Diciembre 2001
Nicaragua radicó la primera demanda contra Colombia argumentando que los dos países no tienen una delimitación marítima y que la Corte Internacional de Justicia debería hacerlo. Se conocieron las primeras pretensiones en las que pidieron soberanía de parte de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Diciembre 2007
La Corte Internacional de Justicia se declara sin competencia para determinar la soberanía de las islas y formaciones del Caribe sobre las pretensiones de Nicaragua. Se ratifica que San Andrés, Providencia y Santa Catalina son del territorio colombiano.
Noviembre 2012
La Corte de La Haya se pronunció de fondo y al principio se interpretó como una victoria para Colombia, ya que se explicó que el país siempre ejerció soberanía sobre dichas islas. Sin embargo, al leer la totalidad del fallo se evidenció que Colombia perdió 70.000 km2 de mar territorial. El Gobierno colombiano no aplicó el fallo y pidió negociaciones, que finalmente no se dieron.
Septiembre 2013
Nicaragua atacó por segunda ocasión, judicialmente hablando, y radicó la segunda demanda contra Colombia en la CIJ, pidiendo al tribunal que le conceda una plataforma más allá de las 200 millas náuticas desde su costa en el mar Caribe. Tres años después, la Corte de La Haya se declaró competente.
Noviembre 2013
Desde Managua enviaron la tercera demanda contra Colombia por la postura del Gobierno de Juan Manuel Santos de no acatar el fallo de la CIJ de 2012. Se presentan tensiones marítimas entre los dos países.
Noviembre 2018
El Gobierno colombiano radicó ante la Corte Internacional de Justicia su defensa en el litigio. Técnicamente, el documento presentado es una “dúplica” con todos los alegatos y argumentos para responder a las pretensiones de Nicaragua.
Septiembre 2021
Lo que ocurrirá desde el 20 de este mes es que habrá audiencias públicas por la tercera demanda de Nicaragua, que tiene que ver con las supuestas “violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe”. No será una revisión del fallo de 2012, pero los equipos de defensa de los dos países argumentarán presuntas violaciones al derecho internacional.