La decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico de quitar la gigantesca placa que hay en la entrada del túnel de La Línea generó una controversia entre abogados privados y del Estado. Según fuentes del Gobierno, la placa fue donada por uno de los contratistas del proyecto. No obstante, el consorcio ‘jura y rejura’ que no participó en la logística del evento de inauguración y, mucho menos, en la instalación de la placa. Queda la duda, entonces, de quién puso la plata y quién dio la orden de erigirla. Por ahora, lo cierto es que hay un mandato de un juez para que esta se retire. La administración presentó un recurso. La palabra final la tendrá el Consejo de Estado.
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