Para que más de 3 millones de hogares reciban ingresos por encima de la línea de pobreza para combatir el hambre, alcanzar progresivamente autonomía económica y acceder al goce de derechos fundamentales, el Gobierno nacional aprobó un programa de transición hacia la renta ciudadana que garantice un ingreso de hasta 500 mil pesos mensuales a hogares en situación de pobreza extrema.
Dicho programa tiene cubrimiento nacional, pero se asignarán mayores montos a los hogares ubicados en 466 municipios de Colombia con prevalencia alta y muy alta de desnutrición infantil, identificados dentro de los mapas de hambre que fueron elaborados por el Gobierno nacional.
Es decir, son municipios con mayor índice de pobreza multidimensional y municipios PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) y privilegiará a madres cabeza de hogar con niños y niñas menores de 6 años.
A partir de cuándo
Cielo Rusinque, directora general de Prosperidad Social, explicó que “se trata de una apuesta no asistencialista de beneficios para la población que más lo necesita y que se encuentra en estado de vulnerabilidad y de extrema pobreza”.
Agregó que “el espíritu de la Renta Ciudadana es ser un sistema que permita dignificar este tipo de beneficios y de ayudas, en la medida en que se trata de ingresos que están por encima de la línea de pobreza, algo que no se había hecho históricamente”.
El primer pago se realizará en abril de 2023. De ahí en adelante, los pagos se harán cada dos meses en el marco de la operación actual. Esto significa que una familia puede recibir hasta 1 millón de pesos en el momento del pago.
También explicaron que la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Colombia Potencia Mundial de la Vida” es “construir un sistema de transferencias, que esté dirigido por Prosperidad Social; que tenga una renta ciudadana y una renta en especie”.
En al sentido, la transferencia monetaria o renta ciudadana consistirá en la entrega de transferencias monetarias a los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica, con la finalidad de aportar a la superación de la pobreza y promover la movilidad social.
La base
De acuerdo con el Gobierno, el programa de transición usará la base de hogares inscritos en las convocatorias hechas por Prosperidad Social para programas condicionados en 2021 y 2022 y las familias indígenas que hasta diciembre de 2022 recibían transferencias monetarias condicionadas:
- Son 2,9 millones de hogares Sisbén IV y alrededor de 113.000 hogares de comunidades indígenas. De estos hogares, más de 1,6 millones están clasificados en los grupos equivalentes a situación de pobreza extrema y alrededor de 1,2 millones de hogares en pobreza moderada.
- Así mismo, para definir los montos de la transferencia a los hogares, la entidad tendrá en cuenta la clasificación dada por la encuesta Sisbén IV, la conformación familiar, la población indígena, las víctimas de desplazamiento forzado (inscritas con Sisbén IV) y la ubicación territorial de las familias.
Los hogares deberán cumplir con compromisos de garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la asistencia a servicios de salud y educación, que serán verificados. Se realizarán actividades de acompañamiento a los hogares, haciendo énfasis en los objetivos de la renta ciudadana.