En las varias oportunidades que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha salido a presentar y sustentar la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, reitera que la propuesta busca gravar con más impuestos a las personas naturales con mayores ingresos y, principalmente, quitar beneficios tributarios que se han mantenido por años, sin que tengan ningún efecto en la equidad o en la redistribución de la riqueza.
En ese sentido, durante la primera salida al ruedo del gobierno con el proyecto de ley, el ministro enfatizó en que solo se gravan los salarios superiores a 11,4 millones de pesos mensuales y las pensiones de más de 13,5 millones de pesos por mes.
No obstante, habría un cambio sustancial alrededor de los salarios de los altos ejecutivos, según expuso Ocampo, y es que, todo lo que hasta ahora se pagaba en especies y no quedaba gravado como ingreso, ahora empezaría a tener un tratamiento con fines tributarios a la hora de presentar la declaración de renta.
“Con el fin de reducir la elusión fiscal (el que paga impuesto, pero no completo), todos los ingresos en especie deben ser reconocidos a favor del beneficiario”, expresó el ministro. La norma se refiere entonces a la educación de los hijos, las acciones de clubes, las comidas (no de negocios), explicó el director de la Dian, Luis Carlos Reyes.
Implicará entonces que, en algunos casos, esos ingresos que no tributaban podrían ser ‘las 4 onzas que faltan’ para que un contribuyente pueda llegar a tener una tarifa mayor en el impuesto de renta o quedar incluido como candidato para el impuesto al patrimonio.
Beneficios a veces terminan siendo trochas de evasión
Para mostrar la dimensión de lo que estarían quitando con la medida incluida en la reforma, hay que recordar que, en el Estatuto Tributario vigente, se contemplan deducciones que son aceptadas fiscalmente siempre y cuando se encuentren debidamente soportadas.
Entre estas se incluyen los pagos destinados a programas de becas de estudios totales o parciales y de créditos condonables para educación, establecidos por las personas jurídicas en beneficio de sus empleados o de los miembros del núcleo familiar del trabajador.
Es decir, se trata de pagos indirectos hechos al trabajador, lo que llevó a incrementar pagos salariales en especies, a manera de prebendas, que en realidad servían para que el pagador bajara su carga tributaria.
Muchos empleadores entonces empezaron a cubrir salarios con bonos de sodexo, afectando enormemente el ingreso del trabajador, el cual, a su vez, tenía un ingreso no gravado, pese a ser de ese grupo de privilegiados (los ejecutivos) que reciben fuertes sumas como apoyo a alimentación, educación de los hijos, entre otros.
No en vano, según sostuvo en la presentación del Congreso de la República el director de la Dian, la evasión en Colombia representa una fuga de recursos fiscales por el orden entre 40 y 80 billones de pesos, es decir, de cuatro a ocho reformas como las que ha aprobado el país en los últimos años.
Si a ello se le suma que, en 2021, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, los beneficios tributarios otorgados restaron 92 billones de pesos a la bolsa de recursos públicos, implica que la reforma que se está presentando está en el camino indicado y así lo aceptaron varios congresistas que participaron en la primera jornada en la que se dio a conocer oficialmente el proyecto del gobierno.
En el impuesto de renta, la mayor parte de beneficios tributarios se fueron en las personas jurídicas (empresas). El costo fiscal para este segmento fue de 16 billones de pesos, equivalentes al 69,2 % del total, mientras que para beneficio de personas naturales la cifra fue de siete billones de pesos.
Ahora, todos serán llamados a pagar más impuestos.