Luego de que el ministro de Defensa, Diego Molano, ordenó enviar tropas a Tibú, Norte de Santander, para restablecer el orden público, surgió la inconformidad entre los pobladores que aseguran que la presencia de miembros del Ejército Nacional junto a la población civil los ponen en riesgo, pues temen en cualquier momento quedar en medio de confrontaciones de los grupos criminales.
Justo al lado del club de descanso de Ecopetrol, al que asisten familias completas, quedan las instalaciones abandonadas de lo que sería una sede de educación superior, ya sea de una universidad o del Sena, es un predio abandonado que está en custodia de la Alcaldía Municipal. Con la medida urgente del gobierno nacional de restablecer el orden y llevar a más pie de fuerza, decidieron prestar ese predio al Ejército Nacional para que allí se instalen alrededor de 100 hombres armados.
Junto al predio hay viviendas y eso ha generado malestar. “Para nadie es un secreto que la confrontación armada se ha recrudecido. Y realmente la población civil exigimos que nos saquen de en medio y se respeten nuestros derechos”, dice Juan Carlos Arias, veedor, quien argumenta que lo que está sucediendo es una clara violación al derecho internacional humanitario, indicando que los militares deben de estar a una distancia prudente de la población para evitar que en una arremetida de los grupos criminales, las personas que viven alrededor terminen convirtiéndose en víctimas “colaterales”.
SEMANA conoció de fuentes del Ejército que para ellos no hay violación de derechos, asegurando que los uniformados tienen una capacitación especial en derechos humanos y relacionamiento con la comunidad, algo útil en estos momentos, que están brindando apoyo a la Policía Nacional. Aclararon que en ese punto están ubicados de paso, debido a que en las instalaciones militares no hay capacidad para alojar a tantas personas ni tampoco en la estación de Policía, que ha sido blanco de múltiples ataques. El predio que prestó la alcaldía es apto debido a que cuenta con unidades sanitarias y energía para que los uniformados pueden permanecer allí.
Jairo Libreros, experto en seguridad y profesor universitario, manifestó a este medio que efectivamente se estaría presentado una irregularidad, pues los militares no deberían tener ese punto provisional cerca a la comunidad, como se establece claramente en el derecho internacional humanitario, debido a que ponen en riesgo a la comunidad y más aun conociendo la dinámica del conflicto de la región del Catatumbo. Afortunadamente, no ha sucedido nada en las semanas que han permanecido ahí, pero eso no disminuye la zozobra que manifiestan los pobladores.
“Exigimos al gobierno nacional, al gobierno departamental y al municipal, que nos retiren al Ejército de esta sede educativa. Realmente esto no fue creado para ningún sitio militar. Mejor que le inviertan a la educación, como lo planearon en las campañas políticas”, dijo el veedor mientras veía como de una de las casas vecinas a las instalaciones salió una menor de tres años de edad.
Cabe recordar que ese mismo predio meses atrás se utilizaba como patio de carros de la Fiscalía, y en esa época un grupo de personas se tomaron el lugar, “se hizo una especie de revuelta y se retiraron estos vehículos de ahí”, dijo Arias.
Para la mayoría de los ciudadanos consultados, que los militares permanezcan en esa sede más que generar seguridad, genera riesgo de una confrontación y que las víctimas sean la población civil, como ya ha sucedido, según ellos, en confrontaciones anteriores a nivel nacional.