El Plan de Desarrollo del primer Gobierno de Juan Manuel Santos ordenó delimitar los 36 complejos de páramos que existen en el país. Esto con el fin de aclarar en qué sitios se podría realizar minería. En 2014, luego de tres años, se expidió la primera delimitación, la del páramo de Santurbán. Sin embargo, no resultó como se esperaba, pues dentro del área quedaron varias comunidades de minería artesanal y otras actividades como ganadería y agricultura. El objetivo principal era proteger los recursos naturales y sacar las grandes actividades de minería de estos ecosistemas. Pero el resultado final no dejó contentos a los ambientalistas, a las comunidades de los pueblos de Vetas, California y Suratá; ni a los mineros artesanales, ni a las multinacionales. Tiempo después, varios dirigentes de las comunidades de la zona, que quedaron dentro del área protegida, demandaron ante la Corte Constitucional la resolución que delimitó el páramo. Consideraban que el proceso no tuvo en cuenta el contexto social y económico de la zona en cuestión, lo que violó sus derechos fundamentales. Y en 2017 la Corte Constitucional les dio la razón y ordenó hacer un nuevo proceso. Puede leer: Hacia el suicidio minero-energético En la actualidad avanzan unas mesas técnicas dentro del proceso de concertación para definir los nuevos límites. Sin embargo, la pandemia afectó este proceso y se espera que las reuniones se reanuden de forma virtual en las próximas semanas. Mientras esto sucede, Minesa se encuentra a la espera de la licencia ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para iniciar un ambicioso proyecto de minería que extraerá oro en inmediaciones de Santurbán. Eso por supuesto ha causado revuelo entre los ambientalistas y varios sectores políticos. Aseguran que, a pesar de que Sotonorte no se encuentra dentro de la delimitación, sí podría afectar los acuíferos que proveen el agua a ciudades cómo Bucaramanga. Santiago Ángel, presidente de Minesa, explicó que el proyecto Sotonorte que se desarrollaría en los municipios de California y Suratá en el departamento de Santander tendrá una huella de 8 hectáreas en California, donde estaría la mina subterránea, y de 154 hectáreas en Suratá, donde estaría el complejo industrial.
El proyecto minero de Sotonorte genera debates ambientales y políticos, así como económicos por su influencia en la producción y el precio del oro Sotonorte tendría una vida de 25 años: 4 años de construcción y 21 de operación. Luego vendría un periodo de 12 años de cierre y postcierre de mina. En este momento, Minesa se encuentra en el proceso de licenciamiento ambiental. Está en fase de evaluación en la Anla y se basa en un estudio de impacto ambiental que presentó la compañía a principios de 2019. “En lo corrido de estos casi 20 meses, la Autoridad ha revisado el documento, conformado un equipo multidisciplinario y robusto de expertos, quienes además de realizar visitas in situ han solicitado información adicional para evaluar aspectos detallados sobre algunos temas. Cabe señalar que algunas de esas visitas se han realizado al Páramo de Santurbán para constatar precisamente que el proyecto se encuentra 100% por fuera del mismo, lo que ha permitido que el proceso de licenciamiento siga su curso” indicó Minesa. Recomendado: Minería y deforestación, vectores de la malaria en el Amazonas No obstante, los opositores no creen en las conclusiones del estudio presentado por Minesa. Por eso la Alcaldía de Bucaramanga, el Acueducto de esa ciudad y el Área Metropolitana contrataron uno adicional. En el primer informe publicado sobre el nuevo estudio, aseguran que sí existe conexión entre los acuíferos, lo que afectaría el proyecto Sotonorte y las fuentes de agua del río Suratá que abastece al acueducto de Bucaramanga. Frente a esta situación, en Minesa indicaron que “les sorprende que en un par de semanas se haya pretendido ensamblar un informe que busque desprestigiar más de 28.000 horas de trabajo de campo en investigación abiótica, biótica y socioeconómica (...) cuyos resultados hoy se encuentran incluidos en más de 8.000 folios que contiene el Estudio de Impacto Ambiental presentado”. Ante los hechos, la Procuraduría pidió a la Anla y al Ministerio de Ambiente convocar a un consejo consultivo conformado por expertos para que se tome la mejor decisión. "Tratar de decir que el ecosistema se está salvaguardando, porque el proyecto está por fuera de esta línea, es una gran mentira. Hay un tecnicismo con el que pretenden engañarnos. El proyecto está prácticamente en la zona de páramo", dijo hace varios días a Semana el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Le puede interesar: Ganancia de Mineros se disparó y creció 182% en el segundo trimestre Minesa y la Anla aseguran que el proceso de licenciamiento está en curso. Pero en una declaración a W radio el ministro de Minas, Diego Mesa, señaló que este se encuentra suspendido hasta definir el tema de la delimitación. Al margen del debate político y ambiental, en materia económica el proyecto representa una gran oportunidad para el Gobierno. Sobre todo si se tiene en cuenta la crisis que ha dejado la pandemia, la estrechez fiscal que vive el país y el buen comportamiento del precio del oro. En varias declaraciones del ministro Mesa y de la viceministra Carolina Rojas han mencionado que se asegurarán de que el proyecto cumpla altos estándares. Además, que según el estudio de impacto ambiental este no representa un riesgo para las fuentes de agua, lo que deja claro que el Gobierno se la quiere jugar por Sotonorte. Eso es totalmente entendible. Según cifras aportadas por Minesa, el proyecto minero Sotonorte podría generar $7,5 billones en regalías, cerca de 6.000 empleos y una actividad económica importante para las comunidades de la zona de influencia. ¿Quién ganará este pulso?