Desde hace más de tres décadas, el mundo busca la manera de avanzar hacia la transición energética sin poner en riesgo el suministro de energía ni una de las principales fuentes de ingresos para la economía. Los países nórdicos están a la vanguardia en este proceso, pues actualmente producen más del 90 por ciento de su energía a partir de fuentes limpias y son grandes exportadores hacia el resto del continente. Sin embargo, lo que sucede en Alemania evidencia la complejidad del desafío. La reducción en el suministro de gas, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, obligó al país a aumentar la explotación de carbón, poniendo en un segundo plano sus compromisos climáticos.

En América Latina esta discusión tiene un tinte diferente. La mayoría de países cuentan con matrices limpias. Por ejemplo, Chile, México y Brasil han aumentado en los últimos años la producción de energías renovables por encima del 60 por ciento, y Uruguay alcanzó más del 90 por ciento, incluyendo al hidrógeno verde dentro de su oferta energética. Debido a que algunas economías de la región dependen en gran parte de la exportación de hidrocarburos, el desafío está en cómo reemplazar los ingresos que provienen de esta actividad.

Giovanni Pabón, director del Área de Energía en el Centro de pensamiento Transforma, llama la atención sobre la diferencia entre transición económica y energética. “La económica es cuando, por ejemplo, un país decide dejar de ser agricultor y comenzar a exportar otro recurso. Mientras que la transición energética es un concepto que se refiere exclusivamente a cómo un país usa su energía para moverse”. El caso colombiano ilustra muy bien este dilema. Aunque el país cuenta con una matriz limpia, pues el 70 por ciento de su energía se origina en hidroeléctricas, buena parte de los ingresos fiscales provienen de la exportación de petróleo y carbón. Una de las principales banderas del Gobierno del presidente Gustavo Petro es revertir esta dependencia.

Aunque existe un relativo consenso sobre la necesidad de emprender este camino, la propuesta ha recibido múltiples críticas. “Comunicar este cese sin un plan de transición económico y social solo genera más dudas. Sabemos que existen cerca de 400 contratos de exploración, pero la pregunta es si con eso que ya tenemos es suficiente para mantener la energía en los próximos años. Y no tenemos cifras al respecto”, agregó Pabón.

Incluso dentro de un sector del ambientalismo han surgido fuertes cuestionamientos sobre esta política. El exministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez Becerra ha sido una de las voces más visibles en esta discusión. “Prohibir en Colombia las exploraciones de gas y petróleo es un absurdo, si el país deja de exportar hidrocarburos en esta década entrará en crisis económica”, ha repetido en varias ocasiones.

En los próximos meses se definirá el rumbo que tomará la transición energética en Colombia, cuando el Gobierno presente la hoja de ruta. Lo cierto es que, aunque es un hecho innegable que la quema de combustibles fósiles es la principal causante del calentamiento global, persisten muchos vacíos sobre las fórmulas idóneas para construir sociedades que no dependan de ellos para subsistir.

El camino es largo

Aunque se ha vuelto cada vez más habitual hablar de transición energética, la mayoría de personas cree que se trata de reemplazar los combustibles fósiles por energía renovable para reducir la emisión de gases, responsables del calentamiento global. Sin embargo, este proceso es mucho más complejo porque exige avances tecnológicos e implica un cambio profundo en los patrones de consumo de la sociedad. Por ejemplo, que una familia compre un carro eléctrico en vez de uno impulsado por gasolina.

En palabras de José Vuelvas, director de la maestría en Energía y Sostenibilidad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana, “la transición energética va más allá del petróleo y del uso de energía solar fotovoltaica y torres eólicas. Es un despliegue largo y complejo de tecnologías, hablamos también de hidrógeno, de biomasa, de geotermia, de eficiencia energética, de cambiar los dispositivos en la industria y en el hogar para que sean más eficientes energéticamente. Tampoco basta con producir energía limpia, hay que considerar su consumo”.

En el caso colombiano, la transición energética además implica modificar la estructura económica, tomar decisiones relacionadas con la política minera, conciliar con las comunidades, evaluar los impactos ambientales negativos (porque las energías verdes también los tienen) y fomentar políticas públicas que vayan más allá de desincentivar la producción de combustibles fósiles, promuevan la construcción de infraestructura y faciliten el uso de energías renovables.

Aunque Colombia solo genera alrededor del 0,5 por ciento de los gases de efecto invernadero (GEI) que se emiten en todo el mundo, ratificó el Acuerdo de París y está comprometida con la meta de reducir a cero las emisiones netas de carbono para 2050. “Además de necesaria, la transición energética es imprescindible e inaplazable para poder cumplir con estos compromisos. La integración de las fuentes no convencionales de energías renovables a la matriz energética hacen al país más resiliente frente al cambio climático”, precisó Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía.

