Con licencia para delinquir | En Córdoba hay corrupción local y nacional

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Un total de 17 gobernadores ha tenido el departamento de Córdoba entre 1992 y 2002. Varios fueron encargados. Tres gobernadores titulares fueron condenados en los últimos 30 años por la Corte Suprema de Justicia.

Jorge Elías Manzur Jattin, elegido para el periodo 1992-1994, fue condenado en 1996 por la Corte Suprema de Justicia a 48 meses de prisión por concusión. Manzur Jattin pidió un soborno a un particular para adjudicarle la licitación del chance. Firmado el contrato, el particular invitó a su casa al gobernador y lo grabó mientras hablaban del pago. El soborno era de 70 millones de pesos.

El particular, Pedro Ghisays Chadid, giró un cheque por un primer pago de 20 millones de pesos a nombre propio y lo endosó a favor de un amigo del gobernador. Este reconoció que su voz en la grabación era auténtica. Ghisays Chadid entregó el casete de la grabación a la Fiscalía y denunció públicamente el caso. Con base en ese casete se abrió la investigación penal. Según Ghisays, en una licitación anterior el gobernador le pidió 100 millones de pesos. Agregó: “Volvimos a reunirnos y esta vez ‘rebajó’ su pedido. No encontrando otra salida posible que complacer las pretensiones del gobernador, acepté pagar, pero con la intención de denunciar los hechos dolosos de que yo y la empresa éramos víctimas. Pensé en lo difícil que sería para mí probar los hechos y entonces se me ocurrió citarlo a mi residencia para cerrar el negocio y aprovechar esa oportunidad para grabar las conversaciones. Convinimos la cita. Cuando él llegó a mi residencia ya yo tenía preparada y oculta una grabadora”.

El gobernador señaló en el juicio que fue víctima de un montaje y que Ghisays era “un chancero de pésima conducta”. La Corte Suprema de Justicia desechó esas razones, pues el gobernador siguió visitando a Ghisays y mantuvo constante comunicación con él. “El doctor Manzur se preocupó más por hacer creer que estaba siendo víctima de un montaje, que por explicar su conducta”, indicó la sentencia.

Según el fallo: “Para la Corte resulta claro que el gobernador Manzur abusó de su cargo y, en esa medida, solicitó indebidamente al denunciante la entrega de una fuerte suma de dinero a cambio de adjudicarle a la sociedad Apuestas de Córdoba el contrato de apuestas permanentes”. En 2006, Manzur Jattin presentó una demanda de revisión que no fue admitida por la Corte Suprema de Justicia.

Alegó que él era un buen hombre y mejor ciudadano que dedicó su vida de servicio público a luchar contra la corrupción en su departamento, lo que lo llevó a enfrentarse a los empresarios del chance y de licores. Esa actitud, afirmó, llevó a Ghisays, Moisés Elías Náder y al senador Jorge Ramón Elías Náder a tenderle una trampa para presentarlo como un funcionario deshonesto. El tiempo le daría la razón, adujo, pues luego de la condena, se conocieron los cheques del cartel de Cali que sirvieron para pagar la estadía del senador Elías en el Hotel Intercontinental de Cali y otros cheques del mismo cartel que fueron endosados a Pedro Ghisays Chadid.

Jesús María López Gómez fue gobernador de 2001 a 2003. La Corte Suprema de Justicia lo condenó en 2009 a siete años de prisión por dos delitos: peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Por oficio, el gobernador autorizó a una empresa privada para suministrar personal de aseo y vigilancia a varios colegios oficiales. Se demostró que ninguno de los 32 empleados supuestamente contratados prestó sus servicios. Así lo declararon los empleados y los rectores de los colegios. La Corte Suprema de Justicia afirmó: “Con ese comportamiento, el procesado dilapidó los fondos públicos para la satisfacción de intereses particulares”. A la empresa de servicios temporales, el departamento le pagó 149 millones de pesos. Un juzgado de ejecución de penas de Montería autorizó a López Gómez, que sufría quebrantos de salud, pagar la condena en sus fincas Las Olas, La Playa, Las Negritas, Flor de María y La Cruz. “Por supuesto, pernoctando en alguno de sus predios”, precisó el juzgado. Jesús María López Gómez falleció en 2012 a los 85 años.

