Con licencia para delinquir | San Andrés: gobernador recibía sobornos en un baño

Ronald Housni Jaller, gobernador de 2016 a 2018, fue condenado en 2019 por la Corte Suprema de Justicia a 15 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio y peculado por apropiación. Housni Jaller aceptó todos los cargos en la diligencia de acusación. El exgobernador recibió durante la campaña 1.200 millones de pesos de particulares a cambio de adjudicarles contratos oficiales. Se pactó un 10 por ciento de comisión para el funcionario en los contratos de construcción, reconstrucción y adecuación de colegios. El reo adjudicó un contrato de vigilancia por 2.000 millones de pesos a una sociedad cuyos dueños fueron socios de una empresa en que él fue gerente durante 16 años. Sin licitación firmó un contrato por 720 millones de pesos para realizar las fiestas patronales y otro por 770 millones de pesos para desarrollar una plataforma interactiva de indicadores de competitividad.

Con un amigo personal firmó un contrato de prestación de servicios por 1.000 millones de pesos para la realización de eventos. Luego autorizó una adición de 525 millones. Suscribió un contrato de telemedicina por 1.800 millones de pesos, con sobrecosto de 750 millones, pues se realizaron 723 consultas a razón de 1.737.000 pesos, cuando el costo normal era de 703.000 pesos por una consulta de telemedicina.

El contratista le envió 100 millones de pesos en efectivo con su asesor jurídico, que dejó la suma en un baño de la Gobernación para que la recogiera el gobernador. Otro contrato para celebración de eventos le costó 1.323 millones de pesos al departamento, sin que en el objeto del contrato se señalara cuáles eventos, talleres o seminarios se realizarían. El contrato, celebrado con la Fundación Fund Century, lo firmó una persona que ya no era el representante legal de la entidad. Luego se adicionó el contrato en 660 millones de pesos. El incremento patrimonial de Housni Jaller, derivado de la comisión de los distintos delitos, fue de 5.000 millones de pesos.

El empresario Ronald Housni Jaller nació en Barranquilla.

Antonio Manuel Stephens, gobernador entre 1995 y 1997, fue condenado en 2000 por la Corte Suprema de Justicia a 52 meses de prisión por peculado culposo e interés indebido en la celebración de contrato. El funcionario autorizó la inversión de 960 millones de pesos en títulos de capitalización, de los cuales finalmente se giraron 280 millones. La propuesta la hizo la cuñada del secretario de Hacienda departamental, que viajó desde Barranquilla, donde tenía su oficina, a San Andrés.

Meses después el gobernador visitó Barranquilla y canceló la inversión. Le entregaron un cheque por 230 millones de pesos. Manuel (su primer apellido) “se interesó de manera indebida, en celebrar dicho contrato, pretermitiendo los requisitos legales para hacerlo, sin acudir a un estudio previo de mercado”, concluyó la sentencia. Manuel afirmó que al recibir el cheque no cayó en cuenta que le habían devuelto menos de lo invertido. Para la Corte Suprema de Justicia hubo una “incuria elevada al máximo de ser cierto que guardó el cheque sin observar que estaba recibiendo casi cincuenta millones de pesos menos”.

En 2002 la Corte Suprema de Justicia condenó a Manuel a seis años de prisión por los delitos de interés ilícito en la celebración de contratos y prevaricato por acción. Manuel expidió varios decretos declarando la urgencia manifiesta para firmar sin licitación contratos de construcción de acueducto y alcantarillado y de recolección de basuras. Los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo eran deficientes de tiempo atrás, pero cuando se dictó la urgencia manifiesta no se presentó una calamidad, fuerza mayor o desastre que justificara obviar la contratación por licitación pública, señaló la sentencia. “Ninguna situación imprevisible, apremiante y excepcional surgió en ese momento en el departamento archipiélago”, indicó el fallo. Por eso, el gobernador incurrió en prevaricato por acción, que consiste en dar una orden manifiestamente contraria a la ley. Se creó una empresa de aseo llamada Trash Busters S. A. 11 días después de expedido el decreto de urgencia manifiesta. “Fue constituida únicamente para ser escogida”, según la sentencia.

El administrador de empresas Antonio Manuel Stephens nació en San Andrés en 1946.