Después de recorrer por las zonas afectadas por los derramamientos de petróleo perpetrados por las FARC en Putumayo, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, calificó los hechos como “actos deliberados hacia la población civil para atentar contra sus fuentes de agua”. Según el funcionario, este tipo de ataques “merecen una denuncia internacional, porque hay un ecocidio y la destrucción del medio ambiente de manera global, con efectos sobre fuentes de agua que tienen impacto sobre todo el planeta. Esto es un delito mundial”. Pinzón aseguró que las operaciones de las Fuerzas Armadas se intensificarán en esta región del suroccidente del país. “En cualquier lugar en donde la gente sea afectada y el terrorismo se meta con la gente, también se está metiendo con las Fuerzas Armadas”, aseveró y agregó que “estos terroristas no pueden hacer lo que les parece. Esto es inaceptable”. Igualmente, resaltó los resultados de las distinas operaciones militares en la región. “Hace menos de un mes fue abatido ‘Camilo Jaramillo’, segundo cabecilla del frente 32 de las FARC, y fue capturado uno de los explosivistas del Frente 48 de esa guerrilla”, informó. “Las caravanas de vehículos de transporte y carga se aseguran teniendo en cuenta que, en promedio, cerca de 500 tractomulas se movilizan al día por las vías del Putumayo y sólo unas pocas se afectan, típicamente aquellas que no acogen las medidas de seguridad de la fuerza pública”, dijo. Refuerzos Tras la ola de ataques por parte de las FARC, el Ministerio de Defensa anunció el envío de unidades especiales de las Fuerzas Militares, vehículos blindados para las acciones en carretera y equipos de guerra e inteligencia. Pinzón aseguró que en los próximos días se realizará un consejo de ministros durante el cual se tomarán acciones en temas como salud, educación, transporte, inversión social y medio ambiente. “Se tomará control adicional de la zona del río San Miguel, en la frontera con Ecuador, y llegarán dos unidades de infantería de Marina”, aseguró el funcionario luego de denuncias por parte de las autoridades locales sobre insurgentes que perpetrarían acciones criminales en Putumayo para luego resguardarse en territorio ecuatoriano. Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación dispondrá de un fiscal antiterrorismo con su unidad de investigación de Policía Judicial en el municipio de Puerto Asís, uno de los más afectados por los ataques, con el fin de agilizar la judicialización de los delincuentes, dijo el ministro. Por último, Pinzón culpó a las FARC de la situación actual del departamento: “Esto, alrededor del mundo, sería un escándalo”, dijo en referencia a la afectación sufrida por la población y el medio ambiente en los últimos meses tras los derramamientos de crudo. Protesta social El secretario de Gobierno de Puerto Asís, Jaime Silva, manifiesta que tanto las autoridades como los habitantes están “muy atentos de la gestión del ministro Pinzón. Sin lugar a duda, el (Ministerio) que debe estar en el territorio es el de Ambiente”. Por otro lado, miembros provenientes de 13 veredas de Puerto Asís bloquean el corredor Puerto Vega-Teteyé, a pesar de las intervenciones del Esmad, el Ejército Nacional y la llegada de los ministerios el pasado viernes para tratar diferentes temas de interés departamental. “Algunas comunidades están en el corregimiento de la Carmelita bloqueando el puente sobre el río Cohembí, que se encuentra semidestruido e inhabilitado para el paso vehicular”, señala el secretario sobre la manifestación que tiene lugar desde el pasado 10 de julio. Los puntos para los que la comunidad exige solución son la revocatoria de la licencia 0551, que amplía el tiempo de operación de la empresa petrolera Vetra en la región. También exigen detener las fumigaciones y revisar con el Gobierno Nacional los acuerdos pactados que alegan fueron incumplidos tras movilizaciones ciudadanas pasadas. Los pobladores, además, buscan un espacio para discutir la situación de Derechos Humanos en la región. “En la vereda Campo Alegre (Puerto Asís), 95 familias se están desplazando por temor a nuevas incursiones de la guerrilla contra la fuerza pública”, asegura el secretario de Gobierno, con respecto a las amenazas que las FARC habrían perpetrado contra esa comunidad y en las que ordenan desocupar los centros poblados. Actualmente, hay 12 veredas sin servicio eléctrico, mientras que en las comunidades alejadas de la cabecera municipal, el servicio de alcantarillado siempre ha estado ausente, explica Silva; por ello, la empresa Vetra, en acompañamiento con la Defensoría del Pueblo, transporta agua a dichas localidades. “La empresa de luz y alcantarillado ya advirtió que en uno o dos días se afectará la cabecera urbana por contaminación del río Guamuez”, luego de los ataques contra las tractomulas que transportan crudo y que han generado el derramamiento de este contenido a caños y quebradas. El periodista Germán Arenas colaboró con la realización de este artículo.