Siete meses antes de morir, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 90 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promover grupos armados al margen de la ley. López Gómez mejoró la infraestructura de un centro de salud en el corregimiento de Caramelo, municipio de Tierralta, donde se atendía a heridos de las autodefensas.

El condenado no tenía razones para ser contradictor de los paramilitares y, por el contrario, le sobraban para ser su amigo, según la Fiscalía, pues como ganadero fue víctima de las guerrillas. La defensa señaló que López Gómez siempre buscó protección de las autoridades legítimamente constituidas y agregó que en los años ochenta emprendió, dentro de la legalidad, una cruzada con 200 ganaderos de Córdoba “para no dejarse imponer la violencia de esos grupos bandoleros que azotaron los campos y los poblados”.

Norman Guillermo Espinosa Nieto estuvo encargado de la Gobernación menos de 30 días a fines de 2001. Fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en dos procesos distintos. En 2007 fue condenado a cinco años de prisión por peculado y por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Espinosa Nieto, ingeniero civil de profesión, firmó dos órdenes contractuales para suministro de material de relleno en las calles de un barrio de Cereté y para pintura y arreglo de una escuela en el mismo municipio. Las órdenes sumaban 26 millones de pesos y favorecían a Dayana del Carmen Buitrago Padilla. Esta adujo que su nombre y cédula fueron utilizados fraudulentamente, pues nunca se presentó a la Gobernación a gestionar los contratos ni los suscribió y tampoco recibió el precio acordado.

El condenado alegó que autorizó el gasto por solicitud de Heber Pico, concejal de Cereté, y porque un funcionario de la Secretaría de Infraestructura elaboró los documentos. Pico recibió los cheques a nombre de Dayana Buitrago y canjeó dos en una estación de gasolina. Por el número de viajes que llevaron material de relleno solo se gastó el 12 por ciento de la orden. El condenado aceptó que se había falsificado la firma de Buitrago, pero señaló que no era él el encargado de recoger la firma de los contratistas. Aseveró que no era responsable de la cadena de endosos que sufrieron los cheques. “La escogencia del contratista fue subrepticia, subjetiva, engañosa”, según la sentencia.

“El principio de transparencia impone como mínima exigencia que los contratos que celebre la administración se suscriban con personas reales, identificables, que puedan ser escrutadas públicamente”, agregó el fallo. Dayana Buitrago se enteró por otro concejal que Heber Pico había utilizado su nombre y cédula. Ella le reclamó a Pico, el cual le dijo: “Que yo no sabía con quién me estaba metiendo, que muchas cosas pueden ocurrir”. La Corte Suprema de Justicia concluyó: “El juicio sobre la personalidad del procesado ESPINOSA NIETO resulta adverso, ya que las conductas por él ejecutadas fueron graves en grado sumo”.

En 2016, la Corte Suprema de Justicia condenó a Norman Guillermo Espinosa Nieto por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a 65 meses de prisión. El gobernador encargado, que era secretario de infraestructura de Córdoba, firmó 45 órdenes para construir 307 letrinas en varios municipios sin seguir los trámites legales. Su valor era de 491 millones de pesos. Los trabajos se adjudicaron a personas que no eran idóneas. “Los contratistas fueron seleccionados al antojo”, según la Fiscalía.

Los contratistas fueron personas ajenas a la construcción, pero muy cercanas a la administración departamental que subcontrataron las obras, según la sentencia. Uno era abogado; otro, administrador de una finca; otro, comerciante; una era arquitecta; otra era secretaria de una oficina de aseo. El condenado se defendió diciendo que “la administración pública es sabia y sus actuaciones están orientadas por la buena fe y la salvaguarda de los intereses generales”.

