Una década después del asesinato de cinco jóvenes de Soacha, un juez condenó a 39 años de prisión a Pedro Antonio Gámez por su participación en los homicidios que, se demostró ante la justicia, constituyeron casos de falsos positivos. Gámez fue sentenciado por la muerte y la desaparición forzada de Jaime Estiven Valencia Sanabria (16 años), Jhonatan Orlando Soto Bermúdez (17 años), Daniel Alexander Martínez (21 años), Diego Armando Marín Giraldo (21 años) y Julio César Mesa Vargas (21 años).

La función de Gámez dentro del macabro esquema que se conformó para ejecutar los falsos positivos era escoger a los jóvenes que harían pasar por guerrilleros después de llevarlos engañados de Bogotá a Ocaña. Una actividad que llevaba a cabo junto a Alexánder Carretero, quien ya fue condenado. En Norte de Santander, los jóvenes eran disfrazados con camuflados, torturados, asesinados y finalmente desaparecidos. El Batallón contraguerrilla 96 del Ejército Nacional reportaba las muertes como producto de enfrentamiento con las guerrillas para obtener felicitaciones, permisos y dinero. Gámez, aunque era civil, recibía 1 millón de pesos por cada hombre.

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La Fiscalía encontró que ninguno de los jóvenes había pertenecido a un grupo armado, a una bacrim o que tuvieran vínculos con el crimen. Eran muchachos de escasos recursos que finalmente fueron reconocidos en Medicina Legal, entre otras cosas, por sus tatuajes, marcas en el cuerpo y pruebas dactilares y odontológicas.

La condena se dio tras un preacuerdo de Gámez con la Fiscalía. A cambio de una rebaja de su pena, el acusado se comprometió a colaborar a decir la verdad en los casos donde tuvo participación directa y otros de los cuales tuviera conocimiento. La pena que en un inicio era de 59 años quedó en 39, con una sanción económica de 1.333 salarios mínimos.

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María Ubilerma Sanabria, madre de Jaime Valencia, asesinado cuando tenía 16 años, le dijo a SEMANA que esta condena es un alivio porque muchas madres aún no saben si sus hijos están muertos, otras no saben del cuerpo y otras muchas muertes siguen en la impunidad. “Pero esos 39 años de cárcel no me van a devolver a mi hijo. Lo único que quiero es que todo el mundo sepa que esto pasó porque no puede volver a ocurrir”.

María Ubilerma Sanabria, madre de Esteven Valencia Sanabria. Foto: Cortesía El Espectador/2016.

María, quien fue la única de las cinco madres que pudo asistir a la audiencia, también dijo que le preocupa la tardanza en la justicia y las amenazas que han recibido mujeres que como ella han tenido el valor de enfrentar al Ejército. Es frecuente que personas en moto las aborden y las amenacen. Además, María cuestiona la actitud de los victimarios. En este caso, durante la audiencia en teleconferencia y mientras le leían los cargos, Gámez estuvo comiendo, tomando agua y mirándose las uñas o los brazos. Y según relata la madre de la víctima, en otras oportunidades cuando le preguntaron por qué lo hizo, respondió "porque necesitaba plata".

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La Asociación Minga, que ha acompañado a las madres de las víctimas junto a otras corporaciones como el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, también manifiesta algunas preocupaciones. La primera es que la justicia se ha tardado demasiado tiempo en resolver los crímenes. Pero además cuestiona en este caso en particular que Gámez se encuentre recluido en el Batallón del Ejército -Cantón militar Nápoles en la ciudad de Cali, cuando es un civil y además no tiene derecho a ningún privilegio por la gravedad de sus delitos, considerados de lesa humanidad contra dos menores de edad. Por otro lado, temen que al igual que Alexander Carretero, Gámez se retracte del acuerdo. Pero la mayor preocupación es que los reclutadores de jóvenes, así como los militares que participaron en estas atrocidades estén buscando pasar por la JEP, cuando, dicen en Minga, sus crímente no están vinculados al conflicto.

Esta petición ya la hizo el coronel en retiro del Ejército Nacional Gabriel de Jesús Rincón Amado, condenado a 46 años de prisión por estos cinco asesinatos de los 19 que se presentaron en Soacha. Habrá que ver qué responden en la justicia transicional ante estas peticiones. Mientras tanto, esta condena aporta algo de justicia a las familias que fueron víctimas de los falsos positivos.