El lunes pasado en Viena (Austria), el ministro de Justicia, Yesid Reyes, dejó a más de uno boquiabierto en la sesión anual de la Comisión de Estupefacientes de la ONU. En el encuentro Reyes pronunció un discurso fuerte, en el que reclamó una “revisión profunda de los objetivos y de las estrategias mundiales para abordar el problema de las drogas” con un enfoque de consumo “abordado desde una perspectiva de salud pública”, donde “el derecho penal debe ser el último recurso para enfrentar la problemática de las drogas” y pidiendo que las políticas antidrogas deben ser evaluadas “por sus eventuales resultados adversos”. Aunque en entrevistas el presidente Juan Manuel Santos ya había mostrado esa dirección, Reyes pronunció su discurso ni más ni menos que en el lugar donde se monitorea y se hace cumplir el prohibicionismo. Lo curioso es que en Colombia la orientación represiva se mantiene, e iniciativas como la de la marihuana medicinal están empantanadas en el Congreso. Para Daniel Mejía, quien dirige el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, “hay que pasar de la retórica a los hechos, hay que tomar decisiones en Colombia. El país también tiene que liderar un bloque que presione por un cambio mundial y la Cancillería, que ha sido muy tímida, debería respaldar esa posición”. Sobre todo porque en 2016 la Asamblea General de la ONU celebrará una sesión especial (Ungass) sobre drogas, que puede volverse un punto de inflexión en las políticas antidrogas. Y la voz de Colombia tiene que retumbar.