Alejandro Lyons Muskus fue gobernador de Córdoba de 2012 a 2015. En 2018, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a cinco años y tres meses de prisión por concierto para delinquir agravado. Lyons Muskus aceptó haber recibido comisiones sobre contratos financiados con regalías. Los contratistas debían pagar una comisión del 30 por ciento sobre cada contrato, a repartir entre Lyons Muskus, el senador Musa Besaile y el director de regalías, Jairo Zapa.

Alejandro Lyons Muskus recibió por coimas 8.950 millones de pesos. Según la sentencia, Lyons Muskus “diseñó un plan criminal para que a su patrimonio ingresaran miles de millones de pesos destinados al desarrollo científico y tecnológico” de Córdoba, “para lo cual se concertó con algunos senadores” y con varios particulares. El exgobernador enviaba intermediarios para recoger el dinero en efectivo, que era empacado “en cajas por miles de millones de pesos”, según el fallo.

Un testigo que declaró en el juicio afirmó que observó a Zapa cuando llevaba las cajas con el dinero en efectivo a la oficina del gobernador Lyons Muskus. Uno de los contratos financiados con regalías, que costó 17.300.000.000 de pesos, llevaba por nombre “Aplicación de ciencia y tecnología e innovación en carneros para mitigar los efectos del TLC en el departamento de Córdoba”; otro, por algo más de 15.000.000.000 de pesos, se destinó al objeto genérico de “Investigación en recursos hidrobiológicos del caribe colombiano”.

Para la Corte Suprema de Justicia: “No emerge duda acerca de la materialización del delito de concierto para delinquir agravado a través de la conformación de una compleja y eficaz empresa criminal que claramente fue ideada y dirigida por el entonces gobernador del departamento de Córdoba”.

Agregó la Corte: “Resulta tan palmario el dolo en el comportamiento del procesado, que como uno de los pasos necesarios para llevar a cabo su idea criminal, modificó la planta de personal para crear el cargo en el que nombró a su emisario en todo este interregno delictivo, Jairo Zapa Pérez”. Este fue asesinado en 2014. La Fiscalía anunció en mayo de 2022 que imputará por el homicidio de Zapa Pérez a uno de los contratistas beneficiados con las regalías, Jesús Eugenio Henao Sarmiento.

Cuando Alejandro Lyons Muskus fue condenado, el juzgamiento de gobernadores se hacía en única instancia. Como desde 2018 se hace en doble instancia, la sentencia contra el exgobernador dejó de estar en firme, pues la Corte Suprema de Justicia dispuso que se le aplicara el nuevo régimen que contempla una segunda instancia.

Como parte del acuerdo con la Fiscalía, Lyons Muskus se comprometió a esclarecer hechos de corrupción ocurridos en su administración. Esa colaboración permitió acusar penalmente al senador de Córdoba Musa Besaile. Lyons Muskus facilitó que se grabara en Miami una conversación suya con el abogado Leonardo Pinilla. En la grabación, Pinilla le dice a Lyons Muskus que el senador Besaile pagó 3.000 millones de pesos a Gustavo Moreno para evitar su captura dentro de un proceso en la Corte Suprema de Justicia por nexos con autodefensas.

Días después, en una reunión entre Lyons Muskus y Musa Besaile en Montería, Besaile le informó que algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia le exigieron dinero por medio de Gustavo Moreno para evitar su captura y que él había aceptado pagarles 2.000 millones de pesos.

Musa Besaile le pidió a Lyons Muskus 1.000 millones de pesos para completar el dinero a entregar para evitar la captura. Lyons Muskus le contestó que podía entregarle 600 millones de pesos procedentes de los acuerdos de corrupción entre ambas partes. Lyons Muskus declaró también que en febrero o marzo de 2015 le entregó a Besaile 600 millones de pesos en efectivo, 400 millones pesos que tenía en su casa y 200 millones de pesos que le llevó Sami Spath.

