La semana pasada se instaló en Colombia el nuevo Congreso de la República para el periodo legislativo entre 2022 y 2026. Asimismo, entró en vigencia el llamado impuesto por valorización.

Mediante el Decreto 1255, el gobierno saliente del presidente Iván Duque aprobó este tributo en el país, el cual se venía promoviendo desde hace varios años, y fue impulsado durante el mandato de Juan Manuel Santos.

El impuesto por valorización lo pagarán inicialmente las personas que sean dueñas de viviendas y predios cercanos a proyectos de infraestructura que busquen el desarrollo de las diferentes regiones del territorio nacional.

“La Contribución Nacional de Valorización es un gravamen al beneficio adquirido por las propiedades inmuebles, que se establece como un mecanismo de recuperación de los costos y participación de los beneficios generados por obras de interés público”, precisa el texto.

Luego, añade: “Son sujetos pasivos de la contribución, el propietario de los bienes inmuebles que se beneficien con el proyecto de infraestructura. Responderán solidariamente por el pago de la contribución el propietario y el poseedor del predio”.

El texto, de igual manera, señala que este nuevo tributo será nacional y operará de forma distinta a los demás impuestos de valorización, puesto que el pago no lo recibirán las regiones, sino el Tesoro Nacional.

De acuerdo con el decreto, el valor a consignar se calculará con base en la distancia, el acceso al proyecto y el precio que tienen los terrenos actualmente. Además, se tendrá en cuenta el cambio del uso de bienes, la topografía y la calidad del aire.

“La zona de influencia será determinada por la entidad pública del orden nacional responsable del proyecto de infraestructura, y corresponderá a criterios puramente técnicos que serán reglamentados por el Gobierno nacional”, enfatiza el documento.

Cabe mencionar que este impuesto se mantendría durante el gobierno de Gustavo Petro, quien espera que antes de que se termine el presente año el congreso apruebe su reforma tributaria.

Cárcel para los evasores

Recientemente, el tema tributario estuvo en el ojo del huracán en Colombia, luego de que el director entrante de la Dian, Luis Carlos Reyes, manifestara que se deben acabar prácticas de evasiones onerosas para el Estado y dar paso a una cultura de transparencia.

“La cárcel es una herramienta necesaria para casos graves de evasión”, precisó el economista, quien ha expuesto un discurso encaminado a implementar una cultura tributaria de la transparencia, en un contexto en el cual, la evasión de impuestos se lleva entre 6 y 8 % del PIB.

Posteriormente, agregó: “Eso equivale a 6 y 8 reformas tributarias de las que se han hecho en el país, con las cuales se obtiene 1 o 1,5 % del PIB como máximo”. Por ello, el foco principal para lograr el recaudo adicional que se ha propuesto el gobierno del presidente Petro está en el ataque a la evasión.

El nuevo director de la entidad se refirió finalmente a casos en los que un contribuyente sale un domingo a un almuerzo familiar y termina cargando la cuenta del restaurante a una empresa, cuando en realidad se trata de un gasto de consumo de una persona natural. “Esas prácticas se tienen que acabar”, concluyó.