SEMANA: ¿Cuál es la finalidad de este referendo?
JOHN RODRÍGUEZ (J.R.): Que se le pueda brindar al pueblo colombiano la facultad que tiene como constituyente primario de expresarse en las urnas sobre la protección del derecho a la vida, que ha sido evidentemente vulnerado por la Sentencia C-55 de la Corte Constitucional, la cual permite el aborto libre en Colombia hasta las 24 semanas de gestación.
SEMANA: ¿Cuántas firmas entregaron a la Registraduría?
J.R.: Más de 1.100.000 firmas, hay unas adicionales que llegaron y no alcanzamos a revisar, por lo que la Registraduría deberá darnos la información final de firmas válidas.
SEMANA: ¿Qué sigue después de esa revisión?
J.R.: Si llegamos a las firmas que se necesitan, procederá una presentación de la solicitud de referendo ante el Congreso, donde se revisa que el texto de solicitud está ajustado a lo que implican los temas constitucionales y que pueda pasar en su trámite legislativo para, posteriormente, pasar a revisión de la Corte Constitucional. Después seguiría la asignación por parte de la Registraduría de un día específico para que el pueblo colombiano salga a votar en las urnas sobre si está de acuerdo o no con la protección del derecho a la vida desde la misma concepción.
SEMANA: ¿Podría ser el 29 de octubre, día de elecciones regionales?
J.R.: El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría tienen las facultades para discutir la logística y la fecha que corresponda, de acuerdo con las posibilidades de organización que ellos tienen. Podría ser octubre, pero también podría ser cualquier otro mes.
SEMANA: ¿El Congreso podría hacer alguna modificación o sencillamente aprueba o desaprueba?
J.R.: Es un debate político, pero al tener validez constitucional y por contar con unos apoyos ciudadanos, hace que sea muy complejo que el Congreso limite la participación en las urnas de manera democrática.
SEMANA: Pero hay unas mayorías del Gobierno Petro…
J.R.: Yo creo que independientemente de las corrientes políticas, aquí lo que se está mirando es la validez de una solicitud de ejercicio democrático. En ese sentido coinciden todas las fuerzas políticas, no hay corrientes que desconozcan la democracia y van a entender que, por encima de cualquier concepción ideológica, está el derecho del pueblo colombiano a ser tenido en cuenta para una decisión tan mayúscula como la defensa del derecho a la vida en el país.
SEMANA: ¿Cuáles son los argumentos de ustedes para hacer este referendo?
J.R.: La vida es un derecho inviolable de acuerdo con el artículo 11 de la Constitución. Eso implica que, científicamente hablando, la existencia de vida se da en el ser humano desde el mismo momento en que hay fecundación. En ese momento empieza el proceso de desarrollo de la vida y nosotros consideramos, de acuerdo a la parte científica, que es un error cambiar el nombre de aborto por interrupción voluntaria del embarazo, porque el concepto de interrupción es que en cualquier momento pudiera retomar el proceso que se interrumpe. Un dato: en febrero de 2022, cuando la Corte Constitucional declaró el aborto libre hasta el sexto mes, los médicos calcularon que el aborto se multiplicaría por cinco y llegaría a cifras increíbles.
SEMANA: Ustedes han dicho que debe ser una decisión de los colombianos, pero la Corte Constitucional se pronunció. ¿Se equivocaron los magistrados?
J.R.: Claro, los magistrados de la Corte Constitucional se equivocaron porque deben dar ejemplo sobre lo que es el equilibrio de los poderes y en la legitimidad de la manifestación de los mismos. La Corte está llamada a proteger la Constitución y no a legislar por el Congreso de la República y mucho menos instar a que el Gobierno nacional reglamente una sentencia.
SEMANA: Si se cumplen todos los requisitos y se aprueba el referendo, ¿queda prohibido totalmente el aborto en Colombia?
J.R.: Claro, queremos prohibir totalmente el aborto en Colombia. Si se aprueba, es un asunto vinculante y podrían modificar la decisión de la ciudadanía a través de otro referendo.
SEMANA: ¿Pero no se mantendrían las tres excepciones que existieron?
J.R.: El Estado tendría que proteger las situaciones extremas, por lo que obviamente también esas causales quedarían eliminadas porque no hay derecho a abortar. Sería necesario que el Estado asuma responsabilidades, por ejemplo, cuando una mujer es violada y queda en embarazo. Si la mujer no quiere tener el niño, el Estado debe encargarse del proceso de adopción.