Estas aseveraciones de Lyons Muskus fueron encontradas creíbles por la Corte Suprema de Justicia cuando en 2018 acusó al senador Besaile por peculado y cohecho. Señaló en esa decisión la Corte Suprema de Justicia: “Si Lyons Muskus, el principal artífice de la apropiación de recursos del departamento de Córdoba, le entregó a MUSA BESAILE FAYAD el dinero correspondiente a las coimas de la contratación para sufragar su causa ilícita, no cabe duda que conductas en principio independientes, se conjugan por fuerza o razón de las circunstancias en un solo propósito: desarticular la justicia como esencia del Estado a partir de la previa defraudación de su patrimonio”.

Edwin Besaile Fayad fue elegido gobernador de Córdoba para el periodo 2016-2019. No ha sido condenado por la Corte Suprema de Justicia. Por el cartel de la hemofilia fue acusado por la Fiscalía en 2018 y 2021 ante la Corte Suprema de Justicia.

Besaile Fayad autorizó pagos por 1.525 millones de pesos a supuestos pacientes de hemofilia. La hemofilia es un mal hereditario poco común en que la sangre no coagula adecuadamente, pudiendo causar sangrado espontáneo.

Los pagos autorizados por Besaile Fayad se hicieron a personas cuyas “historias clínicas y otros documentos que sirvieron de soporte eran falsos”, indicó la Fiscalía. Según la acusación, Besaile Fayad acordó con su antecesor, Alejandro Lyons Muskus, “apoderarse de recursos públicos y repartirse comisiones” de los recobros de servicios de salud. “Hay indicios de que, para materializar y sellar este pacto ilícito, Besaile Fayad, presuntamente, recibió cerca de 2.100 millones de pesos”, de acuerdo con la Fiscalía.

El presidente Iván Duque destituyó a Edwin Besaile Fayad en marzo de 2019. El periodo del gobernador terminaba en diciembre de 2019.

La decisión presidencial se tomó cuando quedó en firme la destitución ordenada por la Procuraduría General de la Nación, que además sancionó a Besaile Fayad con inhabilidad por 12 años para ejercer cargos públicos. Esta sanción se aplicó porque el gobernador participó en decisiones oficiales sobre el mejoramiento de la carretera entre Ciénaga de Oro y Sahagún, pese a estar impedido por ser dueño de nueve predios en el trayecto de la vía. “Dicha obra pública impactaría personal y económicamente los predios de su propiedad”, según la Procuraduría.

DEPARTAMENTO DE SUCRE

Nueve gobernadores por elección ha tenido el departamento de Sucre entre 1992 y 2022. Uno repitió, el primero, Édgar Martínez Romero, que fue también el penúltimo. Tres han sido condenados por la Corte Suprema de Justicia, pero solamente uno lo fue por delitos contra la administración pública. Los demás fueron condenados por nexos con grupos armados ilegales.

Eric Morris Taboada, gobernador entre 1998 y 2000, fue condenado en 2007 por la Corte Suprema de Justicia a seis años de prisión y multa de 2.000 salarios mínimos legales mensuales por el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley. Según la Corte Suprema de Justicia: “Se acreditó que el doctor MORRIS TABOADA realizó acuerdos con integrantes de las autodefensas de Sucre orientados a brindarles apoyo y facilitarles su actuar, mas no que se hayan ejecutado esos acuerdos”. Además, la sentencia indicó: “El aforado hacía parte de una estructura criminal integrada por un número plural de personas articuladas de manera jerárquica y subordinada a una organización criminal”.

