El movimiento Causa Justa surgió en 2017 como una iniciativa interna de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, colectivo enfocado en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos en Colombia, en especial el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), acompañando mujeres en el acceso a sus derechos y promoviendo avances para la disminución y eliminación de barreras en busca de garantías para las mujeres y niñas.
Para 2019, la iniciativa, tras el apoyo de múltiples organizaciones feministas en todo el país, se consolidó como un movimiento con el objetivo de avanzar en el proceso de eliminación del delito del aborto en el Código Penal, que hasta el momento, a pesar de la sentencia C-355 del 2006 que permitía el aborto en tres causales específicas, seguía rigiendo.
Colombia recibió la noticia histórica el 21 de febrero del presente año, cuando la Corte Constitucional dio el fallo de que finalmente despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, manteniendo la anterior sentencia desde la semana 25, lo cual puso al país a la vanguardia en materia de este derecho, igualando a países como Reino Unido, y haciendo de este un fallo histórico en la lucha por los derechos de las mujeres.
Más de 90 organizaciones y 100 personas independientes, que conforman el movimiento que estalló las redes tras el fallo de la corte, celebraron la decisión, que según sus declaraciones, disminuyen las barreas de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, teniendo en cuenta las problemáticas que este estaba presentando a nivel nacional.
María Isabel Niño, abogada y asesora jurídica de incidencia en La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, en diálogo con SEMANA señaló: “El aborto ha sido un tema central para el movimiento feminista y el movimiento de mujeres en Colombia desde su nacimiento; ha sido central porque es un asunto en el cual se lucha por el reconocimiento de la autodeterminación y la autonomía reproductiva de las mujeres sobre su cuerpo y sobre sus vidas”.
Las cifras
En Colombia, según las cifras arrojadas por los informes de dicha organización sobre la criminalización del aborto en Colombia, se estima que entre el 1 % y el 12 % de los abortos que se realizan en el país por medio del sistema de salud colombiano. Deja así una cifra de más del 80 % de procedimientos que no se realizan bajo la rigurosidad de dichas entidades prestadoras del servicio, por lo que es imposible determinar el nivel de inseguridad e incluso de afectaciones para la vida y la integridad de las mujeres.
Además, con respecto a las afectaciones de dichos procedimientos, expresa dicha organización que, aproximadamente, el 32 % de los casos de IVE en el país trae consigo diferentes complicaciones que para el 2012 le costaron al sistema de salud alrededor de 40 mil millones de pesos.
Así mismo, un segundo informe, con datos arrojados por la Fiscalía General de la Nación para el 2021, reveló que desde el año 2008 se reciben en promedio al año más de 400 denuncias por el delito de aborto. Se entiende entonces que, entre 2010 y el 2017, un 97 % de las mujeres que fueron denunciadas por abortar eran mujeres que se encontraban en contextos ruralidad, donde el 30% habían sido víctimas, además de otros delitos, como la violencia intrafamiliar, la violencia sexual y las lesiones personales.
Norte de Santander, con acceso a IVE
Según Niño, “hemos podido identificar que, por ejemplo, en el departamento del Norte de Santander, se presentan de una forma recrudecida las barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, entonces vemos que dentro de las barreras que enfrentan las mujeres que habitan este espacio fronterizo, siendo las mujeres colombianas, pero también de forma especial las mujeres migrantes provenientes de Venezuela digamos, se enfrentan a varias barreras”.
Lo cierto es que en Norte de Santander se encuentra ubicado el Hospital Erasmo Meoz, el cual, al ser un hospital de tercer nivel, cuenta con la infraestructura necesaria para realizar los debidos procedimientos en cualquier edad gestacional, pero que ellas reclaman no se cumple a cabalidad dentro del marco legal.
El Consenso de Ginebra
En mayo del presente año, el gobierno liderado por el expresidente Iván Duque firmó el Consenso de Ginebra, conformado por un grupo de 35 naciones que se oponen al aborto copatrocinado por dichos gobiernos. Expresa “que defiende la salud integral de la mujer, el fortalecimiento de la familia y la soberanía de los países para legislar sobre el aborto”, como dice el documento del cual recientemente Colombia se retiró tas la llegada de Gustavo Petro.
El retiro de Colombia causó polémica entre diferentes organizaciones, tanto conservadoras como feministas, pero lo cierto es que este documento, a pesar de su carga política en materia de opinión pública, jurídicamente no cuenta con ninguna validez. Por el contrario, según María Isabel Niño, “para nosotras fue una muy buena noticia escuchar que el gobierno colombiano decidió retirarse de ese consenso minoritario, porque claramente en este instrumento se estaba desconociendo la normatividad interna que tiene Colombia frente a la garantía de los derechos humanos de las mujeres”.