Pese a que el contrato celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá, Uaesp, y el consorcio que maneja los cementerios se adjudicó el 10 de mayo de 2021, bastaron solo unos meses para que los responsables comenzaran a registrar problemas que el interventor del acuerdo reportó por escrito.
De hecho, el abanico de aparentes malos manejos habría comenzado desde la misma licitación y provocó la renuncia de la directora de la entidad, Luz Amanda Camacho, tras la revelación de una serie de grabaciones según las cuales el contrato habría sido direccionado para que lo ganara quien finalmente opera hoy cuatro de los cementerios distritales.
El acuerdo era por cinco años y por un valor de $41.301 millones de pesos y preveía la correcta operación y funcionamiento de los cementerios públicos de la capital de la República, pero los reportes demuestran que había un desorden administrativo y operativo que llamó poderosamente la atención del Consorcio San Marcos, que ejerció la interventoría.
En su momento, luego de cerca de 27 advertencias y el cruce de más de 500 correos electrónicos y oficios, la interventoría alcanzó a contemplar que se declarara la caducidad del contrato, pero hubo una cláusula que le dio un tanque de oxígeno a los operadores para que ganaran tiempo e intentaran poner la casa en orden.
El Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios de octubre de 2022, expedido por la propia Uaesp con información de los interventores, da cuenta de 34 preocupantes situaciones que delataban que las cosas no estaban funcionando como se convino.
A la luz de lo acordado en varias cláusulas, si bien esas observaciones se produjeron tras un análisis concienzudo, la Uaesp les dio a los operadores un período de tiempo adecuado sin incurrir en multas, pero dejando en claro que el cumplimiento y la corrección de todo lo encontrado no estaba sujeto a negociación.
Esa figura, conocida en el mundo contractual como período de cura, les permite a los operadores durante un espacio de tiempo subsanar todos los incumplimientos que les hayan sido detectados y subsanarlos para evitar multas. En ese sentido, la Uaesp obró conforme a lo que pactó con quienes se encargaron de manejar los cementerios públicos de Bogotá. Pero, al parecer, ese salvavidas legal sirvió para poco.
Una revisión de las 34 observaciones deja en claro que el desorden era evidente y confirmaría todas y cada una de las denuncias que han hecho desde empleados hasta usuarios, pasando por concejales que advirtieron que no se estaba desarrollando a cabalidad y que el contratista enfrentaba serios riesgos de incumplimiento.
El desorden financiero
La primera parte tiene que ver con las observaciones en torno al manejo de dineros. En al menos cuatro de las observaciones la Uaesp en las que se solicitan explicaciones sobre traslado de dineros a las cuentas de la fiducia y cancelación de cuentas de recaudo temporal.
El escándalo del contrato estalló, entre otras cosas, cuando un pronunciamiento de la Contraloría Distrital de Bogotá dejó al descubierto varias inconsistencias, algunas de ellas con presunto alcance disciplinario, y en el que se reveló que “existen evidencias de que el concesionario retiró los fondos recaudados en las cuentas autorizadas para recaudo temporal, pero no transfirió el total de estos dineros a la cuenta de la fiducia mercantil establecida en el contrato. De esta forma se ejecuta presuntamente la acción de apoderamiento por parte del concesionario, aprovechándose precisamente de que había sido confiado por la Uaesp mediante cláusula expresa del contrato”.
La inconsistencia era de tal magnitud que la Contraloría en diciembre pasado convocó a la Uaesp a un trabajo conjunto para determinar la ruta a seguir. “Esta mesa se originó en la necesidad de conocer el paso a paso de la firma y la ejecución de ese contrato, el tema de la fiducia y la manera como se han recaudado e invertido los recursos”, explicó en su momento el subdirector de Servicios Públicos de la Contraloría Distrital, Gonzalo Sierra Vergara.
Tal como figura en el documento obtenido por SEMANA, las cosas no andaban bien desde el comienzo del contrato porque la interventoría determinó que, en septiembre, octubre y noviembre de 2021 ya había hecho reparos sobre ese tema puntual. Es decir, a corte de octubre del 2022, casi un año después, el tema financiero seguía sin explicaciones contundentes por parte del contratista; de hecho, la Procuraduría y la Fiscalía están rastreando qué pasó con el manejo de cerca de $8.633 millones.
Pero, además, hay otras dos observaciones que entraron en período de cura y que llaman poderosamente la atención. La primera es la “Reiteración de Inconsistencias del Dinero Recaudado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz producto de los servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito”, que plantearía el escenario de que no habría plena claridad sobre cómo y en qué se estarían invirtiendo la plata que ingresaba a esas cuentas producto de la operación.
La segunda es la“Reiteración de presentación y corrección de soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas de julio a diciembre 2021″, que confirmaría lo que en su momento denunciaron decenas de empleados, tanto sepultureros como personal de apoyo, en el sentido de que no les pagaban los sueldos mientras los encargados de la concesión habrían incurrido en compras ostentosas como vehículos de alta gama.
El caos operativo
Pero eso no fue lo único que encontró la interventoría y que puso en conocimiento de la Uaesp, que, en el documento conocido por SEMANA, consignó lo que estaba pasando en el día a día de la operación de los cementerios distritales. Las serias denuncias sobre olores nauseabundos y acumulación de escombros en al menos uno de los cementerios distritales estarían respaldadas en otras de las observaciones que están en periodo de cura.
Se trata del manejo correcto de la planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR, que, según lo consignado en el documento conocido por SEMANA, presente “presunto incumplimiento por la no realización del Mantenimiento y Caracterización y la no realización del Levantamiento de Redes Hidrosanitarias del Cementerio Serafín PTAR”. La posible falta de mantenimiento y redes explicaría las constantes denuncias en torno a malos aromas, manejo de recebos y residuos sólidos que saldrían de algunas fosas al interior de los cementerios operados.
Pero como si fuera poco, el documento alimentado por la juiciosa labor de los interventores deja al descubierto que habría serias irregularidades frente al cumplimiento de los permisos de emisiones para los Hornos Crematorios de los Cementerios del Distrito; es decir, los operadores no estarían cumpliendo con las normas ambientales.
Las denuncias en el sentido de que la empresa Vanti cortó el servicio de gas de los hornos crematorios por cuenta de una millonaria deuda, estaría respaldada por el período de cura número 23, que reseña “Pago oportuno de las facturas del Servicio Públicos para los cementerios propiedad del Distrito”:
Este no sería el único incumplimiento con prestadores de servicios y proveedores externos; de hecho, existe otra observación que también entró en periodo de cura: el “Pago oportuno de las facturas del Servicio de Vigilancia y Seguridad para los cementerios propiedad del Distrito”.
La cereza del pastel que confirmaría que los cementerios distritales están prácticamente al garete está consignada en otra observación en la que la Uaesp, con información de la interventoría, hace la “Reiteración de reparación al Sistema Circuito Cerrado de Monitoreo de Seguridad y Vigilancia”, y, por otro lado, una adicional para la “Reiteración del Plan de Trabajo y Organización completa del Archivo General de Cenizas Serafín (Cenizario Común)”.