Eric Morris Taboada se benefició con un homicidio, según otra sentencia de la Corte Suprema de Justicia, y fue elegido gobernador gracias a ese delito. El homicidio de Georgina Narváez Wilches en San Onofre (Sucre) en 1997 fue, según la decisión judicial, un “suceso ligado estrechamente al cuestionado resultado electoral que permitió la llegada de Eric Morris Taboada a la gobernación de Sucre”.

Para la Fiscalía, el fraude del que fue testigo Georgina Narváez no modificaba en mucho los resultados a favor de Eric Morris Taboada. Podrían ser 20 votos o menos, como declararon Morris Taboada y Álvaro García Romero, el senador de Sucre que fue condenado como determinador de la muerte de Narváez. Fue en la sentencia en que se condenó a García Romero a 40 años de prisión por varios homicidios, incluyendo los del corregimiento de Macayepo (Carmen de Bolívar), donde se mencionó el beneficio electoral recibido por Eric Morris Taboada.

Para la Fiscalía, el hecho significativo fue el fraude que presenció Georgina Narváez lo que habría podido desencadenar un escrutinio en todas las mesas de San Onofre. Los resultados de ese municipio fueron los que permitieron la ventaja de 3.000 votos a favor de Eric Morris Taboada, “quien la misma noche de las elecciones venía perdiendo frente a su contendor”, según la Fiscalía. Georgina Narváez Wilches era secretaria de planeación municipal del municipio de San Onofre.

La Corte Suprema de Justicia encontró creíble la declaración de un testigo que informó haber oído a Álvaro García Romero cuando decía que había que dar muerte a Georgina Narváez. Esta fue testigo de mesa y tomó un formulario electoral E14 con tachaduras en el total de votos de Eric Morris Taboada y en el total de sufragios nulos. Georgina Narváez envió anónimamente ese formulario a la campaña de Édgar Martínez Romero, contrincante de Morris Taboada en las elecciones celebradas el 26 de octubre de 1997.

Fue asesinada el 19 de noviembre de 1997 frente a su casa por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. En ese momento hablaba con su hermano y con los educadores Mafaldo Teherán y Adelmo Blanco Espinosa. Eric Morris Taboada no fue procesado dentro del juicio en que Álvaro García Romero fue condenado como determinador de la muerte de Georgina Narváez. García Romero nunca fue gobernador de Sucre.

Al condenar a García Romero en 2010, afirmó la Corte Suprema de Justicia: “La Corte encuentra mérito para condenar al senador ÁLVARO GARCÍA ROMERO en calidad de determinador del homicidio de que fue víctima la señora GEORGINA NARVÁEZ WILCHES, pues tal como se demostró en precedencia a través del análisis de la prueba de cargo, la idea criminal y posteriormente la orden para su ejecución fue dada por él”.

Salvador Arana Sus, médico de profesión y gobernador entre 2001 y 2003, fue secretario de Salud en la administración de su antecesor Eric Morris Taboada, así como gerente de la campaña de Morris Taboada a la Gobernación.

En 2009, la Corte Suprema de Justicia condenó a Salvador Arana Sus a 480 meses o 40 años de prisión como determinador de los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio agravado y coautor del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley.

También fue condenado al pago de una multa de 4.750 salarios mínimos legales mensuales y a inhabilitación de derechos y funciones públicas durante 20 años.

Arana Sus fue condenado como determinador de la desaparición y homicidio de Eudaldo Díaz Salgado, alcalde del municipio de El Roble (Sucre), el cual desapareció en abril de 2003 y fue luego hallado muerto. Según la sentencia: “Se evidencia que basado en la relación que tenía SALVADOR ARANA SUS con el grupo de Autodefensa de Sucre, su acercamiento con RODRIGO ANTONIO MERCADO PELUFO, quiso dar muerte al alcalde de El Roble EUDALDO LEÓN DÍAZ SALGADO, previa su desaparición hasta el punto de influir en la misma, inclusive dar una suma de dinero para perpetrar su homicidio”.

