En los últimos días, ante la demora en la entrega de los resultados de las pruebas de covid-19, surgió un rifirrafe entre el procurador Fernando Carrillo y el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez. El primero declaró al diario El Heraldo que “no sabemos con certeza si los datos de hoy son cifras reales, seguramente hay muchos más contagios porque hemos hecho muy pocas pruebas”. Ruiz le respondió que el problema de escasez de pruebas era mundial y que en los próximos días van a llegar un gran número de test para aumentar los exámenes. Carrillo ha puesto el ojo en ese y otros asuntos desde que comenzó la emergencia. Primero, con lo ocurrido en el aeropuerto El Dorado acerca de la deficiencia en los protocolos de bioseguridad. Al mismo tiempo, formuló recomendaciones al Gobierno nacional para que asignara urgentemente recursos a los hospitales públicos del país. Por su intervención, la opinión pública se enteró el 27 de marzo de que el 25 se había dañado una de las máquinas al servicio del Instituto Nacional de Salud. También señaló la necesidad de realizar un efectivo control de precios para evitar la especulación y el acaparamiento, y encendió las alarmas frente a la problemática de las cárceles para pedir la declaratoria de emergencia carcelaria.

Un día para no olvidar

De acuerdo con las cifras de la Unidad para las Víctimas, en el país hay 8.553.416 víctimas del conflicto en los últimos 60 años. De estas, 1.636.498 sufrieron directamente desaparición forzada o muerte, y cerca de 7 millones han padecido desplazamiento forzoso. Por eso, desde la promulgación de la Ley 1448 de 2011, el 9 de abril el país conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, para rendir homenaje a quienes vivieron en carne propia las tragedias de la guerra. Desafortunadamente, pese a la firma del acuerdo de paz con las Farc, las víctimas de grupos armados ilegales va en aumento. Los asesinatos de líderes sociales, los confinamientos y desplazamientos forzados no han parado, pero han recibido poca atención de la opinión pública debido a la crisis sanitaria. Por eso, organizaciones sociales y ONG le piden al Gobierno y a la sociedad colombiana no olvidar la dramática situación que atraviesan los defensores de derechos humanos y poblaciones vulnerables del país.

El maltrato disparado

El Gobierno temía el aumento de la violencia intrafamiliar durante la cuarentena. Y sus temores se hicieron realidad. De acuerdo con un informe del Observatorio Colombiano de las Mujeres, en la línea 155, habilitada para entregar orientación en temas relacionados con violencia de género, ha habido un incremento del 103 por ciento en llamadas que denuncian diversos tipos de maltrato, en comparación con el mismo periodo de 2019. Según la vicefiscal general, Martha Mancera, la Fiscalía recibió 578 llamadas que denuncian violencia de género entre el 20 de marzo y el 4 de abril. Frente a esta realidad, el Gobierno nacional anunció que expedirá un decreto para hacerle frente. De acuerdo con la ministra de Justicia, Margarita Cabello, “La norma permitirá priorizar los casos urgentes y los casos de manera excepcional que haya que hacer, e instruye para que las autoridades locales y regionales actúen y ofrezcan, por ejemplo, medios de transporte para trasladar a las personas afectadas a lugares de protección y aislamiento”.