaciones Estructuradas” como un departamento de soborno independiente, que reportaba sus actividades ilícitas a los más altos niveles directivos de esa empresa para obtener autorización para el pago de coimas a través de una compleja red de empresas fantasma, transacciones fuera de los libros de contabilidad y cuentas bancarias en el exterior, según la SIC. Lea también: Sacar más provecho de los datos, una tarea pendiente en Colombia En este caso la Superintendencia de Industria y Comercio encontró plenamente acreditada la puesta en marcha de un sistema anticompetitivo entre Odebrecht, Corficolombiana y Episol, "a través del cual, en una primera fase, idearon, celebraron y ejecutaron un acuerdo anticompetitivo para garantizar la adjudicación del Contrato de Concesión No. 001 de 2010 en favor de la Concesionaria y, en una segunda fase, a través de una dinámica de reembolsos y pagos irregulares". Según la entidad, esto se materializó través de la instrumentalización de diferentes contratos, que "les permitió dividir los costos derivados del pago del acuerdo anticompetitivo y, en forma concomitante, desplegar una estrategia de compensación a través de una adición contractual, con la finalidad de extraer indebidamente la mayor utilidad posible del proyecto Ruta del Sol II". Una vez concretado el acuerdo con García Morales, Odebrecht y Corficolombiana idearon y planificaron que directamente en la ejecución del Contrato de Concesión se haría la división de los costos del pago de la retribución económica pactada, la cual ascendió a la suma de US$6,5 millones y de cuyo pago inicialmente se encargó Odebrecht, explicó la Superintendencia. De esta manera, Odebrecht, Corficolombiana y Episol, a través de la instrumentalización de diferentes contratos, que como rasgo común carecían de soporte o debida justificación, "desviaron recursos de la ejecución del Contrato de Concesión No. 001 de 2010, para efectuar el reembolso del pago derivado del acuerdo anticompetitivo con García Morales, el cual fue hecho a través de la empresa española DCS Management por medio de pagos hechos por Consol". La estrategia también buscaba asegurar el éxito de la adición de la “Transversal Río de oro-Aguaclara-Gamarra, correspondientes al tramo 8 del sector 2 del Proyecto vial Ruta del Sol”, para lo cual se instrumentalizaron contratos y se contó con la actuación de Otto Nicolás Bula Bula, a quien se le encomendaron “gestiones” para obtener la adición contractual evitando el riesgo que le representaba a la Concesionaria competir en un escenario de libre concurrencia por las obras adicionales en un proceso de licitación pública. "La decisión se profirió una vez agotadas todas las etapas del procedimiento administrativo por prácticas restrictivas de la competencia adelantado por la Delegatura y sancionado por el Despacho y el Consejo Asesor, en el cual se respetaron y garantizaron en todo momento los derechos de los investigados, el debido proceso y la presunción de inocencia", indicó la Superindustria, que agregó que ante esta decisión procede el recurso de reposición ante el superintendente.