Otra condena contra Salvador Arana Sus emitió la Corte Suprema de Justicia en 2013, cuando lo sentenció a 96 meses de prisión, multa de 478.669.719 pesos e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones pública por 96 meses.

En este proceso fue condenado por peculado por apropiación a favor de las Autodefensas Unidas de Colombia. Como gobernador de Sucre, Arana Sus dispuso el pago doble de varios contratos del municipio de Tolú por 478.669.719 pesos, con lo que afectó, según la Corte, los recursos de regalías y benefició el patrimonio ilícito de las autodefensas de la región a cargo de alias Diego Vecino.

En 2020, la Jurisdicción Especial para la Paz aceptó el sometimiento de Salvador Arana Sus en relación con los dos procesos penales en que fue condenado y en relación con otro proceso penal en averiguación por presunta falsedad ideológica en documento público. La JEP negó a Arana Sus la libertad.

Jorge Eliécer Anaya Hernández, gobernador de Sucre entre 2004 y 2007, fue el sucesor de Salvador Arana Sus. La Corte Suprema de Justicia condenó a Anaya Hernández en 2009 a 90 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado.

Concierto para delinquir es el delito en que incurren quienes acuerdan cometer delitos. Anaya Hernández también fue condenado a inhabilidad para ejercer funciones públicas por 90 meses y a pagar una multa de 9.166 salarios mínimos legales mensuales.

La imputación formulada por la Fiscalía contra Anaya Hernández se originó en declaraciones de Salvatore Mancuso y Edwar Cobos Téllez, dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según la sentencia: “Las conductas realizadas por el exgobernador ANAYA HERNÁNDEZ son una manifestación clara de su pertenencia y permanencia a las AUC, la cual no terminó con su elección, sino que se prolongó en el tiempo durante el ejercicio de su mandato”. De acuerdo con la Corte, Anaya Hernández nombró a miembros de las autodefensas como secretarios de Salud y de Hacienda: “Los grupos al margen de la ley adquirían el poder necesario para llegar a todas las regiones del departamento, con el nombramiento de maestros, la adjudicación de contratos y demás actividades propias del giro normal de la administración pública”.

Para la Fiscalía, Anaya Hernández nombró como secretario de Educación a Oswaldo Ayala Bertel, cuñado del comandante paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, y como secretario de Hacienda a Nelson Urzola Salcedo “para servir como testaferro para el cobro de comisiones a los contratistas.”

Jorge Carlos Barraza Farak, sucesor de Jorge Eliécer Anaya Hernández, fue gobernador de Sucre de 2008 a 2011. Barraza Farak no ha sido condenado por la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía lo acusó ante la Corte en 2020 por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La acusación se refiere a la firma de cuatro contratos para el suministro de textos escolares y material bibliográfico por valor total de 2.299.888.000 millones de pesos. El contratista fue seleccionado antes de la elaboración de los estudios previos, según la Fiscalía. Los contratos se firmaron con Los Tres Editores S. A. S., sin tener en cuenta la existencia de otras sociedades dedicadas a la comercialización de textos escolares, eludiendo así la licitación pública, observó la Fiscalía. La Procuraduría absolvió a Barraza Farak por los mismos hechos por los que se le acusa ante la Corte Suprema de Justicia.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

En los últimos 30 años, ningún gobernador de Antioquia fue condenado por corrupción. El único condenado penalmente fue Luis Alfredo Ramos Botero, que fue gobernador de 2008 a 2011. En abril de 2022 se confirmó en segunda instancia la condena que le impuso la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales. Se le aplicó una pena de 95 meses de prisión. Según la Corte Suprema de Justicia: “Ramos Botero se concertó con miembros de una asociación delictiva paramilitar, no solo para promover su existencia, sino para aprovecharse de los apoyos que en diverso sentido les servían a sus aspiraciones electorales al Senado de la República y a la Gobernación de Antioquia”.