El 2 de noviembre de 2009 la Fuerza Aérea y la Policía Antinarcóticos le dieron un golpe memorable al narcotráfico. Al medio día una patrulla terrestre de la Policía localizó en Ayapel, Córdoba, una avioneta abandonada por sus tripulantes luego de que fueron obligados a aterrizar. La aeronave, que procedía de Honduras, fue copada y en su interior los agentes encontraron una maleta con un verdadero botín: 20.001 billetes de 100 dólares. Es decir, 2 millones 100 dólares.El dinero fue incautado, trasladado a la capital del departamento y puesto a disposición de Rita Muentes Lafont, fiscal especializada de la Seccional Córdoba, a quien le correspondió conocer el caso y recibió la fortuna, cuya autenticidad fue avalada por un perito profesional en documentología de la Sijín, quien dijo en el informe de entrega que "los 20.001 billetes poseen la característica de seguridad que son incluidas por su fabricante". Lo que siguió fue entrar en contacto con el gerente del Banco de la República, sede Montería, para poner el dinero en custodia. El mayor Wilson Barreto, jefe de la Sijín allí, se encargó por una noche de cuidar la plata. Empleó medidas de seguridad extremas: decenas de agentes armados dentro de un salón y otros tantos en el perímetro. En el salón, sobre una mesa y monitoreado con cámaras que grabaron de corrido, estaba el dinero incautado. Al siguiente día -4 de noviembre-, el mayor desplegó un operativo para trasladar, sin riesgo, el dinero al banco. Los funcionarios del banco constituyeron la custodia, luego de contar y verificar uno a uno los billetes para descartar que fueran falsos. Sin más, el título de la custodia se expidió a nombre de la fiscal Muentes. Tres meses después, el 10 febrero de 2010, la funcionaria se presentó en la misma sede del banco para retirar la cuantiosa suma. Dijo que necesitaba hacer una "inspección a esa prueba", a las 11:45 de la mañana. Con evidente afán, firmó a conformidad y recibió los fajos. Todo quedó registrado en videos. Sin seguridad ni compañía de nadie, simplemente tomó el dinero y se fue en su propio carro. Ese mismo día, a las dos de la tarde, la funcionaria se presentó ante el CTI de Montería para entregar el dinero y solicitar que fuera analizado. Sin embargo, desde ese momento se advirtió que los billetes eran simples fotocopias. Extrañamente nadie dio aviso de la situación. ¿Qué pasó entre las 11:45 y las dos de la tarde y por qué se tardó más de dos horas cuando de la sede bancaria a la Fiscalía en Montería no hay más de cinco minutos? Las irregularidades no terminaron ahí. Dos meses después un par de agentes del CTI, colaboradores del despacho de Muentes, se presentaron ante el Banco de la República para intentar dejar una vez más la plata en custodia. Pero esta vez no fue posible. "No se necesitaba el Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos para saber que eran fotocopias", le dijo a SEMANA uno de los funcionarios del banco. De inmediato, el gerente de la entidad en Montería dio aviso a la Fiscalía general. Se inició así una investigación penal que hoy tiene como principal acusada a la fiscal Muentes y a sus dos colaboradores. Alberto Ramírez, fiscal adscrito a la unidad que investiga a funcionarios, reconstruyó los hechos, documentando cada situación con las actas del banco, videos de seguridad y testimonios. La fiscal Muentes fue acusada ante el Tribunal Superior de Córdoba por el delito de peculado por apropiación. Con pruebas tan contundentes Ramírez supuso que el caso tendría un trámite expedito. Pero no. La Fiscalía no ha podido convencer a la Justicia de Montería de que dicte medida de aseguramiento contra Muentes. Guillermo Álvarez, abogado defensor de la fiscal, asegura que su defendida lleva 16 años trabajando en la Rama Judicial sin tacha y que "no se sabe si los billetes que ingresaron y salieron del Banco de la República eran los mismos", según afirmó en una audiencia. SEMANA conoció que desde el 20 de octubre de 2011 el magistrado Henry Villarraga, del Consejo Superior de la Judicatura, mantiene suspendida a la fiscal por la pérdida de los dólares.Por otra parte, el Tribunal Superior de Montería tuvo que reemplazar a un magistrado (de tres que juzgarán) porque se declaró impedido por ser amigo de Muentes. Luego, el mismo Tribunal determinó que los videos aportados por el Banco de la República al proceso, la prueba reina, no podían ser admitidos tras aducir un contratiempo técnico. El fiscal Ramírez apeló esa decisión y la Corte Suprema de Justicia le dio la razón. En otra diligencia, la Procuraduría dijo que había sido presionada para que no apoyara la posición de la Fiscalía. Por todo ello ahora, cuando está a punto de empezar el juicio oral, el fiscal solicitó que el caso sea trasladado de Montería porque no hay garantías de independencia e imparcialidad. Una vez más será la Corte Suprema de Justicia la que decida qué pasará. Lo que está claro hasta ahora es que la plata se perdió. Y nadie da razón.