Por su parte, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, advirtió que la humanidad debe transitar hacia un mundo carbono neutral. “Desde la industria del gas natural hemos reiterado que Colombia necesita consolidar la transición energética a través de la implementación de acciones enfocadas en el uso de tecnologías que permitan generar energías más limpias, descarbonizar las actividades económicas y que a la vez propendan por el bienestar de los colombianos y aprovechen todos los recursos naturales disponibles”.

Un proceso gradual

El consenso sobre la necesidad de avanzar en la transición energética es claro, sin embargo, hay discrepancias con respecto a la ruta y el tiempo que duraría este proceso. El debate se ha concentrado en el anuncio de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, de acabar de un solo tajo con la contratación de nuevos proyectos de exploración de hidrocarburos. El Gobierno justifica su posición argumentando que Colombia debe dejar de ser dependiente económicamente de la extracción de combustibles fósiles porque en la medida en que el mundo avanza también en la transición, eventualmente no tendrá quién se los compre.

Si bien el argumento es cierto, los críticos, e incluso algunos aliados del Gobierno, señalan que acabar con los proyectos de exploración casi de inmediato causaría mucho daño. La transición energética y la diversificación de la economía deben hacerse de manera gradual. “Esto tiene que ir acompañado de una estrategia de transformación productiva que diversifique la economía, de modo que esta dependa cada vez menos del carbón y de los hidrocarburos, solo así será posible la reconversión laboral. Esta transición le tomará al país más de 12 años, no se puede pensar con el deseo de que se pueda acelerar, porque, tal como ha ocurrido en Europa, se pondría en riesgo no solo la seguridad sino también la soberanía energética”, aseguró Acosta.

Incluso ambientalistas que han apoyado la política ambiental del presidente Gustavo Petro y son críticos de la industria de los hidrocarburos han expresado sus reparos. Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, escribió en Twitter: “Colombia debe hacer la transición energética para dejar de consumir combustibles fósiles. Y debe explotar petróleo y gas para la exportación mientras sea competitivo y por consiguiente haya demanda por sus combustibles. Dejar de hacerlo no tiene efecto en el cambio climático”.

De hecho, según XM, una administradora del mercado eléctrico, cerca del 68,4 por ciento de la energía producida en el país proviene de fuentes hídricas, 13,3 por ciento del gas natural y 9,5 por ciento del carbón. Es decir, que nuestra matriz de generación energética es en realidad verde. Además, de acuerdo con el Tercer Informe Bienal de Actualización de Cambio Climático de Colombia (2021), los sectores que más GEI producen son los de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, que equivalen a un 59,1 por ciento, mientras que el de la industria de la energía y de emisiones fugitivas de fabricación de combustible alcanzan el 8,1 y el 3 por ciento, respectivamente.

Otro aspecto que preocupa es que el Gobierno incluyó al gas natural dentro del paquete de energías fósiles a reemplazar cuando, en realidad, es un componente clave de la transición. De hecho, a mediados del año pasado el Parlamento Europeo lo clasificó como energía verde. “El gas natural se confirma como la pieza clave del rompecabezas para acelerar la transición a las energías renovables, porque es un energético de bajas emisiones, económico y disponible en Colombia, que brinda respaldo y confiabilidad a la generación eléctrica frente a las intermitencias de la energía eólica y solar. Esto no es un eslogan, es una realidad”, enfatizó Murgas.

De acuerdo con el profesor Vuelvas, en este proceso “vamos a dejar de producir hidrocarburos y a explotar de manera intensiva recursos minerales, porque las tierras raras y metales como el cobre son necesarios para fabricar los aparatos tecnológicos que la industria de las energías renovables requiere”. La Agencia Internacional de Energías Renovables ha pronosticado que, en el caso del cobre, del que se necesitan 4,7 toneladas para construir un aerogenerador de tres megavatios, su demanda aumentará a más del 600 por ciento en 2050.

¿Esto significa que las energías renovables intensificarán la minería? ¿Cómo gestionar el impacto ambiental con el aumento de esta actividad? ¿Se le dará vía libre a la minería, pero no a la explotación de hidrocarburos? Las respuestas a estas preguntas no están del todo claras. La discusión del Plan Nacional de Desarrollo que comenzó en el Congreso permitirá comenzar a despejar dudas, así como la presentación de la hoja de ruta de la transición propuesta por este Gobierno que está prevista inicialmente para marzo.