El Grupo Inassa anunció que emprenderá todas las acciones legales y administrativas necesarias para defender sus derechos y garantías. El anuncio tuvo lugar luego de las medidas establecidas por la Fiscalía General de la Nación, mediante las cuales el ente acusador tomó la decisión de embargar y secuestrar las acciones que esta empresa española tiene en la compañía Triple A de Barranquilla. Esa participación accionaria corresponde al 81,2 % del capital. La firma española manifiesta su enorme preocupación por las consecuencias de esta situación para los servicios públicos esenciales que la empresa barranquillera lleva prestando desde hace 17 años con eficiencia, responsabilidad y resultados contundentes, como lo demuestra una cobertura que alcanza los niveles del 100 % en servicios de acueducto y aseo, y del 98 % en los de alcantarillado; y un índice de agua de máxima calidad de acuerdo con el Índice de Riesgo de Calidad del Agua. Todos estos aspectos han quedado reflejados y acreditados en los informes independientes que certifican la prestación del contrato de Asistencia Técnica. Inassa informó que en los próximos días acudirá ante un juez de control de garantías para solicitar defender los intereses de la firma ante las medidas cautelares practicadas por la Fiscalía con el fin de preservar sus derechos económicos y patrimoniales. Recordó, además, que las autoridades colombianas tuvieron conocimiento de las posibles irregularidades cometidas tras la denuncia interpuesta por la empresa pública Canal de Isabel II ante la Fiscalía General del Estado español, que dieron lugar a la instrucción del procedimiento 91/2016, Operación Lezo, en el Juzgado Central de Instrucción Nº6 de la Audiencia Nacional. De ella derivó la denominada Operación Acordeón en Colombia y en la que se enmarcan las actuaciones realizadas ayer por el ente acusador colombiano.
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