La relevancia de la minería en Colombia se puede evaluar a través de distintos indicadores como el Producto Interno Bruto, las cuentas externas y los ingresos regionales. Solo entre 2010 y 2019 representó en promedio el 2,2 por ciento del PIB total; el 13,6 por ciento de las exportaciones de bienes y el 12,5 por ciento de la Inversión Extranjera Directa (IED); precisó Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo.

En las regiones es una fuente importante de ingresos de regalías. En 2021 y 2022 representó, en promedio, cerca del 15 por ciento de los ingresos de las entidades territoriales. Únicamente en 2022, los recursos asociados a la actividad minera fueron el 20,1 por ciento del total de las regalías, “lo que equivale aproximadamente al 4 por ciento de los ingresos totales de las entidades territoriales en ese año”, agregó Mejía.

Por eso, Mejía hizo énfasis en que “las empresas mineras son de gran importancia para las regiones debido a su contribución al PIB total de la economía”. De hecho, hay departamentos en los que el sector representa más de la mitad del PIB, como La Guajira (57,6 por ciento), Meta (55,4 por ciento), Cesar (53,8 por ciento) y Casanare (50,4 por ciento). A pesar de estas cifras, la directriz del presidente Gustavo Petro, de avanzar hacia la transición energética y dejar de depender de los ingresos minero energéticos para desarrollar otro tipo de economías, abrió nuevamente la discusión sobre el futuro de la minería en el país.

¿Qué pasa en las regiones?

En las regiones hay posiciones encontradas sobre cómo impulsar en el tiempo este proceso, si se tiene en cuenta la importancia de los recursos que deja la actividad minera en los departamentos, los empleos que genera (cerca de 253.000 puestos de trabajo, de acuerdo con las estadísticas reportadas en 2022 por la Agencia Nacional Minera) y la infraestructura social que se desarrolla alrededor de esta actividad.

El gobernador de Boyacá, y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Amaya, manifestó estar de acuerdo con avanzar hacia la transición energética, entendiendo que debe ser un proceso transitorio, que requiere de una planeación y de tiempo. “Los recursos de la renta carbonera deben servir para transitar hacia nuevas formas de producir”. Para el mandatario regional, los recursos del carbón pueden usarse para hacer distritos de riego, placas huella, comprar maquinaria verde, invertir en modernización tecnológica en el campo y “así tener una economía que sustituya la economía minera de hoy, pero esos procesos requieren tiempo”.

Amaya también reconoció que en Colombia hay departamentos profundamente mineros, como Boyacá, que sin el renglón de la minería sufrirían una catástrofe económica. “Son 37 municipios que viven directamente de la minería en nuestra región”, precisó. Por su parte, Jairo Aguilar, gobernador de La Guajira, donde opera una de las empresas mineras más grandes del país, Cerrejón –que emplea a 12.000 personas de manera directa–, coincidió con Amaya en qué cualquier proceso asociado a la transición energética debe contar con una planificación estratégica, que incluya al ente territorial, municipal y a las empresas que tienen presencia en la región, las cuales, aseguró, tienen el interés y la disposición de que este proceso se haga bien. “Que no nos pase lo de Prodeco en el Cesar, que un día apagaron y se fueron”.

Andrés Rendón, gobernador de Antioquia, es menos optimista frente a la posición del Gobierno nacional sobre la minería. “El centralismo asfixiante del Gobierno le abre las puertas a la explotación minera ilegal”, dijo el mandatario refiriéndose a lo que sucedió el 31 de diciembre de 2023. Ese día el departamento perdió la delegación minera, que desde 1990 venía cumpliendo con la titulación, fiscalización y formalización de la explotación minera en zonas como el Bajo Cauca, el nordeste y occidente del departamento.

“Nos niegan esa renovación, desconociendo la autonomía de las regiones, la riqueza de sus recursos naturales y su justa definición sobre la extracción de los mismos. Además, nos cierran las puertas a una minería responsable, amigable con el medioambiente, legal, mientras se las abren a la delincuencia y a la explotación ilegal e irrespetuosa, depredadora de nuestras condiciones naturales”, señaló Rendón.

En Chocó se entiende muy bien la preocupación del mandatario antioqueño, porque el departamento ha padecido el flagelo de la minería ilegal. De acuerdo con su gobernadora, Nubia Carolina Córdoba, “la normatividad del país ha limitado la posibilidad de que quienes históricamente han sabido cómo producir –se refiere a los mineros tradicionales y artesanales–, puedan hacerlo, lo que le ha abierto paso a la ilegalidad, que trae consigo violencia, actores armados y conflicto”.

Para Córdoba es fundamental que la pequeña minería, representada por la asociación de mineros artesanales y tradicionales, pueda tener mayor control sobre su territorio, “lo que se traduce en un mayor control sobre la productividad”. Entretanto, Juvenal Díaz, gobernador de Santander, considera que se debe seguir teniendo minería tradicional y formalizada, porque se necesita. “La minería no es solo el oro, el cobre, el níquel, es mucho más, por eso decimos sí a la minería, pero con tres líneas rojas: no a la minería en el páramo de Santurbán, no a la extracción ilícita de yacimientos mineros y no a los grupos armados manejando la minería”.

El mandatario resaltó que si no se permite la minería legal, lo que va a ocurrir es que la harán los ilegales, que no van a cuidar el medioambiente, afectarán los ecosistemas, generarán violencia y desplazamiento para controlar estas áreas.

En el departamento de Córdoba, una de las primeras medidas que tomó Erasmo Bechara tras asumir la gobernación fue crear la Secretaría de Minas. Su plan es trabajar con las empresas que operan en el territorio para garantizar un mayor impacto de la inversión social. “Por ejemplo, en San Jorge, una de las subregiones con mayor riqueza minero-energética del país, no existen sedes no del SENA, ni de universidades públicas para formar a la juventud de acuerdo a esa vocación productiva. Nosotros estamos dispuestos a formar a la gente en los colegios e incluso tener una sede de la Universidad de Córdoba, pero ellos deben garantizarles el empleo”.

La inversión no se detiene

Lo cierto es que la minería sigue siendo una actividad vital para el país. En 2022 el PIB minero fue de casi 12 billones de pesos, lo cual representó el 1,22 por ciento del PIB total, de acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Minería. Esto significó que la nación recibiera cerca de 6,8 billones de pesos por concepto de regalías, que se destinaron a financiar programas sociales, obras de infraestructura en salud, educación y vías.

De acuerdo con el Índice de Inversión Social Privada, desarrollado por la firma Jaime Arteaga y Asociados (JA&A), durante los últimos cinco años (2018-2022) el aporte del sector minero al desarrollo del país ha sido de más de 360.000 millones de pesos, a través de inversiones sociales voluntarias en al menos 175 municipios, que son “las inversiones de empresas y organizaciones que van más allá del mínimo requerido, cuyo retorno está en la sostenibilidad del mercado y el desarrollo de la sociedad”, destacaron desde JA&A.

Según Jaime Arteaga de Brigard, director general de la firma, de las inversiones de este tipo en el país, durante 2023 el sector minero energético aportó el 27 por ciento, más que cualquier otro sector de la economía colombiana.