El presidente Gustavo Petro lleva poco más de un año y medio en el poder, y durante este tiempo ha suscitado varias controversias por diferentes proyectos, en su mayoría con componentes sociales, que buscarían sacar a millones de colombianos de la pobreza y que también atacarían un problema creciente en el país: el de la inseguridad.
La primera controversia fue generada por la implementación de la Ley de Paz Total, o la Ley 418 de la Paz Total, que otorga facultades al presidente de la República y al alto comisionado para la Paz, para adelantar las negociaciones con grupos armados ilegales.
Para algunos sectores políticos, dicha norma devolvió las oportunidades para que los criminales y actores armados del país puedan fortalecerse, pues los resultados de su implementación han sido poco efectivos y los colombianos han visto un recrudecimiento de la violencia en zonas rurales y urbanas en el país.
Un segundo proyecto que adelantó el Gobierno y con el que buscaría favorecer a los jóvenes en el conflicto armado, también causó polémica, pues este otorgaría un subsidio monetario para que los jóvenes que hagan parte de estructuras criminales las abandonen dejen de matar, robar y cometer otros delitos.
¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa ‘Jóvenes en paz’?
Durante la mañana del pasado jueves 11 de enero, el Ministerio de la Igualdad, dirigido por la vicepresidente Francia Márquez, publicó el manual operativo del programa mencionado. El archivo cuenta con más de 200 páginas y establece cuál será la ruta de implementación progresiva de este beneficio.
Establece que al programa se podrán vincular los jóvenes entre 14 y 28 de años, que cuenten con documento de identidad expedido por autoridad colombiana. De acuerdo con los criterios de focalización del Departamento Nacional de Planeación, estas son las condiciones para aplicar:
- Estar en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios.
- Tener residencia habitual en zonas rurales. 3. Ser, haber sido o tener riesgo de ser víctimas de explotación sexual.
- Estar o tener riesgo de estar vinculado o vinculada a dinámicas de criminalidad, violencia o reclutamiento forzado.
- Estar en vulnerabilidad por tener residencia habitual en territorios afectados por la violencia o el conflicto armado.
El documento además precisa que la transferencia monetaria condicionada será entregada por un tiempo máximo de 12 meses a los beneficiarios del programa, que cumplan con los criterios de vinculación y cumplimiento de los componentes de educación y corresponsabilidad.
Además, garantizarán una ruta de atención integral por un periodo inicial de 6 meses, que podría prorrogarse hasta por 18 meses. Esta les permitirá abandonar los ciclos de violencia en comunidades vulnerables y así desvincularse poco a poco de dinámicas criminales.
Durante el programa, los jóvenes que apliquen además deberán vincularse a una oferta educativa, y también adelantar algunas tareas de trabajo comunitario. También recibirán acompañamiento y apoyo en temas como la salud mental, acompañamiento psicosocial, además de temas como la educación y el mundo laboral.
Quienes enfrenten procesos penales también recibirán un acompañamiento socio jurídico, en donde promoverán la comprensión de consecuencias legales por sus actos, además de la responsabilidad por el daño causado, la reparación de forma directa o simbólica a las víctimas, además del fortalecimiento de un tejido social afectado por la comisión de un delito u ofensa.
Las transferencias monetarias de ‘Jóvenes en paz’ estarán condicionadas
La cartera de la Igualdad precisa que las transferencias monetarias estarán condicionadas y solo serán giradas a quienes cumplan con el plan de formación educativa y las acciones de corresponsabilidad y trabajo comunitario en su territorio. Dicha suma transferida solo tendrá un plazo de un año y será de hasta 1 millón de pesos.