¿Cómo evalúa la lucha contra las drogas de Colombia? Mirado hoy, no hemos acertado. Por más de cinco décadas, la lucha antinarcóticos ha sido la columna vertebral de la política pública en Colombia. Siete presidentes han enfrentado este fenómeno, acumulando tantos éxitos como fracasos. Si bien las dimensiones del narcotráfico han cambiado con el paso del tiempo, la lucha contra las drogas en el país todavía tiene una tarea pendiente: proteger la vida de quienes han sido víctimas de esta guerra confusa y sin causa.

¿Por qué Colombia siempre se ha tenido que guiar por la política antidrogas de Estados Unidos? Siempre ha estado de la mano de Estados Unidos por dos razones principales: una comercial y otra diplomática. Primero, porque es imposible separar la oferta de la demanda. Segundo, porque Estados Unidos, desde el gobierno de Nixon, puso la estrategia antinarcóticos en el centro de la política exterior, y Colombia se ha caracterizado por la doctrina del respice polum o mirar siempre hacia el norte. ¿Cuáles fueron los pros y los contras del Plan Colombia? El Plan Colombia se concibió en su momento como una estrategia para detener el crecimiento de los cultivos ilícitos en el país. Sin embargo, fue un plan cortoplacista y que solo funcionó bien en cuanto al fortalecimiento del aparato militar. No fue una solución de fondo a una demanda de drogas creciente. El precio de la cocaína se mantuvo estable y la disminución a partir de 2004 fue del 7 al 10 por cierto. Una cifra extremadamente baja si se tienen en cuenta los más de 5.000 millones de dólares americanos invertidos. El Plan Colombia demostró que erradicar es costoso e ineficiente. Sustituir es una opción más sostenible y con mejores resultados en el ámbito mundial.

Muchos narcos que han pagado sus condenas en Estados Unidos se quedan allá sin pagar sus delitos acá, o regresan para recuperar de manera violenta sus propiedades, ¿ha servido la extradición en la lucha contra el narcotráfico? La extradición ha sido una de las únicas estrategias que realmente amedrentó a los narcotraficantes. Fue un esfuerzo supranacional que nos permitió, en los ochenta, esquivar la cooptación del narcotráfico a algunas instituciones. En años recientes, es un importante elemento de aplicación de justicia: ha golpeado al narcotráfico y le ha permitido al Estado no ceder ante su fuerza corruptora. Sin embargo, ha fracasado en la medida que se extraditan pocos capos y muchos mandos medios. Hemos terminado con una tendencia en que los cultivadores terminan en cárceles en Colombia; los mandos medios, en Estados Unidos; y los jefes con penas reducidas, acá y allá.

¿Es viable negociar con las mafias o los grupos armados ilegales que manejan el negocio del narcotráfico? Negociar no. Someterlos. Y para eso es requisito crear las condiciones para sacar al cultivador de una dinámica perversa. Y atrevernos, por ejemplo, a la regulación. Siempre será una incógnita saber si una negociación exitosa con la mafia, como la impulsada por Betancur con Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Jorge Luis Ochoa, hubiera servido para prevenir tanto dolor y menos injusticias. Yo prefiero, en estos casos, la alternativa penal para los capos. Lo único que es claro es que toda política antidrogas fracasa si es restrictiva. Debemos propender por un nuevo enfoque que se centre en cada eslabón del negocio y no en un solo actor.

¿Por qué el país ha sido tolerante con el narcotráfico y no lo ha condenado socialmente? En Colombia convertimos al narco en actor social. Ello agudizó el conflicto y la confrontación. La droga ya no era un asunto económico, sino una extensa red de crimen organizado que hoy pasa por la política, la sociedad, la tenencia de la tierra, el acceso a la riqueza y hasta la burla a la justicia. Esa supuesta tolerancia tiene un origen común. Cuando el narcotráfico se convierte en combustible de la guerra estamos aceptando que hemos sido incapaces de conciliar realidades, propuestas y visiones de país disímiles las unas de las otras. ¿Cómo ha influido el acuerdo de paz en la lucha contra las drogas ilícitas? El acuerdo de paz puso en marcha una estrategia integral de lucha contra las drogas. Es decir, se dejaba atrás el enfoque meramente punitivo que caracterizó la lucha antinarcóticos en las últimas décadas. El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) no solo promueve el desarrollo rural, sino que permite llegarle a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico. Cuando el presidente Santos terminó su mandato, 90 por ciento de quienes se habían comprometido con la sustitución estaban cumpliendo. Donde hubo presencia del PNIS, se redujeron los cultivos. ¿Cuáles deben ser los pilares para una nueva política antidrogas? Las drogas son adictivas, y su consumo no es deseable. Luego de una carrera pública en la que la lucha contra el narcotráfico siempre fue la prioridad, en mi libro planteo una nueva visión sustentada en tres grandes pilares. El primero, es necesario atacar los problemas que sustentan las actividades de drogas. Debemos entender que la actividad ilícita tiene diferentes fases y múltiples actores. Cada uno de ellos necesita estrategias diferenciadas. El segundo, romper la lógica prohibicionista. Hay ciudades donde las drogas están descriminalizadas a pequeñas dosis. Toca ir un paso más adelante y diseñar canales controlados de suministro para los adictos. Finalmente, la cooperación internacionalizar debe complementar los esfuerzos nacionales en programas de salud pública, tratamiento de adicciones, reducción de daños, financiación a tratamientos. No de sustituirlos. n