Desde su fundación en 1954, el sistema de compensación familiar en Colombia ha sido reconocido como un modelo único de redistribución de riqueza, que beneficia a más de 20 millones de colombianos. Sin embargo, el año 2023 fue especialmente desafiante para el sistema debido a un contexto de inestabilidad económica y política.
La rotación ministerial y la incertidumbre generada por proyectos de ley que buscan reformar la salud y las pensiones han sido la base para esa preocupación. A esto se sumó la intervención de seis EPS en menos de 14 meses, lo que agudizó la necesidad de mejorar la gobernanza y la transparencia dentro del sistema.
Al cierre de 2023, el sistema contaba con 791.000 empresas aportantes y 10,7 millones de trabajadores afiliados, logrando recaudar 11,4 billones de pesos destinados a programas sociales como cuotas monetarias, vivienda y educación. No obstante, la informalidad laboral, que afecta al 43 por ciento de los trabajadores sigue siendo un gran reto.
David Escobar Arango, director de Comfama, aseguró que “las cajas de compensación han evolucionado para mejorar sus servicios, adaptándose a las necesidades sociales emergentes. Hemos focalizado esfuerzos en regiones, jóvenes, inclusión y equidad de género, reconociendo el impacto cultural en una sociedad justa”.
Actualmente existen 43 cajas de compensación en todo el país, las cuales benefician a más de 28 millones de personas con recursos que superan los 6 billones de pesos anuales. Este soporte es clave para más de 17 millones de afiliados y sus familias, pues incluye un amplio espectro de servicios sociales y de salud. Según Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, “las cajas son el mecanismo más eficiente de redistribución de riqueza. Contribuyen al cierre de brechas y promueven una clase media consolidada”.
Estas organizaciones cumplen un papel crucial en la redistribución de ingresos, donde las grandes empresas subsidian a las micro y pequeñas, asegurando que los trabajadores de menores ingresos reciban más beneficios. Esto se refleja también en el ámbito salarial, donde los empleados con mayores ingresos aportan más para apoyar a quienes tienen ingresos más bajos.
Los recursos que aportan las empresas permiten acceso a subsidios de vivienda, educación, salud, recreación y cultura para más de 20,8 millones de personas, cubriendo el 42 por ciento de los afiliados totales al sistema de salud. Además, garantizan liquidez al sistema de salud a través de giros directos a la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Según Dillian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, “las cajas son un soporte social crucial para las familias de escasos recursos, brindando bienestar social con subsidios de vivienda, seguridad social, recreación y deporte”.
Reformas, ¿una amenaza?
“Hemos seguido las reformas, especialmente la reforma a la salud. Nos enfocamos en mantener la calidad del servicio y la operación de la red de prestadores. La intervención de Famisanar y la Nueva E.P.S. han sido cruciales, y estamos atentos a Compensar, Comfandi, S.O.S. y Savia Salud. La reforma laboral solo beneficia a los trabajadores formales, excluyendo a 13 millones de informales. Necesitamos una política que contemple nuevas modalidades laborales y garantice protección social. Y la reforma pensional debe lograr que todos se pensionen, no solo aumentar subsidios”, comentó Guillén.
Para Carlos Mauricio Vásquez Páez, director de Compensar, una entidad con más de 105.000 empleadores y 2,8 millones de afiliados, “las reformas deben ser una oportunidad para mejorar el bienestar de la población, disminuyendo ojalá la brecha de equidad en el acceso a los servicios”.
Desde su fundación en 1957, Comfenalco Antioquia también ha sido el pilar del bienestar de miles de familias. “Las reformas propuestas para el sistema de cajas de compensación representan nuevos desafíos. Las observamos con cautela y esperanza, confiando en que mejorarán la eficiencia y transparencia”, advirtió Esteban Gallego, su director.
Las cajas de compensación no solo cumplen con sus obligaciones legales, también han demostrado ser esenciales en momentos de crisis, destacó Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico. “Durante la inundación de 2011, por ejemplo, las cajas desempeñaron un papel crucial en la distribución ordenada de alimentos, mitigando así los impactos físicos y mentales en la población afectada”.
Para este año se esperan ajustes en el sistema de compensación que permitan reducir la informalidad laboral y adaptarse a las nuevas tendencias demográficas. La inflación y las tasas de interés serán factores que influirán en la capacidad del sistema para seguir siendo un pilar de bienestar y equidad en Colombia.