Carlos Enrique López, amante furibundo del fútbol, estaba sentado en la sala de su casa, terminando de ver cómo Argentina eliminaba por penales a Países Bajos -el 9 de diciembre- en el Mundial Qatar 2022 y aseguraba su paso a la semifinal; al fondo, en las polvorosas calles de Ayapel, Córdoba, se oía el murmullo de las papayeras y el bullicio de quienes corrían a presenciar la segunda corraleja de la temporada.
“¿Será que voy o no voy?”, le preguntó a su esposa. “Mejor no”, respondió ella. Pese al consejo, él se bañó, se puso su mejor pinta y se unió a la muchedumbre. Jamás regresó a casa. En menos de un suspiro, un toro lo embistió, le destrozó los dos maxilares, el superior y el inferior, la garganta, la lengua, le causó graves heridas en los ojos. Su rostro quedó irreconocible.
López, minero de profesión, que ese día no se tomó un solo trago de licor, agonizó durante una semana. Los múltiples esfuerzos de los médicos fueron infructuosos frente a semejantes condiciones. “Todo por unas estúpidas corralejas, por una vaina que no beneficia a nadie”, dijo con ira Maura López, su hija, quien recibió la noticia de la muerte de su “viejo”, como lo llama, la noche del 16 de diciembre mientras el resto de los colombianos rezaba la novena de aguinaldos.
Para Maura las corralejas no traen bienestar en ninguna población, manifiesta que en realidad no cree que tengan algo bueno. Fue una de esas fiestas tradicionales la que acabó con la vida del hombre al que ella considera como el más bueno del mundo.
Lo que más indigna a la familia López es que a pesar de la dantesca escena en la que falleció el padre, nadie suspendió las corralejas. De hecho, ese mismo día otras cinco personas resultaron heridas, y la alcaldía de Ayapel continuó con la programación prevista.
SEMANA contactó al primer mandatario del municipio, Isidro Vergara y a su secretario de Gobierno, José Meléndez, para que explicaran por qué no cancelaron el espectáculo tras la muerte de Carlos Enrique López, pero a pesar de la insistencia no se pronunciaron al respecto.
“No sé cómo tienen corazón para disfrutar una tragedia como la de mi papá; y cómo cogen esos animalitos y los chuzan”, cuestiona Maura con la voz quebrada.
El episodio desató de nuevo la polémica y ya hay voces que aseguran que se deben eliminar este tipo de ‘espectáculos’, de una vez por todas, pues casi siempre terminan mal.
Andrea Padilla, senadora animalista, y quien logró que en el Congreso de la República se aprobara en segundo debate la ley que prohíbe las corridas de toros y regula las corralejas, sostiene que a pesar de que hay una sentencia de la Corte Constitucional, el país carece de verdaderas herramientas jurídicas que penalicen lo que considera un espectáculo que atenta contra la seguridad de las personas y contra la dignidad de los animales. “El problema es que cada corraleja se da su norma que es hacer lo que le venga en gana: se usan piedras, garrochas, cuchillos y cuanta arma corto punzante se les atraviese”, asegura la parlamentaria.
La sentencia C-666 de 2010 establece cuatro condiciones para la realización de las corralejas: Eliminar o aliviar las conductas especialmente crueles contra los animales, que solo se hagan en municipios donde haya una tradición demostrada e ininterrumpida, que únicamente se realicen en las fechas en que han sido tradicionales y que no haya inversión de dineros públicos para la construcción de las infraestructuras. Pero, según Andrea Padilla, no hay quien las meta en cintura, entre otras cosas, porque nadie vigila a los alcaldes que las aprueban, ni les exigen normas de seguridad o gestión de riesgo a la hora de montar las tribunas.
Para la congresista la Contraloría debería ejercer control fiscal sobre las licencias para construir las corralejas que considera siempre están llenas de irregularidades, de vicios de forma, de vicios de trámite. Por otra parte, insiste en que la Procuraduría debería hacer control disciplinario sobre los alcaldes que autorizan corralejas sin cumplir las normas de aglomeración, de construcción de infraestructura, “que son un decir, porque son unos palos con tablas”, enfatizó.
Entre tanto, los alcaldes no corren el riesgo expreso de gastar dineros públicos en las corralejas porque en casi todos los municipios hay quién las financie, a través de juntas convocadas por particulares. Darío Díaz, presidente de la Veeduría Ciudadana Velar Por Más con sede en Córdoba y quien lleva años enteros tratando de impedir las corralejas, asegura que es prácticamente imposible atajarlas porque detrás de ellas, más que una tradición, hay un jugoso negocio.
