Cada vez hay más motos en Colombia, así lo revela el más reciente informe del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) en el que se evidencia que actualmente hay rodando más de 17 millones de vehículos por las calles y carreteras del país, de los cuales el 60 % son motocicletas.
Más de 10,1 millones de motos están registradas en este momento ante el Runt y según un informe de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), en febrero de este año se vendieron más de 74.000 motos. Si se suma esta cifra con la alcanzada en enero, se evidencia que en los dos primeros meses de este año empezaron a rodar 137.344 motocicletas nuevas.
Oliverio García, presidente de Andemos, aseguró que este tipo de transporte está ganando auge por factores como los trancones, la falta de movilidad y la economía, tanto en materia de impuestos como en combustible.
“Las motos se convirtieron en el modo de transporte preferido por los colombianos por la necesidad de las personas por encontrar un medio de transporte económico y rápido. Importante perfilar la política pública para incentivar más la demanda y uso de motos eléctricas”, dijo García.
Así mismo, de acuerdo con el Comité de Motocicletas de la Andi, las motocicletas son “aliadas del desarrollo en el país” y resaltaron que uno de cada seis colombianos usa este tipo de vehículo para transportarse, realizando en total más de 50 millones de viajes diarios.
“La motocicleta es un instrumento de trabajo netamente popular utilizado para actividades de mensajería, repartición de correo y periódicos, domicilios y otros oficios de importancia para la vida diaria, con los cuales estos motociclistas sostienen a sus familias”, indicó la Andi.
¿Cobro de peajes o más impuestos para las motos?
Hasta el momento el Gobierno nacional ha descartado que se empiece a cobrar peajes a las motos y el año pasado se hundió en el Congreso la propuesta para hacerlo que estaba incluida en la fallida reforma tributaria. No obstante, muchos sectores piden que esta iniciativa no se reviva en el próximo periodo legislativo.
Sin embargo, de las mayores deudas de las autoridades de movilidad en el país es la de fortalecer la prevención de accidentes entre motociclistas. Según datos de Fasecolda, el año pasado se registraron más de 700 mil víctimas de accidentes y en el 87% de casos estuvo involucrada una moto.
Estimaciones de la Federación de Aseguradores de Colombia, solo con cargo al Soat las víctimas de tránsito le costaron al sistema 1.9 billones de pesos. En la mayoría de los accidentes, las víctimas son menores de 35 años, jóvenes que están en plena etapa productiva y mueven de manera importante nuestra economía.
Frente al tema de siniestralidad, Miguel Gómez, presidente de Fasecolda, aseguró que “todos, Gobierno, asociaciones de motociclistas, ensambladoras, gremios, conductores y, por supuesto, los ciudadanos, necesitamos ser conscientes. El punto de partida es indiscutible: necesitamos una regulación integral”.
Así mismo, la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi enfatizó en que la mayoría de usuarios de motocicletas en el país son personas de estratos 1, 2 y 3; razón por la cual, imponerles un cobro de este tipo o aumentar el rango de impuestos afectaría su economía, ya que muchos lo utilizan como medio de trabajo para conseguir un sustento.
La estafa al Soat descubierta por la Contraloría
De acuerdo con cifras reveladas a finales del año pasado por la Contraloría General de la República, la mayoría de los fraudes al Soat se realizan con pólizas de motos. Esta autoridad detectó que entre enero de 2018 y mayo de 2021, el Estado financió más de 314.000 accidentes, por un valor de 2,3 billones de pesos, encontrando que varios de estos eventos son falsos y que hay casos en los que aparecen personas fallecidas haciendo cobros.
En los libros de la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) están relacionadas reclamaciones “perversas”, según las llamó el contralor general Felipe Córdoba, por atención en accidentes de tránsito sin que exista una póliza del Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) que respalde el costo. Eso implica un alto impacto en los recursos públicos, de donde sale la plata para financiar los fraudes que son cometidos por supuestas víctimas de accidentes.
La lupa sobre el tema está puesta y ya se detectó que hay ocho IPS (hospitales o clínicas) que concentran las reclamaciones y están ubicadas en los departamentos de Cauca, Atlántico, Córdoba, Magdalena y Cesar. “Esas regiones concentran 44 % de los giros”, sostuvo el funcionario, durante su intervención en el Congreso del sector asegurador que se realiza en Bogotá, organizado por Fasecolda, gremio de aseguradoras.