La polémica desatada por la diputada Ángela Hernández el lunes pasado en la Asamblea Departamental de Santander, durante un debate sobre la implementación de la Ley 1620 de convivencia escolar en el departamento, tiene al país en medio de un fuerte debate. Hernández afirmó que el Ministerio de Educación está obligando a las instituciones educativas a incluir en sus manuales de convivencia medidas que benefician a la comunidad LGBTI, para confundir a los niños e inducirlos a la homosexualidad. Ante esa afirmación, el viceministro de Educación, Víctor Saavedra, recordó que la revisión de los manuales de convivencia para evitar que sean discriminados los estudiantes LGBTI es una orden que la Corte Constitucional impartió en la sentencia que tuteló los derechos de Sergio Urrego, joven homosexual que se suicidó en 2014 por la persecución de la que fue víctima en su colegio. La controversia reabrió un debate de nunca acabar sobre cómo evitar la discriminación de los estudiantes LGBTI en los colegios y cuál ha de ser la educación sexual que se debe impartir en estas instituciones.