“Las corralejas son semejantes a un circo romano donde se maltratan los animales y sufren muchas familias por muertes y lesiones de sus seres queridos”, dijo el líder social que asegura que mientras se atraen desgracias los bolsillos de los organizadores se enriquecen. En Caucasia, Antioquia, acaban de terminar sus corralejas con al menos 39 personas heridas y ya están en marcha en otras poblaciones de Córdoba, como Cereté y Ciénaga de Oro, tierra natal del presidente Gustavo Petro, quien ha hecho varios llamados públicos insistiendo en que no se celebren espectáculos que promuevan el maltrato animal.
Debate abierto
Mientras en la mayoría del país pocos entienden cómo alguien se le mide a enfrentarse a un animal sin tener la experticia que sí posee, por ejemplo, un matador de toros, quienes han estudiado el fenómeno de las corralejas sostienen que hay una profunda y muy arraigada tradición cultural que explica por qué un parroquiano cualquiera arriesga la vida.
Carlos Charry, director del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, explica que quienes hacían las corralejas, durante el siglo XIX -cuando inicio el auge de la fiesta popular en Tolima y el Caribe colombiano- eran personas que tenían conocimiento del manejo de los animales, muchos eran vaqueros, pero con el tiempo, creció la idea de que cualquier persona puede entrar en la corraleja y torear al animal y “esa no fue la concepción original”, señala.
Con base en esa costumbre, dicen los detractores, las autoridades municipales tienen una especie de autorización social tácita para llevarlas a cabo. Se estima que en Colombia al año se celebran cerca de 103 corralejas, no solo en los departamentos de la región Caribe sino en Tolima, donde el año pasado se derrumbaron varias tribunas en la plaza de El Espinal, dejando cuatro muertos y cerca de 300 heridos.
Por eso, la senadora Andrea Padilla interpuso una tutela para impedir las corralejas de Sincelejo, previstas para el 20 de enero próximo, recordadas por el éxito musical La Fiesta en Corraleja del maestro Rubén Darío Salcedo, compuesta en 1963, y grabada por Alfredo Gutiérrez en 1969, y que entona: “Ya viene el 20 de enero, la fiesta de Sincelejo. Los palcos engalanados, la gente espera el ganado. Esta sí es la fiesta buena, la fiesta en corraleja”.
Pero cuya alegría contrasta con la ingrata recordación de la tragedia que se vivió en 1980, cuando se desplomaron varias tribunas durante las festividades de la capital sucreña, dejando cerca de 500 muertos y mil heridos.
La parlamentaria asegura que es posible cancelarlas porque incumplen dos de las cuatro normas que fijó la Corte Constitucional; por un lado, según denuncia, no cumplen las exigencias de gestión de riesgo, y por otro, no se ajustan a la orden de ser ininterrumpidas, pues hubo un receso de nueve años que terminó en 2022, cuando se reanudaron.
Padilla cree firmemente que el alcalde no puede limitarse a hacer las veces de notario y simplemente autorizarle a un grupo de empresarios la construcción de una especie de plaza, sino que debería preocuparse porque haya plena garantía de que todos los asistentes a las corralejas estarán a salvo en caso de que la estructura presente alguna falla; adicionalmente, asegura, es necesario que existan y que sean verificables y operativos todos los recursos logísticos y humanos, y que se socialice entre los asistentes un plan de evacuación en caso de que pudiera presentarse una emergencia.
“Un alcalde debería hacer prevalecer los intereses de superior en jerarquía, de protección de la vida y las sentencias judiciales”, insiste la parlamentaria quien reitera que habitualmente las plazas en las que se realizan las corralejas no son prenda de garantía.
En todo caso, a pesar de la oposición de algunos sectores de la población, de los colectivos de defensa de los derechos de los animales tanto en el Caribe como en el resto del país, y a pocos días del momento cumbre, desde el 22 de diciembre pasado se adelanta a toda marcha el montaje de “Toro Bravo”, la estructura de 1.500 metros de diámetro y con capacidad, según los entendidos, para cerca de 10 mil personas.
Allí se albergarán 350 personas en cada uno de los 22 palcos y se habilitarán las tribunas para presenciar las actividades centrales de las fiestas de Sincelejo, entre ellas un mano a mano en las que se enfrentarán dos de las más prestigiosas ganaderías de la región.
SEMANA intentó comunicarse durante varios días con el alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, quien tampoco respondió a un cuestionario sobre el polémico tema de las corralejas.
Mientras hay respuesta de los mandatarios que autorizan las cuestionadas celebraciones, Maura López mira una y otra vez la foto de su padre ausente y ruega para que, de una buena vez, la gente deje de asistir a las corralejas y que los alcaldes cancelen esta actividad que pone en riesgo la vida de decenas de personas.
“Que se pongan la mano en el corazón y firmen y hagan lo posible para que quiten esas corralejas. Que tomen conciencia de todas las cosas que están causando”, asegura sin poder contener las lágrimas al recodar que no recibió ninguna ayuda oficial para el entierro de su “viejo hermoso”.