Lisbeth Jimena Cuesta Tinjacá, de 12 años, debe cruzar de orilla a orilla el río Caño Blanco, en el oriente de Cundinamarca, para llegar al colegio. Una costumbre de cinco días a la semana, mañana y tarde, con sus compañeros del caserío Los Alpes y de las veredas San José del Palmar, La Serranía y Santa Isabel.
Es una zona en la que el río crece de tal manera con la lluvia que, al menos, la mitad de los cien estudiantes no llega a clase. Una realidad que se replica en otras zonas rurales del país, lejanas y desconectadas, donde la educación pública es la única opción y que sirve para explicar por qué aumentan las brechas sociales y educativas en Colombia.
Según la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, la desigualdad entre los colegios públicos y los privados en los resultados de las pruebas Saber 11, entre 2016 y 2020, fue del 234 por ciento, y entre las instituciones rurales y urbanas, de 173 por ciento. Cifras acentuadas por la pandemia del covid-19, que obligó al uso de la tecnología y muchos estudiantes no la tuvieron a mano.
El Ministro de Educación, Alejandro Gaviria, lanzó una voz de alerta en dos frentes principales: cierre de brechas e inversión. La lista de pendientes es larga: calidad, cobertura, oferta de educación media, jornada única, conectividad, infraestructura educativa, formación docente, condiciones laborales del maestro rural, bienestar escolar, acceso a servicios públicos...
Muchas tareas urgentes en un país al que le falta aún equilibrar cobertura, calidad y eficiencia, especialmente, en lugares donde hasta la naturaleza es adversa.