Así como los colombianos no han podido escapar de los efectos que la inflación ha traído sobre los precios de los alimentos, los arriendos, los combustibles, las comidas fuera de casa, entre otros gastos, tampoco han logrado evadir las alzas que se han venido reportando en las facturas de servicios públicos como la electricidad, el gas natural, aseo, acueducto y alcantarillado, entre otros.
Un ejemplo claro de estas variaciones para el bolsillo de los colombianos es el costo de la energía eléctrica que reportó –como lo muestran las cifras del Dane– un aumento de 19,7 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2022. Algunas de las razones que han generado esta situación corresponden a las alzas represadas desde hace más de dos años, mayores costos de financiamiento para que los prestadores hagan sus inversiones (por ejemplo, líneas de transmisión energética) y el aumento de los costos operativos que
Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, recordó que desde 2022 se viene registrando una escalada mundial de precios que desencadenó una inflación global exacerbada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Como la economía colombiana no se puede desacoplar de lo que pasa en el plano global, señala, Colombia registra la mayor inflación (13,25 por ciento) de los últimos 24 años. “A lo anterior hay que añadir el incremento inusitado del salario mínimo, lo cual afecta los costos de las empresas”, señaló.
Para Acosta, sin embargo, es un hecho bastante significativo que las tarifas de los servicios públicos hayan aumentado por encima de la inflación total. “Uno de los factores que lo explican es el rezago tarifario que venían arrastrando las empresas de servicios públicos debido a las medidas que tomó el Gobierno nacional en la pandemia, en virtud de las cuales se congelaron o difirieron las alzas, represándolas, haciéndolas ahora efectivas”, explicó.
El mayor impacto de la inflación, según el exministro Acosta, ha sido en alimentos y en los servicios públicos. Pero especialmente, en energía. A esto han contribuido componentes de la tarifa de electricidad como el de restricciones. “Además de las pérdidas técnicas (8 por ciento, aproximadamente), también se vienen reconociendo las no técnicas (robo de energía)”, aseguró Acosta y resaltó que además en las tarifas ya se reflejan aumentos de costos operativos de las empresas prestadoras y el encarecimiento de la financiación de sus proyectos de infraestructura.
Incrementos más moderados
Buscar salidas a los altos precios de los servicios es, sin duda, uno de los grandes desafíos para las empresas prestadoras y el Gobierno. Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco (gremio que agrupa a las principales compañías del sector), resaltó que el verdadero negocio es que las tarifas no suban por encima de la inflación para que la gente pueda pagar. “Las empresas hacen economías de escala, tratan de buscar productividad. Estamos anticipándonos para lo que no queremos que se dé como un apagón”.
Y para lograr cambiar el curso de las cosas, explicó Sánchez, el Gobierno podría estudiar salidas como aliviar el flujo de caja de las empresas para así suavizar el impacto de las alzas. De igual forma, desde Andesco se proponen otras salidas como analizar la viabilidad de un fondo tarifario de estabilización que mitigue aumentos futuros, revisar los indexadores de las fórmulas tarifarias (hoy se usan el IPC y el Índice de Precios al Productor) y también otros componentes que asumen los usuarios como pérdidas y restricciones de energía eléctrica.
Por su parte, el superintendente delegado para Energía y Gas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Orlando Velandia, aseguró que el alza de las tarifas afecta en gran medida a los colombianos, no solo a los usuarios residenciales, sino a pequeñas y medianas industrias. “Desde la Superintendencia creemos que buscando el principio de eficiencia que está en la ley se pueden tener mejores precios para los servicios. Esto no se propone como una imposición –como mucha gente del sector indica–, sino como un análisis detallado de los componentes que hacen parte del costo unitario y así lograr ajustes a los mismos”, precisó Velandia.
A lo anterior, explicó, tiene que sumarse la suficiencia financiera de las empresas prestadoras y señales de inversión en el sector de los servicios públicos. “Debe apuntarse a lograr precios realmente eficientes con los que a los usuarios no se les carguen riesgos innecesarios, como, por ejemplo, el componente de la generación”, detalló Velandia.
A su vez, el presidente de Vanti, Rodolfo Anaya Abello, aseguró que, aunque el gas natural tuvo aumentos del orden del 25 por ciento durante el año pasado por cuenta de mayores costos de suministro y transporte (que se dan en dólares y se transmiten a los usuarios finales), en 2023 las condiciones están cambiando “porque los otros indexadores (el IPP) van por la mitad de lo que va el IPC. Este primer semestre se verán incrementos más moderados”.
Por su parte, Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), explicó que en la reducción de tarifas van a influir aspectos como la entrada en servicio de nueva infraestructura eléctrica (de transporte y generación) la cual se ha retrasado, en parte, por procesos como consultas previas y aprobaciones por parte de entidades del Gobierno. Finalmente, apuntó Ortega, “no puede dejarse de lado el tema de escasez y un riesgo del fenómeno de El Niño con probabilidad del 60 por ciento a hoy”. Finalmente, concluyó, la actual coyuntura tarifaria “no se puede resolver sin un subsidio temporal por parte del Gobierno”.