Para este martes, 12 de marzo, 8.000 bolívares equivalen a 8.64 pesos colombianos. Es clave mencionar que, al multiplicar el valor de un bolívar venezolano (0,00108) por 8.000, el resultado es el anterior.

Entre tanto, los precios retrocedieron 0,5 % en Venezuela en febrero, estimó el pasado 6 de marzo, el privado Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), referencia ante la escasez de estadísticas oficiales.

Es la primera vez en años que se registra un mes de caída de precios en Venezuela, país que pasó por un largo ciclo hiperinflacionario que pulverizó el poder adquisitivo de los salarios en medio de una aguda crisis económica. El OVF alerta sobre una “caída del consumo” como una de las principales causas del fenómeno.

La inflación a 12 meses, sin embargo, continúa siendo una de las más altas del mundo: 85 %.

La economía venezolana atraviesa un complejo momento. | Foto: Getty Images

“En el rubro (de) alimentos, que es el que tiene mayor ponderación en el índice, se observaron algunas rebajas y ofertas en algunos bienes de consumo como expresión de la debilidad de la demanda y la caída del consumo”, explicó el OVF en un comunicado.

Los precios de los alimentos en particular bajaron 3,1 %.

Fue clave para este resultado la apreciación puntual de la moneda local con respecto al dólar, con un tipo de cambio que pasó de 38,42 a 37,96 bolívares por dólar en un mercado con “mayores” inyecciones de divisas por parte del Banco Central de Venezuela (BCV) y, sobre todo, “menor emisión de dinero”, agregó el OVF.

Una menor emisión monetaria libera presiones sobre los precios de la economía.

Las estadísticas históricas de inflación por mes publicadas en la web del BCV llegan hasta 2007.

Las cifras oficiales de variación de precios en el área metropolitana de Caracas abarcan mayor tiempo, con marzo de 2007 (-0,7 %), febrero de 2006 (-0,4 %) y febrero (-1,9 %) y marzo (-0,1 %) de 1988 como los últimos antecedentes de caídas.

La inflación en Venezuela ha sido crónica en las últimas décadas, aunque ha retrocedido tras la decisión de flexibilizar férreos controles económicos y monetarios que marcaron las más de dos décadas de gobiernos del chavismo.

Se ubicó en 189,8 % en 2023 después de alcanzar 234 % en 2022 y 686 % en 2021, cuando el país dejó atrás cuatro años consecutivos de hiperinflación, según el BCV.

La inflación a 12 meses, sin embargo, continúa siendo una de las más altas del mundo: 85 %. | Foto: ESTEBAN VEGA - SEMANA

Por otra parte, los trabajadores petroleros de Venezuela exigieron el pasado lunes, 4 de marzo, ser incluidos en una inminente subasta de acciones de la refinadora Citgo, filial de la estatal venezolana PDVSA en Estados Unidos, según un comunicado de la dirigencia sindical.

“El presidente del Sindicato de Trabajadores Petroleros (Sintrapetrol), Juan Ramírez, exigió a la justicia de Estados Unidos incluir a los empleados venezolanos en el proceso de liquidación”, indica el texto.

“La liquidación de Citgo prioriza a los acreedores y no a los trabajadores”, agrega.

Estados Unidos extendió hasta mediados de abril una licencia que impide que tenedores de bonos de PDVSA tomen el control del 50,1 % de las acciones de Citgo.

Esos bonos fueron emitidos en 2016 por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que Washington le quitó la administración de la compañía para entregarla a la oposición venezolana en 2019 tras cuestionar la reelección del mandatario un año antes, considerándola “un fraude”.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. | Foto: 2023 Getty Images

La licencia, sin embargo, no frena el proceso de subasta, autorizado por una corte ante demandas de acreedores por expropiaciones y deudas que superan los 20.000 millones de dólares. Se prevé que la liquidación, que tanto el Gobierno como la oposición venezolana rechazan, puede tener lugar en los próximos meses.

El sindicato de petroleros llamó a “la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos y a todos los sectores de la sociedad venezolana a unirse a las demandas de los trabajadores”.

Sintrapetrol exigió la revisión de la orden judicial que autoriza la subasta y que “se establezca una prioridad justa que incluya a los trabajadores despedidos, quienes han sido víctimas de un sistema que constantemente les ha fallado”.

*Con información de AFP.