Las paradisíacas Islas del Rosario han sonado más en los últimos meses por los pleitos de ocupación de tierras que por la hermosura de su territorio y su gente. Mientras hace unos días se anunciaba la entrega voluntaria de uno de los predios por parte de un empresario de la Costa Caribe a la Agencia Nacional de Tierras, SEMANA conoció el drama que dicen estar viviendo quienes aseguran pagaron por los predios y hoy les dice el Gobierno que son Baldíos.
“Prácticamente, este Gobierno quiere expropiarnos. Pensamos que iba a ser diferente porque decían trabajar por la comunidad”, dice Angélica Navia, representante legal de Gente de Mar, ha sido catalogado como un mega hotel, por las 3 hectáreas de extensión, pero que en realidad solo tiene 12 habitaciones rodeadas de Naturaleza. Ella asegura que desde 1905 el predio tiene escrituras y que son de la corona española, según reposa en el archivo general de Indias con la escribanía, donde fue transcrito y llevado en valija diplomática.
Eso lo descubrió luego de la pesadilla en la que se convirtió el hecho de que su papá Álvaro Navia comprara hace 25 años un pedazo del terreno que luego se extendió. “Era una casita pequeña a un nativo, y después se le compró al señor Manuel Garcés, todo eso era una sola hacienda conocida como Buena Esperanza y se dividía en predios”, explica la mujer.
Asegura que su familia ha destinado 15.000 millones de pesos en la recuperación ambiental del terreno, y que el dinero para cubrir tales gastos lo obtuvieron tras varios esfuerzos del trabajo familiar y de un golpe de suerte que tuvo su padre al ganarse hace unos años el premio mayor del Baloto.
Vea en video las dos versiones:
Pese a que carga los documentos con los que pretende respaldar su versión, el gobierno insiste en decir que ellos están ocupando predios del Estado incluso que usaron violencia para sacar de la zona a los nativos. Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras le presentó a SEMANA la Sentencia de segunda instancia que ordena condenar al señor Álvaro Navia a 48 meses de prisión, 126 salarios mínimos legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión, por el delito de invasión de tierras o edificaciones.
La familia Navia solicitó a la Corte Suprema de Justicia – Sala Penal- casar la decisión y en decisión del 30 de junio de 2021 se la negó. “Lo condenaron por hechos violentos en la ocupación de esos terrenos y por despojar a los que antes ocupaban esos predios mediante vías de hecho y violentas. Y lo peor es que no ha sido efectiva la sanción, lo condenaron, pero no ha pagado su pena”, dijo Vega.
Por eso insisten que tienen que desalojar lo que los Navia consideran su hogar y porque según procesos administrativos que arrancaron desde el año 2002 se demostró que la tierra no les pertenece a ellos. Angélica desmiente las versiones del director de la Agencia indicando que siempre han apoyado a la comunidad generando empleo a más de 100 nativos y apoyando en la construcción de escuelas, entre otros aportes. Se niegan a creer que sean sacados a la fuerza de la isla cómo ya intentaron en mayo de 2022. Cuando el Escuadrón Antidisturbios de la Policía Nacional ( Esmad) llegó pasando sobre los nativos que con niños y mujeres embarazadas se negaron a la recuperación del predio.
Angélica Navia relata sin contener las lágrimas que como resultado de ese enfrentamiento quedó con graves heridas en el rostro que requirieron dos cirugías y teme que eso se repita ahora que el nuevo gobierno asegura que irá por el terreno así sea con el apoyo del Ejército.
Vega deja claro que él no responde por agresiones de gobiernos pasados, pero que sí van a ir con un equipo interinstitucional a recuperar las tres hectáreas, pese a que la familia Navia pide por lo menos esperar a que salga el fallo del Consejo de Estado en el que diga si los predios le pertenecen o no. Para el director de la Agencia Nacional de Tierras está actuando según o que las autoridades han manifestado y no pueden seguir dilatando el proceso de recuperación para beneficiar a la comunidad con los recursos que genera Gente de Mar, que tiene que ir según él más allá de simplemente generar empleo.
FIinalmente el abogado Carlos E Naranjo, en su calidad de defensor de Gente de Mar manifestó que lo que están afrontndo es más grave que una expropiación: “No se trata de expropiación por que no quieren indemnizar. Es una absoluta confiscación sin indemnización”.